El Gobierno vasco corrige los estatutos de Lanbide para que pueda actuar con “prestaciones de la Seguridad Social”
El miércoles a primerísima hora de la mañana, el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publicó una “corrección de errores” y modificó algunos puntos de los estatutos de Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, que habían sido aprobados el 29 de abril con un decreto del vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres. Al margen de algunos formalismos y erratas, la nueva redacción incorporaba a las funciones del director general del ente, Francisco Pedraza, la de “resolver los procedimientos relativos a prestaciones del sistema de Seguridad Social”.
La publicación se produjo a las horas de que, la noche anterior, el lehendakari, Imanol Pradales, anunciara desde La Moncloa que los Gobiernos central y vasco habían alcanzado un acuerdo para iniciar el traspaso a Euskadi de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. La vasca será la primera comunidad autónoma en poder disponer de esas competencias, acotadas en todo caso al mantenimiento de la 'caja única' para el conjunto de España y de la solidaridad interterritorial. El Estado mantendrá la capacidad de legislación y regulación, así como de la fijación de las cuantías
La transferencia será escalonada y el acuerdo de Pradales tras su reunión con Pedro Sánchez en solitario primero y luego con sus respectivos equipos hará que arranque con cuatro prestaciones no contributivas (no pensiones, de momento) y la simbólica gestión del seguro escolar, que será la primera vez que un Gobierno autonómico releve de sus funciones a la Tesorería General de la Seguridad Social. Para más adelante quedarían las pensiones (las contributivas y las que no lo son) y también el SEPE (con las prestaciones de paro y los subsidios). Lo primero atañe a la parte socialista del gabinete de Sánchez y lo segundo a la de Sumar, a la que el PNV ha acusado de ser más reacia a un acuerdo e incluso de “centralista”.
Fuentes de Lanbide indican que es una “coincidencia” que esta corrección de errores llegara justo después del acuerdo. “Es una subsanación que no tiene nada que ver con el contexto de las transferencias”, apuntan desde el equipo del vicelehendakari Torres.
Señala el propio texto publicado en el BOPV que la normativa permite que “los meros errores u omisiones en el texto remitido para su publicación que se infieran claramente del contexto y no constituyan modificación o alteración del sentido de los documentos, pero cuya rectificación se juzgue conveniente para evitar posibles confusiones, se corregirán” sin volver a tramitar la norma, sea ley o decreto, como sería preceptivo. El Gobierno ha entendido que a modificar una errata en la versión en euskera de la denominación de Lanbide o quitar una “a” en un artículo en castellano se le podía añadir sin problemas que entre las funciones de la dirección general estará también, a partir de ahora, “resolver los procedimientos relativos a prestaciones del sistema de Seguridad Social”.
La transferencia de la Seguridad Social, la gran materia pendiente del Estatuto de 1979, fue exigida para 2025 dentro del acuerdo del PNV con Sánchez para la investidura de 2023. Sin embargo, su gestión efectiva recaerá en la parte del PSE-EE del bipartito vasco, en concreto en la cartera de Economía, Trabajo y Empleo de Torres. De hecho, Elena Pérez Barredo es viceconsejera de Trabajo “y Seguridad Social”. En realidad, ya lo es nominalmente desde 2021 y antes también fue directora de Trabajo “y Seguridad Social” desde 2016, un cargo ahora ocupado por Mariví Portugal.
Cuando se complete la transferencia de la gestión de la Seguridad Social, además, se completarán las atribuciones de la Inspección de Trabajo. En 2011 se transfirió a Euskadi la competencia de las políticas activas de empleo, las que precisamente posibilitaron la creación de Lanbide, y se cedió una parte de la Inspección de Trabajo. Ahora mismo cohabitan inspectores autonómicos y estatales y, de hecho, en los informes aparecen ambos escudos en el encabezado.
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