Un caravanista se enfrenta a una multa de hasta 40.000 euros por entrar sin autorización en Ibiza y aparcar en rústico

El Consell d'Eivissa ha denunciado a la primera autocaravana por circular en la isla sin autorización de entrada y por haber aparcado en suelo rústico sin permiso, en aplicación de la ley de limitación de vehículos que entró en vigor el 1 de junio, y que seguirá vigente hasta el 30 de septiembre. La horquilla de las faltas graves se sitúa entre los 1.001 y los 10.000 euros, mientras que las muy graves pueden conllevar multas de entre 10.001 y 30.000 euros. Es decir, el afectado se puede enfrentar a una sanción de hasta 40.000 euros por esta denuncia.

“Caravana denunciada por incumplir la ley de limitación de vehículos: ni reserva de cupo, y estacionada irregularmente en suelo rústico”, ha anunciado Mariano Juan (PP), vicepresidente primero y conseller insular de Territorio y Movilidad, en su cuenta de X. “Las vistas a la puesta de sol saltándose las leyes territoriales le saldrán caras. Decididos a regular los flujos y asegurar el equilibrio”, ha añadido. Fuentes del Consell Insular informan a elDiario.es que la matrícula del vehículo es de Barcelona, así como la sanción a la que se enfrenta, sin dar más detalles. “No concretamos las zonas donde se actúa. Ahora se están haciendo inspecciones por la costa de toda la isla”, señalan.

La limitación de la entrada de vehículos durante los meses de temporada alta tiene un apoyo social amplio debido a la gran presión que hay sobre las carreteras en una isla con más coches y motos que habitantes, y pese a la oposición de las navieras y los ‘rent a car’. Durante este primer año de implantación, el Consell Insular ha aprobado un cupo máximo de 20.168 coches -a los que hay que sumar los que tienen residencia fiscal en la isla-, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, según informó la institución. Por tanto, durante ese periodo los vehículos de fuera de la isla tendrán que inscribirse a través de la plataforma ibizacircular.es para poder circular, previo pago de una tasa de un euro al día. Las infracciones leves contemplan multas de entre 300 y 1.000 euros; las graves, de entre 1001 y 10.000 euros y las muy graves, de entre 10.001 y 30.000 euros.

“La sanción mínima puede ser de 11.000 euros y la máxima de 40.000 euros. Si el afectado intenta recurrir, perderá el derecho al descuento por pronto pago. Ese descuento puede variar entre un 15, 20 o incluso un 50%, dependiendo de cómo lo califiquen”, afirma a elDiario.es Jesús Gallardo, presidente de la Plataforma Nacional de Autocaravanas Autónomas y asesor legal de las autocaravanistas. “Es lo que llamo un chantaje administrativo: o aceptas la sanción y pagas menos, o recurres y pagas el total”, lamenta Gallardo, quien mantiene pocas esperanzas sobre la posibilidad de que se anule la sanción.

Recurrir por la vía legal

Gallardo estudiará con el afectado acudir a la vía administrativa que podría llegar hasta el Tribunal Supremo a través de la presentación de un recurso de casación, previo paso de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB). “El TSJIB no le va a dar la razón”, sentencia Gallardo. Sin embargo, el letrado descarta acudir al Tribunal Constitucional porque considera que la ley no vulnera ningún derecho constitucional.

Por otro lado, hay que tener en cuenta el coste económico. “Si la víctima quiere recurrir, yo puedo asesorarle y empezar el procedimiento, pero tiene que saber que el camino es largo y caro”, indica Gallardo. El letrado admite que el coste de recurrir podría ser mayor que pagar la multa. “Si no puede pagar, le embargarán bienes: nómina, la propia autocaravana, etc”, explica. “Esto podría arruinar a esta persona”, lamenta.

Asimismo, Gallardo ha criticado a Mariano Juan, vicepresidente primero y conseller insular de Movilidad y Territorio, debido a la restricción que se ha introducido en la ley y que prácticamente prohíbe la circulación de autocaravanas domiciliadas fuera de la isla. “Bajo mi punto de vista se trata de meter miedo a la gente. No se puede permitir que el Partido Popular haga algo así. Y encima alardean”, critica.

En opinión de Gallardo, la restricción que se aplica a las autocaravanas supone una “discriminación”, ya que no se aplica a los turismos que pueden “entrar y estacionar en cualquier sitio de la isla y en cualquier aparcamiento público o privado”. Por eso, considera que la normativa prohíbe de facto que una autocaravana pueda entrar en la isla sin tener una reserva en un parking cuando las competencias de regulación de estacionamiento, acampada y tráfico son de los ayuntamientos, en base a la ley del régimen local. Al contrario que el resto de vehículos con matrícula de fuera de Eivissa, que pueden entrar registrándose en la web habilitada por el Consell Insular.

La normativa que limita la entrada de vehículos a la isla hace una distinción con las autocaravanas: para entrar con ellas hay que reservar previamente la estancia en un camping (hay cinco con unas 200 plazas en toda la isla), cuyo precio oscila los 1.800 euros al mes. El Consell Insular, con competencias en suelo rústico, prohíbe específicamente el estacionamiento de vehículos —tanto si son autocaravanas como si no— en dichos terrenos —esta prohibición es independiente de la residencia fiscal del vehículo—.

Precisamente, dado que las ordenanzas municipales de cuatro de los cinco ayuntamientos no permiten la pernocta de las autocaravanas, estos vehículo-vivienda buscaban los espacios rústicos como una alternativa de estacionamiento durante temporadas largas.

La autocaravana como alternativa habitacional

La burbuja especulativa de los precios de la vivienda en la isla —donde se pueden llegar a pagar hasta 1.000 euros o más por el alquiler de una habitación— ha tenido, entre sus consecuencias, la proliferación de las autocaravanas como vehículo-vivienda, una homologación que está reconocida por el Tribunal Constitucional. Montse, que lidera un movimiento asociativo que busca regular el turismo itinerante de las autocaravanas, explicó a elDiario.es que en 2018 tuvo que abandonar el piso en el que vivía porque se le acabó el contrato de alquiler. Pagaba 600 euros entonces. “No encontré ninguna opción que no me obligara a compartir vivienda con más de tres personas, o habitaciones compartidas por ese mismo precio”, lamentó. Por este motivo, decidió comprarse una autocaravana.

Montse es solo un ejemplo de las miles de personas que en la última década han optado por esta solución habitacional ante la grave crisis de vivienda que golpea la isla. Una opción que no está exenta de dificultades, ya que las ordenanzas municipales de todos los ayuntamientos -excepto Sant Joan de Labritja- prohíben específicamente la acampada o pernocta, lo que impide de facto que puedan estacionar de forma prolongada en la mayoría de los núcleos urbanos. Ahora, las restricciones van un paso más allá: se impide la acampada y pernocta en suelo rústico “fuera de los campamentos de turismo legalmente existentes”, una competencia del Consell Insular, como queda establecido en la ley de control de afluencia de vehículos.

Lucha contra el “intrusismo”

La posición del Gobierno insular es otra. La máxima institución insular traslada que la ley no afecta a los caravanistas con domicilio fiscal en Eivissa y que la prohibición de estacionar y pernoctar en suelo rústico tampoco se aplica a quien tenga su autocaravana en un terreno de su propiedad.

Además, enmarca estas acciones en la denominada lucha contra el intrusismo, ya que hay propietarios con fincas rústicas que utilizan sus terrenos para hacer negocio alquilando parcelas de forma ilegal, como ocurrió en el poblado chabolista de Can Rova. Estas medidas tienen como objetivo “favorecer la oferta reglada y de calidad, cercando a los infractores y a quienes se aprovechen del nombre de Eivissa sin aportar nada a nuestra sociedad”.

“El turismo de caravanas es bienvenido en la isla siempre que lo haga de forma reglada, en establecimientos como los campings, donde encuentran todos los servicios y las garantías sanitarias, sin afectar a zonas naturales de nuestra isla”, argumentó Juan, vicepresidente primero y conseller insular de Movilidad y Territorio, en el marco de una reunión celebrada el 21 de abril con los directores de los cinco campings de Eivissa.