Alcoa marca el debate económico en la precampaña de la elecciones gallegas

Alcoa plantea un despido colectivo que afectaría a un máximo de 534 empleados

Alcoa vuelve a ser el centro del debate económico para Galicia a las puertas de unas elecciones. El anuncio de la multinacional del aluminio sobre el cierre de sus plantas en España ya golpeó en 2019 a las puertas de elecciones generales y municipales e interrumpe de nuevo un años después con la amenaza de llevarse por delante más de 500 empleos directos en A Mariña lucense y la economía que gira alrededor de la fábrica de aluminio de San Cibrao.

Trabajadores de Alcoa en San Cibrao levantan barricadas para protestar contra los despidos masivos en la planta

Trabajadores de Alcoa en San Cibrao levantan barricadas para protestar contra los despidos masivos en la planta

La toma de posición política es esta vez para unos comicios autonómicos y coge a buena parte de los actores en sitios diferentes. Quizás las excepciones de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo que, desde su puesto de responsable de la Xunta en las últimas tres legislaturas, arremetió ayer duramente contra el Gobierno central, al que responsabilizó de la situación de la empresa, y redujo la problemática de Alcoa -una industria gran consumidora de energía que arrastra años de pérdidas económicas- al precio de la electricidad. "Si a alguien no le coje por sorpresa el anuncio de despido de más de 600 familias es al Gobierno porque estaba advertido desde hace mucho tiempo de que Alcoa no podía operar a los precios de energía eléctrica que tenemos en España", afirmó.

Para el presidente de la Xunta, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene una "dudosa voluntad" de mantener la fábrica de Alcoa más allá de "las promesas y las culpas". "Hay que saber si el Gobierno quiere que este metal se produzca en España. Si quiere, el 50% del problema está resuelto. Si no, no lo vamos a poder resolver", afirmó. El candidato del PP considera que la situación de Alcoa depende directamente de la aprobación de un estatuto electrointensivo que fije unos precios máximos para las empresas que, como Alcoa, consumen ingentes cantidades de electricidad para producir. Con esa respuesta, Feijóo intentó evitar responder a si es preciso intervenir desde la administración pública la planta, como pide el comité de empresa o los candidatos a la Xunta de los partidos que sostienen al Gobierno central. Mientras, el BNG apunta directamente a la nacionalización de Alcoa.

La búsqueda de la receta para frenar el cierre de la multinacional estadounidense entra como prueba contrarreloj en la precampaña gallega, ya que la empresa se ha dado seis semanas para negociar con la plantilla, justo a tiempo para la cita electoral. La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer que el Gobierno central recuperará "a la mayor brevedad posible" la tramitación del estatuto electrointensivo, mientras los partidos apuran para registrar preguntas al respecto en el Parlamento europeo, como Ciudadanos, o pedir la comparecencia de las ministras de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y de Industria, Reyes Maroto, en el Senado, como ha hecho el PP. Mientras, el presidente de la Xunta envía una y otra vez la pelota a Madrid y dice que lo que puede hacer dentro de sus competencias es "proponer que es posible mantener un marco de precios para la energía" al Ejecutivo central. Y los candidatos de las formaciones caminan entre defender al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos sin olvidar recordarle a Feijóo que "no ha puesto en marcha ninguna medida para defender Alcoa".

La urgencia laboral y electoral deja en la trastienda un debate sobre qué tipo de industria necesita el futuro de Galicia, aunque el candidato del PP a la Xunta deslizó ayer que el problema del Gobierno central, comprometido con la transición energética y la lucha contra el cambio climático, con Alcoa no es otro que el "ideológico". "La ideología no disminuye los costes energéticos sino que hace inviable" la planta, acusó Feijóo.

La comunicación de la empresa, sin embargo, achaca su situación a problemas externos y de mercado, es decir, tanto a los "altos costes de la energía" como "al bajo precio del aluminio" y el "exceso de capacidad global". Alcoa admite "significativas pérdidas recurrentes" y una previsión de que estas continúen. La compañía estadounidense, que ha cobrado 38 millones de euros públicos en los últimos dos años según cifra el PSOE, lleva tiempo deshaciéndose se las plantas que tenía en España y que llegaron a sumar más de una decena. En el otoño 2018 anunció el cierre de las fábricas de Avilés y A Coruña. Sus plantillas, que ya habían vivido una amenaza similar en 2014, se negaron al cierre, tomaron la calle y llevaron sus reivindicaciones a todos los partidos y administraciones, que llegaron a marchar con unidad en una gran manifestación de apoyo a los trabajadores.

Con las elecciones generales primero y las municipales después, los trabajadores consiguieron poner en marcha la redacción de un borrador de estatuto electrointensivo y, sobre todo, la venta de las fábricas. Tanto Avilés como A Coruña, ahora llamada Alu Ibérica, acabaron en manos de un fondo suizo, Parter, que, a su vez, las ha revendido a un grupo llamado Riesgo.

El candidato Pedro Sánchez llegó a afirmar en A Coruña en marzo de 2019 -cuando se presentaba a las generales meses después de ganar la moción de censura a Rajoy- que la situación de Alcoa estaba "solucionada". Dos meses después, cuando volvió a visitar la ciudad para hacer campaña para las municipales, los trabajadores le esperaban en las proximidades del hotel donde celebraba una comida con simpatizantes para recordarle que aún no había cumplido su promesa.

A mes y medio para las elecciones autonómicas, el color naranja que visten los trabajadores y las menciones a Alcoa se cuelan de nuevo en las promesas y guerras de precampaña.

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30 de mayo de 2020 - 00:11 h

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