CSIF recurre el “arbitrario” decreto de Ayuso que enfrenta a docentes y familias por la jornada partida en los colegios
Los sindicatos cierran filas en sus dudas por la jornada partida obligatoria en colegios públicos de Madrid. CSIF ya ha presentado su recurso contra el decreto aprobado en diciembre por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que cambia el horario lectivo y lo organiza en dos sesiones, mañana y tarde, separadas por un intervalo de dos horas con carácter general. Solo en septiembre y junio, coincidiendo con el inicio y el fin de curso, podrá plantearse la posibilidad de mantener la jornada continuada, siempre de forma temporal. Sin embargo, para el sindicato de funcionarios es una medida “arbitraria” y unilateral.
Es en lo que se fundamenta su denuncia, presentada el 9 de enero y a la que ha tenido acceso Somos Madrid. En el escrito se argumenta una vulneración del principio de participación democración y el de negociación colectiva, así como advierten de una “falta de motivación y arbitrariedad en el ejercicio de la potestad reglamentaria. Es decir: que ni se ha negociado con las partes ni expone debidamente cómo esto ayudará al desarrollo de la actividad académica, siempre según las consideraciones del órgano sindical.
Desde que se presentó el anuncio causó revuelo entre la comunidad educativa, con posiciones dispares entre el profesorado y las familias: los primeros se posicionan fundamentalmente en contra por la merma que supone en sus derechos laborales, mientras que entre los segundos suele verse con buenos ojos aludiendo a más opciones de conciliación.
No conocemos ningún informe pedagógico que diga que una jornada es mejor que la otra
El responsable de educación de CSIF, Miguel Ángel González, asegura que su organización no conoce “ningún informe pedagógico que diga que una jornada es mejor que la otra”, y advierte que el asunto “no ha sido negociado” en la Mesa Sectorial de Educación, el órgano de coordinación oficial entre la Consejería de Educación y los representantes de los docentes. González considera que “se han aducido ventajas pedagógicas”, pero a su juicio aún no quedan demostradas.
Los argumentos que esgrimió el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local en el anuncio, Miguel Ángel García, es que la medida mejorará el rendimiento del alumnado o favorecerá la conciliación entre sus familias si el colegio decide tramitar el cambio de jornada. Para hacerlo, cada centro deberá lograr la aprobación de al menos un tercio del Consejo Escolar, donde hay representados miembros del personal no docente, profesionado, familia y agentes municipales.
Tras confirmarse el escrutinio, el presidente del Consejo Escolar informará de su resultado al claustro y a los miembros del órgano, y el director lo trasladará a la Dirección de Área Territorial correspondiente. Pero CSIF considera que la mayoría simple permite al centro cambiar a jornada partida “sin un mínimo de participación”, y no son los únicos que han puesto pie en pared con el anuncio.
ANPE advierte: impugnará el decreto “en los próximos días”
Además de CSIF, el resto de sindicatos de la Mesa Sectorial en representación de los docentes (ANPE, CCOO y UGT) han cuestionado públicamente la norma desde el momento de su autorización. Los primeros, sin ir más lejos, confirman que el asunto ya está en manos de sus abogados e impugnarán el decreto de Ayuso “en los próximos días”. El proceso de autorización para el cambio de jornada deberá efectuarse antes del 15 de marzo de cada año, así que el tiempo apremia.
La presidenta de ANPE en Madrid, Carolina Fernández, explica a este periódico que el nuevo marco que dispone la Comunidad “ignora el conocimiento de los docentes” y no tiene en cuenta que el alumnado “está más cansado por la tarde” e incluso, según su situación familiar o social, puede que algunos estudiantes “no lleguen a volver para la segunda sesión”. Además, pone en tela de juicio el argumento del consejero acerca de la conciliación familiar.
“Tenemos unos ritmos de trabajo que no permiten compaginar el trabajo con la vida, y eso es una realidad social. Pero ese cambio no puede dejarse a cargo de unos profesionales de la educación, sino más bien de la estructura que lo sostiene”, reflexiona la representante de los docentes madrileños. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, también se suman a este debate en torno a la nueva jornada lectiva.
El responsable sectorial en UGT-Madrid, Javier Becerra, indica que su gabinete jurídico “está evaluando” una posible denuncia que se añada a la cola, pero aún valoran los recovecos legales para asegurarse de que nada haga naufragar ese futuro recurso. “Hay cuestiones que no vemos claras”, determina Becerra. En Comisiones Obreras se reaccionó a la aprobación del decreto con críticas al horario que puede imponer a los menores.
“Se cambia la normativa porque, de una manera bastante latente, se utilizan los centros educativos como guarderías y a los niños se les deja, una vez más, aparcados el mayor horario posible para que las familias puedan abordar las jornadas laborales maratonianas que nos ofrecen en los puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid”, expresó en diciembre la secretaria general en la Federación de Enseñanza de CCOO, Aida San Millán. En las próximas semanas se constatará si otras denuncias se unen a la CSIF y hasta qué punto esto puede trastocar el polémico decreto.
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