Un fondo del gobierno de Malasia controlará la autopista Santiago-Ourense
Cosas del capitalismo -y de poner infraestructuras públicas en manos privadas-. De ahora en adelante cuando las personas que viajan por autopista entre Santiago y Dozón (AP-53), el tramo de peaje de la vía que va de la capital gallega a Ourense, pasen por caja para depositar los casi 6 euros que cuesta el trayecto, uno de los más caros del Estado, ese dinero irá a parar, en última instancia, al Gobierno de Malasia. Esto será así porque la empresa concesionaria de la infraestructura, Globalvia, va a pasar a estar controlada por un fondo soberano de este país.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recibió este 1 de julio la comunicación en la que Bankia indica que, junto a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), acaba de completar el “acuerdo de compraventa con el fondo estratégico del Gobierno de Malasia Khazanah Nasional Berhad”. Este acuerdo implica “la venta del 100% de las acciones de Globalvia Infraestructuras”, una sociedad que hasta el momento compartían al 50% la entidad financiera y el gigante de la construcción.
La infraestructura gallega pasa a depender del fondo soberano malayo porque Globalvia es la propietaria del 61% de la compañía Autopista Central Gallega (ACEGA), que en 1999 fue elegida por el Ministerio de Fomento como concesionaria de la AP-53, la autopista entre Santiago y Dozón. Para esta infraestructura la Xunta de Manuel Fraga puso 60 millones de euros a fondo perdido aunque el Gobierno de Aznar se negó a llevarla hasta Ourense por su escaso tráfico -el segundo tramo es de competencia autonómica-.
Ahora el fondo del gobierno de Malasia pone inicialmente sobre la mesa un primer pago de 166 millones de euros, a los que en el primer semestre de 2017 se añadirán “un máximo de 254 millones de euros”, suma final que dependerá “de la valoración de la sociedad” en ese momento. Este movimiento empresarial se produce mientras, en el tramo autonómico del vial, la Xunta optase en 2013 por la privatización de la gestión y gastase 70.000 euros en contratar una asesoría para esta operación. Finalmente, en 2014 la Consellería de Infraestructuras anunció que renunciaba a la privatización al detectar que los gastos que le suponía eran 600 millones menos de los que calculaba. El Gobierno gallego culpó el bipartito de este desfase, aunque el plan económico-financiero data del año 2003.
