La exconsejera de Medio Ambiente de Murcia, procesada por la construcción de una tubería en el Mar Menor sin procedimiento de valoración ambiental

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote, ha puesto un auto de procedimiento abreviado a la exconsejera de Medio Ambiente de la Región de Murcia, Adela Martínez-Cachá, por un presunto delito de prevaricación relativo a la construcción de unas obras hidraúlicas en 2016 en la zona de la Marina del Carmolí junto al Mar Menor. El exdirector general del Agua, Andrés Martínez Francés, también ha sido procesado.

La exconsejera popular de Agricultura y Medio Ambiente y posteriormente de Educación de la Región impulsó la construcción de una tubería desde la estación de bombeo de la desembocadura de la rambla Albujón y que atraviesa el espacio protegido de la Marina del Carmolí hasta otra tubería de la Comunidad de Regantes de Arco Sur situada cerca de Los Urrutias, localidad del Mar Menor. 

La intención del Gobierno regional con esta tubería era llevar los vertidos de salmueras contaminadas de nitratos, excedentes de riego y drenajes agrícolas hasta la desaladora de los regantes de Arco Sur situada en Cabo de Palos, en lugar de que fueran a parar al Mar Menor. De este modo, esta comunidad de regantes se quedaría con el caudal desalinizado, mientras que la salmuera y excedentes se verterían al mar Mediterráneo.

Esto se hizo sin el necesario “procedimiento de valoración ambiental”, según fuentes judiciales, a pesar de que así lo hizo constar la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Comunidad en un informe técnico. Tampoco se tuvo en cuenta las posibles repercusiones que pudieran afectar a este espacio protegido de la Marina del Carmolí por la Red Natura 2000.

El Gobierno regional decidió llevarse este caudal por esta tubería hasta que llegara a Cabo de Palos, donde se supone que se haría un tratamiento de desalación eficiente para tirar al mar el agua sobrante, mientras que el agua desalada iría a parar a la Comunidad de Regantes del Arco Sur, informaron fuentes de Ecologistas en Acción, organización que denunció este tema ante Fiscalía.

“Las pequeñas desaladoras que emitían la salmuera a la rambla del Albujón tendrían que haber estado autorizadas para meterla en ese tubo. Y, a su vez, esos vertidos de salmuera al mar Mediterráneo también eran ilegales”, dijo Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción. “Además, el agua que se desalaba tenía que ir a unos regadíos que también tenían que ser legales y que, en cambio, habían sido construidos sin evaluación de impacto ambiental. Todo el objeto de esa tubería era para actividades irregulares”, añadió Luengo.

El proyecto hidraúlico nunca llegó a funcionar y costó 1,7 millones de euros. “Se gastó ese dinero en construir una infraestructura inútil, que además no se invirtió en resolver problemas del Mar Menor y que, para nosotros, es una prueba de la política de palos de ciego de la administración regional con respecto a la laguna”, añadieron desde la organización ecologista.

El Gobierno murciano relaja la normativa medioambiental con la excusa de la pandemia

Recientenmente, bajo el decreto ley de Mitigación de impacto socioeconómico de la COVID-19 el Gobieron de la Región ha aprobado una profunda reforma de la Ley de Suelo de la Región de Murcia y de la Ley 4/2009 en materia de Protección ambiental Integrada de la Región. Los cambios suponen una rebaja de las exigencias y controles a la hora de planificar urbanísticamente en Murcia.

La nueva ley de suelo elimina importantes competencias del Consejo de Gobierno para traspasarlas a las distintas consejerías, que no necesitarían de informes previos antes de la aprobación de diversos asuntos urbanísticos. También se suprime la existencia de órganos colegiados como la Comisión de Coordinación de Política Territorial de la Comunidad Autónoma, que contaba entre sus vocales con un representante del Estado y otro de la Federación de Municipios de la Región de Murcia. 

Con el nuevo decreto ley esta es la sexta reforma de la Ley de Protección Ambiental desde su creación. El nuevo texto permite que se aumente hasta un 30% sin control alguno el consumo de recursos y la contaminación por vertidos y emisiones por parte del sector industrial. Con dicha reforma los ayuntamientos podrán evaluar el impacto ambiental de un proyecto urbanístico y remitir a la Consejería la documentación necesaria, ante la petición de un particular o empresa, para comenzar dicho proyecto.