En el contexto de la epidemia de COVID-19, distintas comunidades autónomas en España han decretado la obligatoriedad del uso de mascarillas, aún en situaciones en las que se guarde la distancia interpersonal de seguridad oportuna para prevenir el contagio. Esta obligación se justifica en la falta de respeto a la distancia de seguridad por parte de la población y en facilitar a las fuerzas de seguridad la identificación de infractores. La proliferación de contagios y la abundancia de conductas de riesgo (aglomeraciones sin mascarilla) se encuentran detrás de esta medida.
La democracia es un régimen político que se apoya en la presunción de capacidad y responsabilidad por parte del pueblo para gobernarse, directamente o a través de representantes elegidos en las urnas. Los gobernantes dictan normas que facilitan la convivencia, restringiendo conductas individuales que resulten perniciosas para la sociedad y las fuerzas de seguridad persiguen a los infractores puntuales que incumplan estas normas. El modelo político parte de que el conjunto de la población se siente partícipe y responsable del sistema. No tiene sentido una democracia sin corresponsabilidad del pueblo, estaríamos hablando de una dictadura (aunque fuese electiva como la monarquía de los pueblos germánicos de la antigüedad).
En España es frecuente encontrar leyes destinadas a proteger al pueblo de sí mismo, dando por supuesta la falta de corresponsabilidad de este en el funcionamiento social. La obligatoriedad de utilizar el cinturón de seguridad en el coche o el casco en moto y bicicleta no pretenden la protección de la convivencia, sino la del individuo frente a sus propias decisiones. El uso de radares ocultos para detectar a conductores que incumplen la normativa de circulación en relación con los límites de velocidad no está orientado a disuadir de estas conductas sino en 'cazar' a infractores a los que se supone que cumplirían con la norma si el radar fuese visible. Así, en vez de apelar a la corresponsabilidad de los gobernados, se persigue a los infractores ocultos, tratando de encontrar entre el pueblo a los enemigos del orden y el estado. “Purgandus populus”, que decían Els Joglars.
En un país conquistado por romanos, visigodos, árabes, franceses, etc, la autoridad política muestra la expectativa encontrar un pueblo que se opone a esta y que tiene que ser gobernado mediante la imposición de la ley y el orden.
A la inversa, el pueblo español tiene como líderes tradicionales a guerrilleros como Viriato y la literatura en castellano comienza con el “qué buen vasallo si tuviese un buen señor” del Cid. Los conductores se avisan con las luces de que la guardia civil se encuentra vigilando en un tramo concreto de carretera y podríamos seguir enumerando ejemplos de desafección del pueblo respecto de su gobierno. El pueblo construye normas sociales paralelas, más allá de la legislación 'oficial', como en 'El Alcalde de Zalamea', e incumple las leyes que no le parecen adecuadas o se somete a ellas ante el miedo al castigo, sin sentirse partícipe de la organización del orden político. El rechazo a la ley impuesta por el gobierno forma parte de la soberbia del español, descrita magistralmente por Fernando Díaz-Plaja en 'El Español y los Siete Pecados Capitales'. Así, se cierra un círculo vicioso en el que pueblo y gobierno se enfrentan continuamente, no reconociendo la autoridad o la autonomía del otro y desarrollando una “guerra civil latente”, al margen de las frecuentes guerras civiles bélicas que se repiten a lo largo de nuestra historia.
La lucha de clases está presente, en mayor o menor medida, en todas las sociedades estratificadas, pero en España se produce un grado alarmante de deslegitimación del estado ante el pueblo, y de desconfianza del pueblo por parte del estado.
La obligatoriedad de llevar mascarilla cuando una distancia interpersonal suficiente no la hace necesaria desde un punto de vista sanitario se basa en la búsqueda de una imposición suficiente del pueblo para garantizar la salud pública, intentando garantizar que se cumpla la norma en las circunstancias en las que sí hace falta (cuando no se puede mantener la distancia de seguridad). Este es un ejemplo más de la quiebra de la confianza del estado en un pueblo que ni le reconoce adecuadamente como autoridad, ni se hace cargo de sus deberes cívicos.
Sólo veo salida a esta situación a través de la educación, cambiando radicalmente la percepción del “pacto social”. Sin embargo, si la publicidad del estado y las recomendaciones de los profesores son percibidas como acciones de una parte del conflicto contra la otra va a resultar muy complicado cambiar esta dinámica.
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