Impuestos y límites en el reino del lujo

Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre cómo se va abriendo paso la idea de que es necesario ir empezando a poner límites a la compra de segundas viviendas por parte de no residentes en Balears. Unas islas donde encadenamos los mayores encarecimientos de los precios en la compraventa de inmuebles y donde más años de salario se requieren para poder afrontar la adquisición de un hogar.

Esta idea, que ha pasado en pocos meses de ser planteada solo por la izquierda a suscitar apoyo incluso en el regionalismo de centroderecha, se fundamenta en datos bastante contundentes: el 39'5% de las transacciones de inmuebles en las Islas Baleares a 2021 fueron realizadas por extranjeros, correspondiendo la mayoría al mercado de segundas residencias de alto valor. En el resto del país, solo el 12’61%. Y la paridad euro-dólar no hará más que agravar la situación.

En unas Islas con un grave problema de acceso a la vivienda y con una gran presión urbanística, buena parte de lo mucho que se construye y de lo que se pone a la venta no baja de las siete cifras. Mientras las clases populares buscan desesperadamente y no encuentran viviendas dignas a precios accesibles, Balears es el reino de las mansiones de lujo.

A pesar del creciente apoyo, ciertamente queda un largo camino y un difícil encaje jurídico con la Constitución y la normativa comunitaria. Hay que ser consciente que serán los Tribunales europeos y el Tribunal Constitucional quienes tendrán la última palabra sobre la legalidad de esta iniciativa. Todo el lobby inmobiliario y todo aquel que haga negocio o pretenda hacerlo especulando con la vivienda recurrirá cada coma de esta normativa. Para ellos esto es un crimen de guerra.

Pese a eso, hay otras medidas que también se han ido abriendo paso en Balears. Al tímido aumento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para compras de viviendas de más de un millón de euros que se aprobó en 2021, se le ha dado un nuevo empuje con la actual negociación presupuestaria por parte de Esquerra Unida y Podem, sumándole tanto otro aumento a esas viviendas como la creación de un nuevo tramo impositivo para aquellas mansiones que se compren por más de 2 millones. Además, se ha registrado una enmienda a los Presupuestos con apoyo de los 3 partidos del Govern, que creará un tipo agravado en el Impuesto sobre los Actos Jurídicos Documentados (AJD) para aquellas compras de viviendas que superen el millón. De esta manera, tanto las transacciones de viviendas de lujo de segunda mano (ITP) como aquellas de obra nueva (AJD) de más de siete cifras tendrán una fiscalidad más alta.

De momento, la fiscalidad se queda corta para lograr desincentivar significativamente este mercado del lujo inmobiliario, pero gravar más a aquellos que más tienen nos permite obtener más recursos para políticas sociales y también señalar como sociedad el tipo de mercado inmobiliario que debe empezar a desaparecer.

Tampoco debemos el papel que debe tener el Gobierno central en esta materia. De poco sirve que desincentivemos o limitemos la compra de vivienda por parte de no residentes si luego a los ricos extranjeros se les regala la nacionalidad si invierten en inmuebles de más de medio millón, la famosas golden visa.