Josu Erkoreka, vicelehendakari: “El IMV abre una puerta hasta ahora cerrada con cien llaves: la Seguridad Social”

Josu Erkoreka Gervasio (Bermeo, 1960) es, desde hace una década, la mano derecha del lehendakari, Iñigo Urkullu, en las dos primeras legislaturas fue el consejero-portavoz y, en esta tercera, ejerce de vicelehendakari primero y de consejero de Seguridad. En la mesa de su despacho, decorado con la ikurriña y con la bandera de la Ertzaintza, tiene algunos periódicos del día doblados por la mitad. La figurita de un ertzaina con 'txapela' roja adorna la estancia, que no tiene ventanas pero si una puerta de fuga en su parte trasera casi invisible. El dirigente del PNV asegura estar preocupado por la situación en Ucrania. Comparece a la entrevista con algunos datos actualizados y memorizados sobre la situación de la seguridad en Euskadi y no rehúye ninguna pregunta, a las que atiende con largas explicaciones. No teme por la salud de la coalición con el PSE-EE, cree que la transferencia del IMV puede allanar el camino a la de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y lanza la “sospecha” de que las Fuerzas de Seguridad del Estado podrían estar “infladas” en su presencia en Euskadi dadas sus limitadas funciones.

¿Le preocupa al Gobierno vasco la situación en Ucrania?

Le preocupa sobremanera porque un enfrentamiento bélico aquí, a la vuelta de la esquina, es un factor de desestabilización de primer orden. No solamente suscita un temor inmediato sino también por las consecuencias indirectas en el aspecto económico.

Respecto a la pandemia, ¿se podría decir que, esta vez sí, se ha superado la última ola?  

Nos gustaría poder decirlo, pero este virus ha dado muestras suficientes de que tiene capacidad de generar sorpresa. Nadie, ni el científico más avezado, se atreve a hacer una afirmación definitiva en torno a la cuestión. Todo parece indicar que sí, que el proceso actual parece que es irreversible. Pero no me atrevo, desde luego, a hacer una afirmación terminante.

¿Considera que las restricciones, los cambios de opinión y, en general, toda la gestión de la pandemia han podido desgastar la figura del lehendakari o al Gobierno vasco?

Si hubiera sido un fenómeno privativo de Euskadi, podría ser un factor que influyera en la valoración pública de la acción de Gobierno. Pero es un fenómeno global. La ciudadanía tiene asumido que la valoración que hay que hacer es que la respuesta ha sido muy parecida en todas partes. No hay razones ni motivos específicos para pasar factura singular a las instituciones de este o aquel lugar.

Hay todavía una apelación constante a la “prudencia”. Sin embargo, a las primeras de cambio, en el carnaval de Tolosa ya han vuelto las aglomeraciones.

Desde las instituciones, el llamamiento a la prudencia -creo- es obligado. Es inevitable teniendo en cuenta las lecciones que hemos aprendido todos de la pandemia y el criterio caprichoso con el que se mueve el virus. Pero, claro, luego la respuesta ciudadana es la que es. Poco más se puede hacer más allá de hacer apelaciones a la prudencia, de pedir por favor que se siga actuando con cautela, de recordar que la pandemia no ha desaparecido del todo porque el virus sigue entre nosotros. Creo que en este momento no se puede hacer mucho más porque todo lo demás sería hacer algo que no corresponde llevar a cabo las instituciones en un momento en el que claramente las cifras de contagios van en descenso. Además, estamos en un contexto político en el que, en fin, la “libertad” está muy presente y muy interiorizada por una gran parte de la sociedad y también de las instituciones judiciales.

¿No se ha contagiado al Gobierno vasco de esa “libertad” en los últimos meses?  

¿En qué sentido?

¿En esta última ola se ha actuado más pensando en no limitar libertades?

El criterio con el que ha actuado el Gobierno vasco en todo momento ha sido el de priorizar la salud, por supuesto. Pero también se ha intentado conciliar esa prioridad de la salud con el mantenimiento de la actividad, porque eso a medio-largo plazo también repercute en la salud. Ese punto de equilibrio no siempre se alcanza en el mismo lugar. Además, el principio de fondo que inspira la actuación de los poderes públicos en un entorno democrático es el de propiciar y favorecer el libre desarrollo de la personalidad de las personas y de que las restricciones y las injerencias del poder público sean las menos posibles. Por lo tanto, en la medida en que los datos de la pandemia permiten apreciar que los riesgos son menores, lógicamente las restricciones tienen que atenuarse.

No hay razones ni motivos específicos para pasar factura singular a las instituciones vascas por la gestión de la pandemia

¿Cuántas sanciones ha impuesto la Ertzaintza en esta última emergencia sanitaria? ¿Muchas? ¿Pocas?

Si comparamos con las etapas anteriores, pocas. Pocas porque, cuando había normas restrictivas de la libertad, las infracciones eran más patentes. Cuando se decreta, por ejemplo, que se prohíbe salir a partir de las diez de la noche y el deambular por la calle a determinada hora, las infracciones son muy patentes.

También ha sido patente, por ejemplo, que el pasaporte COVID no se ha pedido estos meses en muchos establecimientos. ¿Se ha hecho un control?

Ha habido un seguimiento razonable por parte de la Ertzaintza. Pero es materialmente imposible una garantía efectiva al 100% de que todos los establecimientos que tenían que solicitarlo lo pidieran. En los primeros días hubo una presencia mayor por parte de la Ertzaintza y de las Policías locales para transmitir a los responsables de los establecimientos que estaban obligados a solicitar el pase COVID. Pero, a partir de un cierto momento, se atenúa un poco más el seguimiento. Entre otras cosas también porque las clientelas de la hostelería, en buena parte, son repetitivas. Si es una persona conocida, ya no se pedía más.

¿Cómo está ahora mismo la relación entre el PNV y el PSE-EE en el Gobierno de coalición?

La coalición funciona muy bien. Tenemos un programa y se está cumpliendo. Y creo que a satisfacción. Las relaciones están engrasadas, hay comunicación interna y, desde luego, en el Consejo de Gobierno que celebramos semana tras semana no afloran diferencias ni focos de conflicto particularmente reseñables más allá de discrepancias puntuales. Las reglas de juego están bastante claras. Normalmente, los asuntos en el orden del día del Consejo de Gobierno suelen salir sin oposición, sin controversia, sin confrontación y sin debate.

Pero es innegable que, al menos en el apartado de Educación, ha habido diferencias recientemente. Y, según el PSE-EE, han sido de calado.

Pero no son diferencias que interfieran en la labor de Gobierno propiamente dicha. De hecho, si ha surgido alguna diferencia, ha sido en torno a un documento de producción parlamentaria. Eso no ha supuesto que ninguno de los proyectos que el consejero de Educación ha llevado al Consejo de Gobierno se hayan visto afectados. En absoluto. Estamos hablando del diseño de un nuevo marco normativo para la ordenación de la labor educativa en el futuro y el debate está residenciado en el Parlamento.

Esta semana se ha cerrado ya la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Su partido y usted mismo ya han dicho que podría ser el primer paso hacia la transferencia futura del régimen económico de la Seguridad Social.

Lo primero que hay que celebrar es el hecho de que, aunque tarde, llegue el IMV. Y, efectivamente, más allá de lo que aporta la transferencia desde el punto de vista material de las políticas sociales, el terreno simbólico es muchísimo. Significa que se penetra en un terreno, el de la Seguridad Social, que hasta ahora estaba radicalmente vedado. Hay posibilidad de descentralización. Hay aspectos que son susceptibles de transferencia. Esta transferencia viene a confirmar que tanto la Constitución como el Estatuto de Gernika dejaban margen para que algunos servicios de la Seguridad Social se pudieran transferir a las comunidades. Por lo menos a la nuestra. Alguien lo negaba. Alguien había impuesto una verdad por encima de la redacción literal de la Constitución y del Estatuto. Abre una puerta que hasta ahora estaba cerrada con cien llaves. El juego que vaya a dar esto en el futuro ya se verá.

¿Suaviza esta transferencia la relación con el Gobierno central? El lehendakari, hace un mes, se mostró insatisfecho por los compromisos incumplidos de Pedro Sánchez.

Por lo que respecta concretamente al terreno de las transferencias, hay que recordar que en el tiempo de esta legislatura se ha producido solamente una comisión mixta de transferencias. Fue en mayo del año pasado. Hace ya nueve meses. Y, a su vez, esa reunión tuvo lugar ocho meses después de constituido este Gobierno en septiembre del año 2020. Si se mantiene así la cadencia, va a dar poco juego. Si se produce una reunión cada ocho o nueve meses, eso acaba con una legislatura en un periquete. Hay motivos objetivos para ese malestar que transmitía el lehendakari. Además, estamos intentando gestionar un cronograma que está formulado por el propio Gobierno central y están incumpliendo un compromiso que asumieron públicamente y pusieron por escrito ellos mismos. No seré yo quien, porque se produzca un acuerdo en torno a una transferencia, vaya a lanzar las campanas al vuelo ahora y decir que las dificultades se han resuelto todas. Por experiencia, todas son difíciles. Sería una frivolidad por mi parte dar por supuesto que está de camino inmediatamente la materialización de otras que están pendientes. Seguramente seguirán siendo tan difíciles como hasta ahora, pero no será por el Gobierno vasco que no pongamos el empeño suficiente en poder seguir avanzando con la mayor agilidad posible.

Las relaciones entre PNV y PSE-EE están engrasadas, hay comunicación interna y, desde luego, en el Consejo de Gobierno que celebramos semana tras semana no afloran diferencias

¿Se va a reactivar el proceso de reforma del Estatuto? ¿Creen que esto puede tensionar la relación entre los socios del Gobierno vasco?

Como en la pasada legislatura, cuando se cerró el acuerdo de coalición, esta cuestión se decidió ubicar en sede parlamentaria. Está perfectamente asumido que el debate tendrá lugar en sede parlamentaria y que cada partido político concurrirá a ese debate con sus propias posiciones. Es decir, se ha disociado lo relativo al compromiso con el cumplimiento íntegro del autogobierno que ya está reconocido de lo que es la proyección hacia el futuro y la elaboración de un nuevo Estatuto distinto que vaya a modificar el actual. Lo primero está en manos del Gobierno y sí hay una actuación conjunta y coordinada. De hecho, todas estas transferencias están siendo defendidas al unísono por los dos partidos que integran el Gobierno. Por lo tanto, en ese sentido no hay discrepancias internas de ningún tipo y así seguirá siendo en todo lo que queda de legislatura.

Se están sucediendo las denuncias de casos de abusos sexuales en el entorno de la Iglesia o de los colegios religiosos.

Los datos están en constante movimiento. Es un asunto que está muy presente en los medios de comunicación y, por lo tanto, eso está animando a mucha gente que ha vivido experiencias amargas de este tipo a presentar denuncias y a implicarse personalmente en el proceso de clarificación de lo ocurrido y de exigencia de responsabilidades. Ahora hay 51 personas que han vivido como víctimas este tipo de experiencias. Y son 18 victimarios. Pero ésta es una cifra que igual mañana cambia.

¿Qué medidas específicas han adoptado?

Hemos tenido que dotar a la estructura de Investigación Criminal y de Policía Judicial de una dinámica y de un protocolo de actuación para ir respondiendo a lo que se presenta. Hay un protocolo para que el tratamiento de este tipo de denuncias sea homogéneo en todas partes. Es decir, que una persona que vaya a la comisaría de Laguardia o de Balmaseda se encuentre con una recepción o una acogida homogénea, con una atención igual. Y que haya una recogida de datos susceptibles de integración de una sola base de datos

¿Excesos policiales? Es un país en el que se denuncia y en el que existe un tejido asociativo que propicia, que ayuda, que contribuye, que fomenta y que estimula que se presenten denuncias. Pero, condenas, solamente un 1,5%

¿Tiene la Ertzaintza capacidad para investigar con éxito casos de hace treinta, cuarenta o cincuenta años?

Seguramente no hay Policía en el mundo que sea capaz de esclarecer del todo lo que ocurrió. Hay personas, por ejemplo, que han muerto ya o que son tan mayores que ya no tienen íntegras sus facultades mentales. O son hechos que, aunque sus presuntos autores vivan, han prescrito ya y las acciones de investigación se encuentran, de alguna manera, con alguna limitación. ¿Avanzar en el esclarecimiento de algunos delitos entraña dificultades? Sin duda, sin duda. En algunos casos seguramente será imposible. Pero hay que recordar a las posibles víctimas que hay una legislación en la que se les reconocen derechos aun en el supuesto de que se trate de delitos prescritos. Las víctimas tienen unos derechos reconocidos en la ley a los que se pueden acoger y que pueden ejercer. Nunca está de más formular una denuncia aunque no se pueda hacer justicia material en un caso concreto. Pero siempre pueden ser beneficiarios de la asistencia psicológica o del apoyo de los que son acreedores como víctimas.

Se ha conocido que se investiga también un caso de prostitución de menores tuteladas en Bizkaia. ¿Cuál es el alcance de esta investigación?

Lógicamente, a partir del momento en el que se tiene conocimiento de una denuncia, se está investigando. No puedo avanzar mucho en relación con esto porque estamos hablando de menores. Hasta ahora las investigaciones que se han llevado a cabo no ponen de manifiesto que haya una red de prostitución gestionada por una persona o un colectivo de personas. Puede haber casos concretos de personas que se hayan prostituido. Estos casos concretos son los que están en proceso de investigación y ya en manos judiciales.

¿Cuántas menores víctimas habría?

La investigación ha empezado a partir de dos. Si después se ampliará a más, no lo podría precisar en este momento. Pero, insisto, la investigación desarrollada hasta ahora parece apuntar en el sentido de que no hay una trama, una red de explotación sistemática de menores para la prostitución.

Dos agentes están siendo investigados por golpear a dos detenidos en la zona de San Francisco de Bilbao, según una grabación.

Las investigaciones por excesos presuntamente cometidos en el marco de algunas intervenciones policiales no son ocasionales. Se producen con frecuencia. Este nuestro país vive muy intensamente la conciencia de los límites de la acción policial. Ha interiorizado con mucha intensidad la idea de la proporcionalidad en la actuación de los cuerpos policiales y, por tanto, es relativamente habitual que las personas que han vivido una experiencia que creen que podría encajar en un supuesto de este tipo emprendan acciones judiciales. Y también existe una red asociativa que propicia y ayuda para que eso sea así.

¿Entonces hay un problema de excesos policiales?

El exceso policial es una eventualidad que siempre está abierta en cualquier cuerpo policial en el mundo. No habrá ninguna Policía que no haya tenido alguna vez algún caso puntual de exceso policial, aunque sea leve. La Ertzaintza es una Policía con una dotación de 8.000 efectivos. ¿Alguno puede cometer excesos? Sin ninguna duda. Todos los colectivos humanos pueden incurrir en algunas irregularidades. Pero le voy a dar un dato que -creo- es muy ilustrativo. En los últimos diez años completos, de 2012 a 2021, los procesos judiciales penales en los que han sido encausados ertzainas han sido 861. Es una media de 86 al año. Bueno, pues el número de supuestos en los que la resolución final judicial ha sido condenatoria es del 1,5%. Es un país en el que se denuncia, con mucha conciencia en este ámbito y en el que existe un tejido asociativo que propicia, que ayuda, que contribuye, que fomenta y que estimula que se presenten denuncias. Pero, condenas, solamente un 1,5%. Y estoy hablando no de un órgano judicial -alguien podría pensar que ese juez es muy 'propolicía'- sino de órganos judiciales de toda la geografía, lo mismo de Irún que de Balmaseda. Creo que con eso respondo bastante bien.

Y sobre este caso en concreto, ¿qué valoración hace?

Yo no he visto el vídeo. Conozco un auto de un juez que es el que considera que hay que iniciar esa investigación. A partir de ahí, vamos a ver qué es lo que ocurre en este caso. Éste es uno más de los 86 anuales que se han registrado en los últimos diez años.

Han adoptado algunas medidas.

El Departamento de Seguridad tomó la decisión de retirar a esas personas del servicio activo en esa zona. No van a volver a esa zona mientras se resuelve el asunto. El Departamento ha decidido también que la defensa jurídica a la que tienen derecho en principio esos agentes de la Ertzaintza la tienen que asumir por su cuenta. El Departamento no se la va a prestar porque hay algún indicio que puede hacer pensar o que permite sospechar que su actuación a lo mejor no ha sido ortodoxa, que no se ha conducido con arreglo a los estándares establecidos. Además, hemos puesto el hecho en conocimiento de la Comisión de Control y Transparencia para que, si lo cree conveniente, haga alguna recomendación. Luego está el servicio de Asuntos Internos. Lo que ocurre es que, cuando los hechos están judicializados, no se puede dictar la resolución final.

Precisamente la instructora judicial en este caso es la misma que fue en su momento la estructura del 'caso Cabacas', la juez Ana Torres. ¿En este otro asunto se ha llegado hasta el final en la depuración de responsabilidades?

Sobre las responsabilidades penales no voy a decir nada si ya se pronunciaron los tribunales hasta el Supremo, que es la máxima instancia a este respecto. No me corresponde como consejero de Seguridad opinar sobre la resolución judicial. A partir de ahí, creo que todo lo que era posible se ha hecho. El problema es que las personas que fueron procesadas, excepto una, ya no son funcionarios de la Ertzaintza. Por lo tanto, cualquier actuación disciplinaria con respecto a esas personas es imposible. No tienen ninguna vinculación con la Ertzaintza. Es más, la máxima sanción en el caso de un expediente disciplinario sería la de la separación del servicio y estas personas ya están separadas del servicio, ¿no?. Es decir, la máxima sanción que eventualmente podría imponerse ya es una realidad en ellas.

Recientemente ha habido elecciones en la Ertzaintza. ELA, el último sindicato no corporativo, ha perdido toda la representación en los órganos internos.

Esto es algo que se venía intuyendo de alguna manera. Colectivos como los policiales son muy singulares en sus necesidades y reivindicaciones. Los sindicatos corporativos tienen un campo de actuación. Además, las tomas de posición que ha venido adoptando el sindicato ELA en relación con la seguridad pública, con los modelos policiales, creo que no han caído muy bien en el ámbito policial. Han podido ser interpretadas negativamente por muchas de las personas que integran el colectivo de la Ertzaintza.

La plantilla de la Ertzaintza está establecida en 8.000 efectivos. De hecho, usted ofrecía el dato en esta entrevista. Pero durante muchísimos años nunca se ha alcanzado. ¿Falta personal?

Si se me pregunta si la plantilla es suficiente, creo que hoy por hoy la plantilla está bien dimensionada. Si comparamos los índices de presencia policial de Euskadi con los índices de presencia policial en el ámbito europeo veremos que no estamos mal y que sería difícil justificar un incremento de esa plantilla. De hecho, esta cifra se fijó en un momento en el que se tenía que atender con especial urgencia todo el problema de la seguridad de personas perseguidas por ETA. Lógicamente, estaba dimensionada para responder a unas necesidades de seguridad que ahora, afortunadamente, han desaparecido. Hubo un intento por parte del Gobierno central de reajustar la plantilla, de suprimir aquel porcentaje de la plantilla previsto para responder a esa necesidad específica que ya había desaparecido. Pero se consiguió finalmente que renunciara a la pretensión. Ahora estarán en activo unos 7.600 después de la incorporación de aproximadamente 700 personas en la última promoción. Aquí hay pendiente un relevo generacional y estamos poniendo en marcha todos nuestros recursos. La academia está con las costuras a punto de explotar, con toda su capacidad de acogida de efectivos en el proceso formativo. Por tanto, estamos haciendo todo lo que se pueda hacer dentro de los límites legales.

Desde diciembre hay una directora por primera vez en la Ertzaintza. ¿Cuándo será común ver patrullas de dos mujeres?

Ya hay algunas… Pero creo que de verdad conseguiremos una presencia más igualitaria de la mujer cuando la veamos de manera mucho más intensa en los cuadros de mando. Ahora tiene una presencia muy reducida, muy limitada. Si el porcentaje de mujeres es del 16%, en los cuadros de mando se reduce ostensiblemente. El indicador más efectivo, más que las patrullas integradas por dos mujeres, sería la presencia más intensa de mujeres en los que las jerarquías.

Si el porcentaje de mujeres en el Ertzaintza es del 16%, en los cuadros de mando se reduce ostensiblemente

¿Cómo es la relación con la Policía Nacional y con la Guardia Civil? ¿Está bien dimensionada también su presencia en Euskadi?

¡No seré yo quien diga cuáles son los efectivos que tengan que tener en Euskadi! Tienen unas funciones claramente delimitadas y se tienen que circunscribir a eso. Sospecho que están un poco infladas las plantillas de los dos cuerpos, pero esto es una sospecha más o menos generalizada que puede compartir conmigo una gran parte de la población. Pero habría que hacer un estudio más preciso sobre el particular para poder hablar con conocimiento de causa. Y yo no tengo ahora esa información. Estoy prestando más atención a lo que tengo que gestionar yo, que es la Ertzaintza.