El conselleiro Calvo dice ahora que nunca amenazó con desproteger a las víctimas de violencia machista

El uso por parte de la Xunta de la protección de las víctimas de violencia de género como argumento político en su negociación con el Gobierno sobre la dotación de la unidad de policía adscrita, ha dado un nuevo giro. El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, el mismo que había amenazado al Ministerio del Interior con retirar a los agentes autonómicos de esas labores de protección si no se aumentaba el número de efectivos, se ha esforzado en el Parlamento en negar que eso pudiese suponer que las víctimas quedasen sin protección, “ya que lo estarían por la Policía Nacional”. Las palabras de Calvo, refrendadas por Alfonso Rueda, provocaron toda una tormenta política en la que llegó a intervenir la ministra de Igualdad mientras la alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, pedía su cese inmediato.

La réplica de Calvo llegó en un terreno cómodo: el pleno de la Cámara gallega en respuesta a una pregunta de su compañera Paula Prado, la número dos del PP gallego, sobre las negociaciones con Madrid para aumentar una plantilla que ha caído a 338 agentes, 136 menos que los que tenía en 2013, durante el gobierno de Rajoy, cuando aspiraba a lograr los 500 “que nos pertenecen por catálogo”.

Prado se interesó por la “dramática” situación que vive la unidad y que pone en peligro competencias “muy importantes” como la de la protección a las víctimas de violencia de género, “que cada días on más en Galicia y, concretamente, en la provincia de Lugo”, en una poco velada alusión a las denuncias de acoso contra el presidente de la diputación lucense y alcalde de Monforte, el socialista José Tomé.

Calvo respondió atacando a PSdeG y BNG, grupos que no tenían opción de tomar la palabra, a los que acusó de “decir mentiras” como “que íbamos a dejar desprotegidas a las víctimas de violencia de género”. “Hay que tener cuajo y mucha cara política para decir eso y quedarse tan ancho” porque “eso no es verdad”.

Sin embargo, en su segunda réplica, volvió a repetir palabra por palabra los mismos argumentos. “Somos la única comunidad autónoma con una unidad adscrita que asumió esta función”. Lo hizo, según recordó, en 2018, un momento de “gran demanda” en el que Galicia “tenía una unidad mucho más dotada”. Entonces, se comprometieron “a echar una mano”, pero la situación ha cambiado.

“¿Qué harían ustedes si no llegan? ¿Dejar de prestar un servicio para el que no tienen competencia? Pues claro que sí”, se respondió a sí mismo. Pero, esta vez, añadió. “Si dejan de ser protegidas por el cuerpo adscrito, lo estarán por el de la Policía Nacional. Nunca dejarán de estar protegidas”.

La indignación del Gobierno y de la oposición

Las palabras iniciales de Diego Calvo provocaron una escalada de reacciones políticas. El primero en reaccionar fue el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien consideró “intolerables” las declaraciones del conselleiro, ya que las víctimas “no son moneda de cambio ni instrumento de chantaje político”. Poco después se sumaba el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, para quien Calvo traspasó “todas las líneas rojas” al usar a las víctimas como arma política con unas amenazas “indecentes y vergonzosas”.

Los socialistas reclamaban a Rueda que se posicionase sobre las afirmaciones de quien, de facto, ejerce a menudo como su número dos en la Xunta. Lo mismo pedía el BNG, primera fuerza de la oposición. A través de su diputado Iago Tabarés acusaba a Calvo de “cruzar todos los límites de lo admisible en la estrategia de confrontación de un PP cada vez más radical”.

Mientras, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, respondía también a través de las redes sociales. “No vamos a consentir amenazas”, escribía en X, donde aseguraba que exigirían “el cumplimiento de la Ley contra la violencia de género y la correcta ejecución de los fondos del Pacto de Estado”. A ella se sumaba la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey –una de las figuras que ha liderado el manifiesto de mujeres socialistas crítico con la actuación de la cúpula gallega en el caso Tomé– y reclamaba la dimisión de Calvo por “irresponsable”.

La respuesta de Rueda llegó el lunes siguiente y fue un apoyo total a su conselleiro. Para el presidente gallego, con menos efectivos que cuando se llegó al acuerdo, para el presidente gallego resulta “absolutamente lógico pensar que no se puede prestar este servicio”.

Diferencias económicas

El telón de fondo de esta polémica en la que la Xunta ha introducido a las víctimas de violencia machista es una negociación estrictamente económica sobre el coste de la ampliacón de una unidad de policía adscrita que está bajo mínimos.

El convenio inicial, ya caducado, establecía que Madrid sufragaría los sueldos y Galicia los gastos de funcionamiento de un cuerpo que sigue formando parte de la Policía Nacional. Sin embargo, ante la caída del número de efectivos –visible en el abandono por parte de la policía autonómica de la vigilancia de edificios oficiales como la sede de la Xunta o el Parlamento–, Interior puso sobre la mesa una nueva propuesta: un convenio, como el que ya se aplica en Andalucía, en el que cada administración se hace cargo del 50% del gasto en personal.

La contraoferta de San Caetano fue aceptar ese nuevo escenario pero sólo para las nuevas incorporaciones y que el Ministerio siguiese pagando el 100% de los sueldos de la plantilla actual. Esa posición llevaba meses en vía muerta, hasta que Calvo puso sobre la mesa el órdago de las víctimas que ahora pretende retirar como si nunca hubiese existido.