El jefe de los promotores –inmobiliarios, por supuesto- murcianos ha aprovechado su reunión con el nuevo presidente de la Comunidad para transmitir dos ideas principales: que necesitan más ayudas por parte de la administración; y que se aproveche la “desconfianza” creada entre los inversores nacionales e internacionales por los nuevos gobiernos locales de Madrid y Barcelona para que Murcia, en definitiva, sea capaz de ocupar el espacio de confianza perdido en las dos mayores capitales.
Llama la atención que en la situación actual, y digamos que con todo lo que ha caído, se atreva este caballero a reclamar ayudas específicas, incluso en impuestos, para los suyos. Que sean otros los que califiquen esta actitud, pero no deberíamos pasar por alto algunas consideraciones.
La responsabilidad del sector que él encabeza en el clima creado en torno a la credibilidad de las instituciones murcianas es ineludible. Concejales, consejeros, alcaldes, y hasta los presidentes de la Comunidad Autónoma han visto puesta en tela de juicio su reputación, a menudo ante los tribunales de justicia, por el cariz de sus relaciones con promotores inmobiliarios. No con metalúrgicos, fabricantes de plásticos o elaboradores de mortadela. Estamos hablando de una parte muy específica del empresariado murciano, donde, como los hechos han venido a mostrar, ha habido más negociantes que emprendedores. Sigo situándome, como verá el lector, en la parte menos hiriente del espectro semántico.
No vamos a esperar del Sr. Hernández y de su corporación aquello de ‘pedir perdón’ por los que hayan podido repartir el sobre y esconder la mano. Es demasiado para la deontología levantina que ha marcado la relación política-ladrillo en 600 kilómetros de costa mediterránea. Menos aún que echara o condenara casos como los que se acumulan sobre las mesas de los instructores. ¿Qué tal un código de conducta en el que este grupo de peticionarios se comprometiera a desterrar cohechos, donaciones irregulares y conductas impropias de su actividad, con el consiguiente compromiso, por ejemplo, de personarse como acusación efectiva en los casos en los que algún promotor pudiera haber sobornado o estafado? Sería un primer paso de acercamiento a una sociedad que, a ver si se entera, ya no transige en los mismos términos del pasado.
La alusión a los gobiernos municipales de Madrid y Barcelona, y al miedo que provocan sus primeras acciones entre los inversores extranjeros también merece comentario. Yo diría que, independientemente del acierto de esas medidas, lo que realmente ha de sembrar pánico e inseguridad entre los inversores, nacionales o extranjeros, pequeños o grandes, son las estafas o, si prefiere, las tomaduras de pelo sucedidas a decenas de kilómetros de San Esteban. Un par de ejemplos. ¿Echamos un vistazo a Trampolín? ¿O prefiere el Sr. Hernández el caso de Camposol?
El clima desenfadado de chanchullismo y de promiscuidad entre ciertos responsables de lo público y del sector promotor ha perjudicado y perjudica la reputación mercantil de la Región de Murcia como destino inversor. Y si no ha hecho más daño es porque el tamaño de la Región oculta muchos de los casos. Da la impresión de que los medios, empachados por el desparrame valenciano de corrupción, se quedan sin apetito informativo pasada la Vega Baja. Entre la lectura de las obras de San Josemaría, el Hayek para dummies, y la recopilación de números de móvil de concejales y gerentes de urbanismo, a algunos promotores no le queda tiempo para considerar que la corrupción es un coste y una fuente de inseguridad mucho mayor, y que sus efectos dañan a la actividad empresarial de los promotores honrados en mayor medida que la falta de todas esas medidas que el Sr. Hernández –qué rapidez en San Esteban a la hora de tramitarle audiencia- reclama al nuevo presidente de la Comunidad.
De nuevo vemos a un grupo de presión dirigirse a los poderes públicos habiendo leído al revés ese lema que figuraba en la famosa Medalla de la Madre. La medalla ha pasado de moda, pero la lectura inversa del lema sigue ahí: dar poco, pedir mucho.
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