Mendoza pone la cruz al gobierno local y regional del PP

La UCAM ha remitido a sus empleados un documento de adhesión con el que suscriban su apoyo a la institución como generador de un “alto grado de empleabilidad y estabilidad laboral”. Esta suerte de manifiesto va dirigido tanto al profesorado como el personal de administración y servicio, que comienza expresando que es un “honor trabajar en la Universidad Católica de San Antonio”.

El documento reza, además, que la institución imparte una “docencia de calidad, una investigación excelente y una importante formación en valores, además de hacer una gran labor en el ámbito deportivo”. El texto va dirigido tanto al Gobierno de la Comunidad como el Ayuntamiento, a los que acusa de “persecución, maltrato y graves perjuicios”. El objetivo final, con la firma de los miembros de la institución, es declarar el “interés público” de los edificios de la UCAM, vía por la cual podrían regualizarse.

Fuentes de la católica afirman que entre sus miembros hay “miedo e incertidumbre” ante la “amenaza velada” a la hora de firmar el documento: “Quedas marcado hagas lo que hagas”. Por ahora no ha llegado al grueso de la plantilla, solo a los directivos: decanos, vicedecanos, secretarios académicos, entre otros, pero se espera que acabe por llegar también al personal administrativo.

El envío de la misiva se produce en un contexto de varios frentes abiertos para la UCAM: el Ayuntamiento tiene un expediente abierto por la situación de irregularidad en algunos de sus edificios; se mantiene vigente el litigio contra los funcionarios de la Consejería de Cultura, a los que la Fundación San Antonio acusa de obtaculizar su derecho a edifciar. Paralelamente, la semana pasada los medios se hacían eco de que la Fiscalía quería llevar a juicio lo antes posible a Mendoza por sus obras sin licencia. Además, Onda Cero publicaba ayer que parte del campus de la UCAM se había hipotecado unilateralmente a favor de la Tesorería de la Seguridad Social para responder de cantidades millonarias.