La bancarrota de Alburquerque, la historia se repite
La quiebra económica del Ayuntamiento de Alburquerque no es algo nuevo para sus habitantes. La localidad pacense ya vivió hace 38 años una situación similar a la actual.
Un 24 de marzo de 1984 se celebraba en este mismo consistorio una sesión plenaria de la corporación municipal con un único punto en el orden del día, la moción de censura contra el entonces alcalde, Juan Viera, “por su mala gestión jurídica, administrativa y económica al frente del ayuntamiento”. Una moción que prosperó, aunque el alcalde no dimitió. Eso sí, posteriormente, fue condenado por el Tribunal de Cuentas a abonar al consistorio más de 300 millones de pesetas como responsable directo del déficit sin justificar en las arcas municipales entre 1979 y 1984.
Este miércoles, 23 de marzo de 2022, el Ayuntamiento de Alburquerque celebra un pleno extraordinario cuyo orden del día, a propuesta de la oposición, incluye la supresión del sueldo a la alcaldesa y al cargo de asesor de la alcaldía, que ostenta el exalcalde Ángel Vadillo, así como revocar la delegación de competencias otorgadas en un pleno anterior a la Alcaldía en materia de contratación y enajenación de bienes.
Tres asuntos que, de ser aprobados por la oposición, que ya tiene la mayoría plenaria desde este martes, reestructurarán la situación institucional y de gobernabilidad del citado ayuntamiento.
Y es que su alcaldesa, María Luisa Murillo, se quedaba este martes en minoría después de que dos nuevos ediles del PSOE, Jesús Martín y Noelia Pavón, tomarán posesión de sus actas, permitiendo al grupo socialista elevar a tres el número de concejales.
Con esta cifra y los cuatro ediles que tiene el Grupo Municipal Independientes por Alburquerque (IPAL), la oposición ha pasado a tener siete ediles frente a los cinco con los que cuenta el Grupo de los no adscritos, con el que gobierna María Luisa Murillo.
15 millones de euros de deuda
La deuda del Ayuntamiento de Alburquerque se estima en 15 millones de euros, de los que 6,6 millones es deuda financiera, más de 1,7 millones corresponden a nóminas impagadas a los trabajadores, casi cinco millones por impagos a la Seguridad Social y con un remanente negativo de casi dos millones de euros. Una deuda que triplica su presupuesto.
Más de 120 procesos judiciales
En estos momentos, el consistorio alburquerqueño tiene abierto más de 120 procesos judiciales de reclamación de cantidades impagadas, reconocimientos de antigüedad, despidos improcedentes o nulos, contratación en fraude de ley, situación laboral irregular, acoso o daño moral, entre otras demandas.
De hecho, este miércoles se celebran en el Juzgado de lo Social Número 5 de Badajoz un buen número de pleitos, en los que “los trabajadores municipales reclamamos lo que es nuestro y se nos viene negando sin explicación alguna desde la administración local”.
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