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China sigue castigando a los periodistas que informaron sobre el primer brote de COVID

Chen Qiushi, periodista chino durante su viaje a Wuhan.

Helen Davidson


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Chen Kun vivía en Indonesia con su esposa y su hija cuando el jefe de su hermano Mei le informó que la policía china se lo había “llevado por una investigación”.

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Inmediatamente sospechó que era por la página web de su hermano, un proyecto de periodismo ciudadano llamado Terminus 2049. En 2018, Mei, su colega Cai Wei y la pareja de Cai, Tang, comenzaron a recolectar artículos sobre temas que incluían al movimiento #MeToo y los derechos de migrantes, y los publicaban cuando eran eliminados de las plataformas en Internet estrictamente vigiladas y censuradas en China. Era abril de 2020 y en los meses anteriores Terminus 2049 había seguido las noticias sobre el estallido del COVID-19 y las respuestas a la pandemia.

En una entrevista con The Guardian desde su casa en Francia, Chen recuerda que había advertido a su tímido y apasionado hermano menor del riesgo de administrar una página como esa. Pero pensaba que en el peor de los casos invitarían a Mei “a tomar el té”, un eufemismo para los interrogatorios de las agencias de seguridad. No imaginó que lo arrestarían.

Sin embargo, Mei y Cai pasaron casi 16 meses detenidos. Tang fue liberada en mayo, cuando los otros dos fueron condenados en un juicio que, según Chen, duró poco más de hora y media. Mei y Cai fueron sentenciados a 15 meses de cárcel y fueron liberados en agosto porque ya había pasado ese tiempo desde su detención. Es posible que Mei siga bajo vigilancia.

El grupo forma parte de una larga lista de periodistas y otros individuos arrestados y retenidos, a menudo sin juicio, por las autoridades chinas, en una ola de represión que parece haber escalado durante la pandemia.

En diciembre, un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) detalló una “pesadilla” que ha empeorado para los periodistas bajo el Gobierno de Xi Jinping. Se sabe que al menos 127 de ellos están detenidos. Más de 70 son periodistas de la etnia uigur, y al menos 10 personas fueron arrestadas por informar sobre el epidemia de COVID y la cuarentena en Wuhan.

Chen dice que es una señal de lo susceptibles que son las autoridades chinas con respecto a la pandemia y sus orígenes.

“Estoy seguro de que la razón por la cual arrestaron a mi hermano fue la COVID”, dice Chen. “Antes de su arresto no había tenido problemas”.

Guerra contra el periodismo independiente

Formalmente, Mei fue arrestado por “causar problemas”, un cargo vago y generalizado usado contra disidentes, activistas y periodistas. Fue asignado a una vigilancia residencial en "un lugar designado", que es una forma de arresto secreto y solitario cada vez más frecuente en China, donde los acusados pueden permanecer detenidos hasta seis meses y son interrogados sin acusación ni contacto con abogados o familiares.

El grupo de defensa de derechos humanos Safeguard Defenders estima que entre 45.000 y 50.000 personas han sido detenidas según esta fórmula, 15.000 de ellas solo en 2020. Entre ellas estaban Mei, la presentadora australiana de CGTN Cheng Lei, la periodista Sophia Huang Xueqin y el activista Wang Jianbing.

Mei y sus colegas de Terminus 2049 fueron liberados en agosto, y él vive en su casa en China. Chen sigue defendiendo a los detenidos, en particular a Huang, y dice que ni su hermano ni sus padres tienen conocimiento de sus campañas.

Además de informar sobre el movimiento #MeToo y las protestas en Hong Kong –por lo cual Huang fue detenida durante tres meses en 2019– ella también había entrevistado a Chen y había escrito sobre Mei.

“Huang intentaba registrar las historias y las experiencias de muchas personas como mi hermano, los defensores”, dice Chen.

La periodista independiente no ha sido vista desde que ella y Wang fueron arrestados en septiembre en la víspera de su viaje a Europa para estudiar. En octubre le dijeron a sus padres que había sido arrestada por “subvertir el poder estatal”.

Zhang Zhan también es objeto de campañas de derechos humanos. Exabogada convertida en periodista ciudadana, fue sentenciada en Navidad a cuatro años de prisión por 122 videos que publicó en Internet y por entrevistas que dio a medios extranjeros durante 14 semanas en Wuhan. Lleva ya un tiempo en huelga de hambre, y ningún amigo o familiar consigue que interrumpa su protesta. Zhang está a punto de morir, según su familia.

Mientras los grupos de derechos humanos, los de defensa legal y medios de comunicación sostienen que ella nunca debería haber sido condenada, una campaña internacional pide su liberación urgente con cualquier justificación posible para salvar su vida.

Fang Bin, que grabó reportajes desde Wuhan y los emitió a través de YouTube igual que Zhang, no ha sido visto desde su arresto en febrero de 2020, y Li Zehu, que transmitió en vivo la persecución policial que llevó a su arresto alrededor de ese mismo momento, estuvo detenido dos meses. Chen Qiushi, un exabogado de derechos humanos y ahora periodista ciudadano, reportó desde hospitales en Wuhan, donde entrevistó a familias, desapareció en la misma época y no reapareció hasta septiembre.

En febrero de 2020, Cheng Lei, presentadora de la cadena estatal china CGTN, publicó en Facebook que ella y su amiga Haze Fan, una trabajadora de Bloomberg, habían estado presionando sin éxito para reportar desde Wuhan. En agosto, Cheng fue detenida y acusada de “suministrar ilegalmente secretos de estado en el extranjero”. Fan fue arrestada en diciembre. Ambas continúan detenidas tras más de un año.

Cedric Alviari, director de RSF para Asia Oriental, dice que la cifra de 127 periodistas y activistas por la libertad de prensa detenidos es la mayor en cinco años. Incluye a 71 periodistas de la etnia ugiur y al menos a 10 que están en peligro de muerte si no son liberados de inmediato, según RSF.

Aviari dice que la represión es comandada por Xi, que ha “declarado una guerra al periodismo independiente” tras afirmar su control sobre los medios tradicionales.

“Lo único que él y el Partido Comunista Chino han hecho durante los últimos ocho años ha sido eliminar a las voces independientes”, dice.

Traducción de Ignacio Rial-Schies

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