El Gobierno de Cifuentes admite que la providencia “traspapelada” pasó por manos de altos cargos antes de perderse
La providencia judicial “traspapelada” por el Gobierno de Cifuentes y que le daba vía libre para entregar documentos del Canal de Isabel II a la oposición pasó por muchas manos antes de perderse. Llegó a una subdirección dependiente de la Abogacía de la Comunidad de Madrid, donde fue escaneado para pasarse al letrado jefe del servicio civil y penal. Él lo mandó por correo, con el visto bueno del Abogado General, a la subdirección de régimen jurídico donde una funcionaria “lo archivó” porque “no tenía conocimiento de qué era”. Ese periplo lo hizo la resolución junto a otro auto que llegó del mismo juzgado el mismo día: el que aceptaba la acusación particular del Ejecutivo en el caso Lezo.
Es el relato que ha hecho este jueves el consejero de Presidencia, Ángel Garrido, en una comparecencia a petición propia para explicar lo sucedido, que hace recaer la última responsabilidad en una funcionaria de la subdirección de régimen normativo.
“Al no tener elementos de juicio suficiente para poder valorar qué tratamiento podía dar a dicho correo, esto es, a qué órgano debía remitirlo, lo archivó”, ha admitido en la Asamblea tras explicar que el trabajo habitual de estos funcionarios dependientes de la Secretaría General Técnica es “dar curso a las notificaciones judiciales a sus distintos destinatarios”. Ella, según su relato, no lo hizo.
El Gobierno justifica que como no ponía en ningún punto que la providencia era una respuesta al viceconsejero de Presidencia, la persona que lo desechó pensó que no tenía que trasladarlo a nadie más, aludiendo a las explicaciones que ha dado la funcionaria. Es la primera vez que el Ejecutivo menciona a esta persona. De hecho, a quien cesó fue a su responsable, que estaba de vacaciones y nunca vio la providencia.
Garrido también ha exculpado a la jefa del área jurídica de la subdirección de régimen normativo porque también estaba ausente, según su relato. El consejero ha dicho en todo momento que se siguieron los protocolos marcados hasta este punto.
Para la oposición, las explicaciones no terminan de esclarecer lo que pasó. “Se me hace muy raro que una persona que recibe una providencia, la ve, no la entiende y la guarda. ¿Alguien la guardaría? ¿Qué tipo de gente hay trabajando en la Comunidad de Madrid?”, ha espetado el diputado de Ciudadanos César Zafra. El PSOE se pregunta por qué cesaron al subdirector pese a que estaba de vacaciones. “¿Con qué fecha está registrado en la Comunidad de Madrid? ¿Existe sello de entrada? ¿O es que allí entran y salen los papeles sin control”?, ha preguntado el socialista José Manuel Franco. Desde Podemos, han acusado al Gobierno de “contar milongas”.
En su réplica, Ángel Garrido ha acusado a los tres grupos de la oposición de intentar querer dañar a la presidenta y les ha pedido que no busquen “más allá porque no van a encontrar”, unos argumentos similares a los que ha utilizado el diputado del PP, Alfonso Serrano, ex portavoz del grupo en la comisión que investiga la corrupción que el PP ha dejado.
