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Murcia y aparte es un blog de opinión y análisis sobre la Región de Murcia, un espacio de reflexión sobre Murcia y desde Murcia que se integra en la edición regional de eldiario.es.

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El silencio de la infancia protegida

Unos padres acompañan a sus hijos al colegio. EFE/EPA/HAYOUNG JEON/Archivo

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En mi infancia, como a la mayoría de niños y niñas de la Región de Murcia, me contaron cuentos en los que los lobos provenían del bosque sin saber entonces que, demasiado a menudo, también habitan dentro de casa. Una realidad difícil a la que en mis primeros años de ejercicio como jurista me tuve que enfrentar.

Y es por ello que hoy quiero hablaros de cómo el pasado 20 de mayo nuestro país se situaba a la vanguardia en la protección de derechos de la infancia con la aprobación de la Ley orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) que, entre otras muchas novedades, ha escuchado las opiniones y propuestas de más de 600 niños, niñas y adolescentes a través de un proceso participativo impulsado por la Plataforma de Infancia que culminó en el informe Violencia: Game Over, cuyos resultados presentaron los propios niños y niñas en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en 2018, y que incorpora, entre otros hitos, el aumento de la prescripción de los delitos de abuso sexual.

Ya hace años el movimiento feminista dinamitó la idea de que la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico era un tema de ámbito privado. Y puso sobre la mesa pública un problema, de dimensiones enormes, que apelaba a toda la sociedad a hacerle frente. Tuvo que romper con el esquema de pensamiento milenario de familia patriarcal, según el cual, las mujeres son propiedad del padre de familia. Hoy, de nuevo, se hace necesario sacudir las mentalidades, porque tampoco los hijos y las hijas son propiedad de los progenitores.

Las madres y los padres tienen el derecho y el deber de proporcionar bienestar, amor, cuidados, protección, educación, cultura y valores a los hijos y las hijas. Pero, en ningún caso, tienen legitimidad para desproteger, maltratar o abusar sexualmente de ellos y de ellas. Y cuando esto pasa, cuando cualquier miembro de una familia traspasa los límites del respeto al derecho de los niños y las niñas, toda la comunidad, toda la sociedad tiene que activar los mecanismos necesarios para proteger a aquella criatura, porque se ha convertido en un problema de responsabilidad pública y un atentado contra el derecho de la infancia.

Así, según el informe Ojos que no quieren ver de Save The Children, en todo el Estado español, solo un 15% de los colegios donde la víctima ha explicado los abusos, lo ha comunicado a las autoridades. Profesionales de la Psicología y de los Servicios Sociales sin preparación específica, sistemas judiciales que hacen pasar a las víctimas por un auténtico infierno, obligadas a declarar una media de cuatro veces en un sistema que desacredita su relato. Y así, sumamos y seguimos.

Un estado de supervivencia innato a los menores que me recuerda a una frase que hace un tiempo escuché en los juzgados. Y es que, si la salud y la ética de una sociedad se mide por las condiciones en que viven, se desarrollan y se atiende a las personas más débiles y, muy especialmente, a los menores, estábamos en fase de UCI en protección a la infancia. Un estado crítico del que, sin duda, una vez más, nos sacarán los avances sociales de un gobierno social.

Un camino hacia la consolidación de la protección integral de la infancia y de la adolescencia que comenzó el pasado 20 de mayo con la Ley orgánica de Protección integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia, y que marcará un antes y un después en la defensa de los derechos de la infancia en España. Un cambio radical en cómo cuidamos y protegemos a los menores, también en la Región de Murcia, cuya brecha de exclusión social y pobreza es especialmente dolosa. Una ley para los más vulnerables y para luchar contra los que vulneran, los que discriminan y los que marginan. Una ley que dará voz al silencio de una infancia protegida.

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