El PP homenajeará con un acto de “desagravio” a los policías investigados y absueltos en el caso del magnate Cursach

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado la concesión de una medalla simbólica “a la dignidad profesional” de los policías locales y funcionarios municipales que fueron investigados, acusados y finalmente exonerados en varias de las piezas del conocido como caso Cursach, impulsado hace más de diez años para indagar las supuestas prácticas corruptas desplegadas en el seno de la Policía Local con el objetivo de proteger los intereses del magnate Bartolomé Cursach.

El reconocimiento se materializará este mes en un acto público de “desagravio” en el que Cort pretende expresar su reconocimiento a los afectados -unos 80 en total- y contribuir a “devolverles su honor”. Así lo ha anunciado en rueda de prensa el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, quien se ha referido a los homenajeados como “víctimas” que “sufrieron las consecuencias” de las pesquisas de la causa Sancus (como se denominó la operación policial que dio inicio al caso Cursach), al tiempo que ha defendido que el acto, que tendrá lugar en el cuartel de San Fernando, debería haberse celebrado antes como una forma de restablecer su honor.

La iniciativa llega después de años de reclamaciones de los agentes y funcionarios afectados para que el Ayuntamiento asumiera institucionalmente el perjuicio que, sostienen, sufrieron durante la investigación. En julio de 2023, el pleno de Cort ya aprobó la celebración de un acto público de desagravio y reconocimiento, además de reclamar la restitución de los derechos de los empleados municipales afectados.

La demora en su ejecución llegó incluso a los tribunales: en 2025, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo condenó al Ayuntamiento a indemnizar con 300 euros a uno de los funcionarios afectados por vulnerar su derecho de petición al no responder a su solicitud para concretar el homenaje.

Casi un millón de euros en compensaciones

Por otro lado, la Junta de Gobierno también ha aprobado la concesión de unos 140.000 euros para uno de los afectados, una cantidad que, según ha señalado Bauzá, se suma al casi millón de euros abonados en indemnizaciones y pagos a los policías y funcionarios. Tras la absolución de los investigados, el Ayuntamiento debía afrontar tanto los salarios dejados de percibir por funcionarios suspendidos de empleo y sueldo como sus gastos de defensa.

El reconocimiento municipal se produce tras el vuelco judicial sin precedentes que sufrió el caso Cursach. Las investigaciones, iniciadas a partir de un supuesto amaño de oposiciones de la Policía Local y posteriormente ampliadas a numerosas líneas de investigación sobre una presunta trama de corrupción vinculada al empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach, llegaron a afectar a cerca de 70 policías locales, además de empresarios y funcionarios.

Una de las piezas más relevantes fue la relativa al supuesto amaño del concurso de la ORA de Palma. En octubre de 2016 fueron detenidos varios empresarios y los nueve funcionarios que integraban la mesa de contratación, además de familiares del entonces concejal del PP Álvaro Gijón. Las investigaciones contra ellos acabaron archivadas por falta de indicios delictivos.

El macrojuicio contra Cursach y otros acusados terminó finalmente con la absolución del empresario y del resto de procesado. El giro se acentuó cuando el Tribunal Superior de Justicia de Balears condenó en noviembre de 2023 al exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán a nueve años de prisión por delitos de obstrucción a la Justicia, coacciones y omisión del deber de perseguir filtraciones durante la instrucción en relación con la pieza relativa al exconcejal Gijón. El tribunal consideró probado que ambos habían desplegado prácticas ilegales para apuntalar sus investigaciones y presionar a varios investigados.

La sentencia también condenó a tres policías del Grupo de Blanqueo que trabajaron con ellos, mientras que otro agente fue absuelto. Las penas contra Penalva y Subirán, no obstante, no son firmes, ya que fueron recurridas en casación ante el Tribunal Supremo.

El propio contenido del denominado chat Sancus, en el que participaban Penalva, Subirán y varios policías nacionales, fue una de las piezas centrales de la causa posterior contra los investigadores. En las conversaciones aparecieron mensajes que, según la acusación, evidenciaban una actitud de presión hacia algunos de los investigados y testigos. Con el homenaje, Cort pretende cerrar institucionalmente una de las etapas más conflictivas de la historia reciente de la Policía Local de Palma y reconocer a los funcionarios que fueron investigados y, en distintos casos, detenidos, encarcelados o apartados temporalmente de sus puestos y que finalmente quedaron fuera de las acusaciones.