La Junta defiende la autonomía de los centros para impartir formación sobre coeducación o diversidad sexual

La Consejería de Educación y Empleo ha mostrado una vez más su oposición al veto parental impuesto en Murcia para que los padres puedan impedir que sus hijos reciban charlas o contenidos educativos sobre diversidad familiar o sexual.

Defiende la autonomía de los centros, encargados de elaborar la Programación General Anual, que recoge todas las actividades formativas sobre coeducación, educación afectivo-sexual, identidad o expresión de género o sobre modelos de familia. Cuestiones que según aclara no deben ser sometidas a “ningún tipo de consentimiento expreso previo por parte de las familias”.

En una comunicación oficial, enviada el pasado otoño a los centros, Educación informaba a los centros de su autonomía y su competencia para aplicar y desarrollar el currículo a través del claustro de profesores y los equipos docentes de los centros educativos, “que deben actuar siempre dentro del respeto al ordenamiento jurídico, donde también están recogidos estos principios”.

Son unas comunicaciones enviadas por la Consejería a los centros después de que muchos de éstos alertaran a la Administración educativa sobre la llegada de correos masivos que estaban recibiendo por parte de la plataforma de ultraderecha Hazte Oír, “en los que abogaban por que los centros se hicieran eco de su medida para coartar la autonomía pedagógica de los centros educativos”. Es decir, el denominado ‘pin parental’.

El veto parental

Educación aclara que el veto parental no tiene amparo alguno en el ordenamiento jurídico que rige el sistema educativo español, y es incompatible con la autonomía pedagógica de los centros educativos, que está recogida en el artículo 120 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

“Cabe destacar que las familias están al corriente tanto del currículo educativo como de las actividades que lo complementan y que se desarrollan en horario lectivo dentro de los centros educativos porque estos aspectos se recogen en la Programación General Anual (PGA), que es un documento planificador –de carácter público-, cuya aprobación corresponde a la dirección del centro y su evaluación, al Consejo Escolar, en el que están representadas las familias”.

Subraya que todas las leyes educativas que se han aprobado a lo largo de la historia democrática española, incluida la actual, la LOMCE, establecen la importancia de la educación en valores democráticos, como son la tolerancia, la solidaridad, la igualdad, la prevención de la violencia de género, el ecologismo, etcétera. “Éstas son las materias fundamentales sobre las que versan esas actividades que complementan el currículo que se imparte en los centros educativos”.