El secretario de Estado de Memoria Democrática: “Meirás debe reflejar el universo de Pardo Bazán, la rapiña de Franco y las luchas para su devolución”

“No tiene sentido eliminar los 82 años de uso franquista del Pazo de Meirás, ya sea en vida del dictador o tras su muerte”, afirma el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. Tras su visita la pasada semana a A Coruña, asegura, en respuesta por escrito a elDiario.es, que el proyecto que quiere poner en marcha el Gobierno “no contradice en absoluto el de la Xunta de Galicia”, partidaria de relegar a segundo plano la dictadura y dar prevalencia al legado de Emilia Pardo Bazán. “Lo que hace es incorporarlo dentro de un proyecto más amplio y ambicioso que incluye todas y cada una de las capas de la memoria: el universo de Pardo Bazán y sus lecturas contemporáneas; la apropiación y rapiña por parte de Franco y su uso estival durante la dictadura; así como las luchas para su devolución al patrimonio del Estado, incluyendo las movilizaciones civiles”, asegura.

El secretario de Estado de Memoria Democrática ve posible el consenso con las demás administraciones implicadas (Xunta, Diputación de A Coruña y ayuntamientos de A Coruña y Sada). Ante las divergencias que se hicieron patentes hace dos semanas entre el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, Martínez se muestra ahora conciliador: “Creo que la voluntad de todas las administraciones es caminar conjuntamente hacia un relato unificado”, afirma. “Y esa es la intención”, añade, con la comisión técnica constituida el pasado martes en A Coruña.

Integrada por todas las administraciones, tiene por misión ordenar la gestión de la emblemática propiedad hasta que haya sentencia firme sobre su restitución, de momento provisional, al Estado. “El Pazo es un patrimonio valiosísimo desde el punto de vista literario y también de la recuperación de la memoria democrática”, remacha el alto cargo del Ministerio de la Presidencia. Recuerda que el consenso político “fue un gran paso adelante” para armar la demanda judicial del Estado que hizo posible la devolución de la propiedad. “Y, sin duda, intentaremos mantenerlo”, dice. En el “relato unificado” que proyecta para el singular castillo enclavado en Sada, Fernando Martínez plantea también darle “una visión transnacional comparada”, es decir, mostrar lo que significa el Pazo de Meirás “en relación con las residencias estivales de otros líderes totalitarios europeos”.

No hay fecha aún para la reapertura del dominio expoliado por Franco y su familia, una vez restituido al patrimonio público: “No va a caer en el abandono, trataremos de que se abra lo antes posible, aunque sea parcialmente, por fases. No se va a demorar”. Ante la propuesta de la Xunta de abrir solo los jardines el próximo 25 de enero, Fernando Martínez llama, no obstante, a “no precipitarse hasta que no se den las condiciones”. La fecha concreta de apertura al público, subraya, depende de “la valoración que hagan los técnicos”. “Hay que acondicionar las instalaciones adecuadamente y no comprometer la seguridad de los visitantes”, expone. El secretario de Memoria Democrática destaca, tras visitarlo, el mal estado de estancias interiores del pazo. Abrir solo parte de la propiedad permitirá, además, ganar tiempo para diseñar el plan de usos en el que ya trabaja la comisión técnica “y acondicionar las instalaciones en consecuencia”.

El Gobierno, en paralelo, trabaja en establecer el listado de bienes que se quedarán en el pazo y los que, por ser de índole personal o carecer de interés histórico, podrán retirar los herederos del dictador. Esa lista debe ser entregada al juzgado a mediados de enero. Mientras, esta pasada semana, un equipo de arqueólogos del CSIC realizó una recreación en 3D de toda la propiedad, que suma más de nueve hectáreas. El objetivo, explica Martínez, es contar “con un registro en formato digital de su situación exacta en el momento en el que se entregó el Pazo de Meirás al Estado”.

Otro de los aspectos que quedan por definir es quién asumirá qué en la gestión pública del emblemático inmueble. La titularidad, por sentencia judicial, es provisionalmente del Estado, recuerda el responsable de Memoria Democrática, y “ya se está trabajando en un modelo de colaboración con las administraciones interesadas en su preservación”. Los “compromisos de cada institución” quedarán perfilados “en breve” en un convenio, apunta, al ser preguntado por los costes y gastos que acarreará el pazo. La sentencia que lo devuelve al Estado es histórica y puede abrir caminos para la restitución de otros bienes usurpados por la dictadura. “Es fruto de muchos esfuerzos sostenidos a lo largo del tiempo, en los que no podemos olvidar el protagonismo de la sociedad civil y la demanda judicial interpuesta por la Administración General del Estado”, señala.

Fernando Martínez evita, no obstante, comentar si se establecerá algún tipo de colaboración con administraciones que, como los ayuntamientos de A Coruña y de Santiago, se lanzaron a batallas judiciales para recuperar bienes expoliados y hoy en manos de los nietos de Franco, como la Casa Cornide o dos estatuas medievales del Pórtico de la Gloria de la Catedral compostelana. El secretario de Estado señala que el anteproyecto de ley de Memoria Democrática redactado por el Gobierno de Pedro Sánchez, cuyo debate comenzará en breve en el Congreso de los Diputados, plantea “hacer una auditoría e inventario de los bienes incautados y expoliados durante la guerra y el franquismo”.