La Comunidad de Madrid indemnizará a las familias de los fallecidos por amianto en Metro con 370.000 euros

Estantería con piezas que contienen amianto, en los depósitos de Metro de Madrid de Canillejas. / Fernando Sánchez

La Comunidad de Madrid indemnizará con más de 370.000 euros a las familias de los trabajadores de Metro de Madrid fallecidos por amianto, siempre que lo determine una inspección, tras haber fijado el Juzgado de lo Social número 10 esa condena para uno de los casos. El requisito es que haya un reconocimiento previo, normalmente con la enfermedad profesional, de la vinculación entre la exposición sin protección al asbesto y la dolencia de los trabajadores.

El Gobierno regional no presentará ningún recurso e indemnizará “de manera inmediata” a la familia, ha explicado el presidente regional en funciones, Pedro Rollán, que asegura que con la sentencia la administración ya dispone de una referencia económica para otros posibles casos. “Lo que se pretendía era tener fijado ese criterio ante casos similares. Hay un segundo caso que ya se ha determinado que puede haber una causa-efecto y se aplicaría el mismo criterio”, ha detallado Rollán. Con ello se buscaría, ha dicho, evitar “el calvario” judicial a las familias, han detallado posteriormente fuentes del Gobierno autonómico.

El dirigente autonómico ha explicado que desde la Inspección de Trabajo se determinó que existía una causa-efecto en dos casos concretos y que se adoptaron “todo tipo de medidas” para que no se volviese a producir. Estos dos casos responden al nombre de Julián M.R y Antonio M.C. El primero inició una demanda en vida contra Metro pero falleció en octubre del año pasado antes del juicio. La jueza firmó hace cuatro días la primera condena por la vía de lo social a Metro de Madrid por la crisis del amianto. Antonio M.C murió el mayo de 2018 con la enfermedad profesional reconocida.

A estos dos fallecidos se suma un tercer compañero, cuya muerte por cáncer de pulmón se conoció la semana pasada. Tenía 64 años y trabajó mano a mano con Julián y Antonio hasta que fue despedido en el ERE de la compañía en 2014. El extrabajador estaba a la espera de que la Seguridad Social se pronunciara sobre si había relación con exposición a este material, según informaron fuentes sindicales.

Rollán ha recordado que se trata de “unos hechos que tuvieron hace treinta o cuarenta años”, dado que es una enfermedad “que puede permanecer en el cuerpo” y hasta tiempo después no manifestarse. También ha defendido que Metro, ha llevado a cabo una serie de protocolos, procedimientos y revisiones “inéditas” para garantizar que los trabajadores y los usuarios “están dentro de la más absoluta garantía sanitaria”.

Estas actuaciones se han puesto en marcha después de la multa de la Inspección de Trabajo por no proveer a los empleados de información ni equipos para protegerse de la exposición al asbesto, algo contrario a la ley desde el año 2006. Metro fue condenado a pagar una sanción grave de 191.000 euros que aún no se ha abonado a la espera de que la Fiscalía, a quien Trabajo dio traslado de los antecedentes, dictamine si ve indicios de delito en la actuación del suburbano.

A la información que maneja el Ministerio Público se ha incorporado hace una semana el resultado de la comisión de investigación que han hecho sobre el asunto los diputados de la Asamblea de Madrid. “Dejadez, incapacidad, imprudencia en la gestión y no cumplimiento de la ley” encabezan sus conclusiones, que ya tiene en sus manos la fiscal.

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