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La justicia británica determina que 10 civiles asesinados en 1971 en operaciones del ejército eran inocentes y no miembros del IRA

Un operario limpia los restos de los disturbios ocurridos en la puerta del 'muro de la paz' en Lanark Way, Belfast, hace unas semanas.

EFE

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Un tribunal especial norirlandés ha concluido este martes que los 10 civiles que murieron durante las operaciones del ejército británico en 1971 en el barrio nacionalista de Ballymurphy, en Belfast, eran “completamente inocentes”.

La jueza al frente del proceso, Siobhan Keegan, ha determinado que los militares fueron responsables de nueve de esas muertes y aunque no ha hallado una relación clara con la décima, calificó de “lamentable” que las autoridades de la época no investigaran “adecuadamente” este suceso, uno de los más controvertidos del conflicto en el Úlster.

El fallo descarta que los 10 civiles fallecidos, entre los que figuraba el sacerdote católico Hugh Mullan, abatido a tiros cuando trataba de ayudar a una herida, y una madre de ocho hijos, estuvieran implicados en “actividades paramilitares” y los declaró “inocentes de cualquier acción ilegal esos días”.

En su sentencia, Keegan recordó que Irlanda del Norte atravesaba una “situación caótica”, pero consideró que el uso de la fuerza efectuado por el Ejército en Ballymurphy entre los días 9 y 11 de agosto de 1971 fue “desproporcionado”.

El conflicto había comenzado tres años antes y el Gobierno de Londres aplicaba una política de internamiento, sin juicio de por medio, a sospechosos de terrorismo, una medida muy impopular entre la comunidad nacionalista-católica.

En este contexto, varias unidades del Ejército británico llevaron a cabo en Ballymurphy, al oeste de Belfast, la “Operación Demetrius” con el objetivo de buscar y arrestar a supuestos miembros del ahora inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA).

Según la versión oficial, los militares abrieron fuego después de recibir los disparos de republicanos en esta zona de mayoría católica, una explicación que siempre ha sido rechazada por las familias, que sostienen que los uniformados actuaron siguiendo la llamada política de “disparar a matar”, diseñada, según ellos, por el poder político y castrense.

La investigación especial sobre este suceso forma parte del proceso lanzado tras la firma del acuerdo de paz del Viernes Santo, que puso fin al conflicto en 1998, para lidiar con su legado y esclarecer crímenes cometidos por las fuerzas del orden y los grupos paramilitares.

Victoria “agridulce”

El partido Sinn Féin, antiguo brazo político del IRA, ha afirmado este martes que “las víctimas y las familias de la masacre de Ballymurphy” se han visto “reivindicadas” al “exponerse la verdad”, que constata que “esto fue un asesinato del Estado británico”.

Su presidenta, Mary Lou McDonald, ha celebrado el resultado de la investigación, pero ha dicho que se trata de una victoria “agridulce”, pues coincide con una propuesta de ley anunciada este martes por Londres que prevé conceder una amnistía a los militares que sirvieron en Irlanda del Norte durante el conflicto.

El Gobierno británico dará más detalles en las próximas semanas, si bien el Ejecutivo irlandés y la mayoría de los partidos norirlandeses ya habían criticado esta medida unilateral, de la que también podrían beneficiarse los grupos paramilitares protestantes-unionistas y nacionalistas-católicos.

“El Gobierno introducirá un paquete sobre memoria que ofrece mejores resultados para víctimas, supervivientes y veteranos, se centra en la recuperación de información y en la reconciliación, al tiempo que pone fin al ciclo de investigaciones”, ha explicado Londres en un comunicado.

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