¿Transparencia? ¿Qué transparencia?

Hemos asistido hace poco tiempo a la sustitución de José Molina como presidente del Consejo de Transparencia de la Región de Murcia por Julián Pérez-Templado. Las funciones del consejo incluyen, entre otras, las obligaciones de transparencia del Consejo de Gobierno, Consejerías y Direcciones Generales, así como de sus órganos consultivos, incluido el Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Las valoraciones de Molina son muy críticas, señalando las presiones y zancadillas que, desde el Gobierno regional y desde el interno de este organismo, se le han puesto. Si esto que Molina denuncia se ha hecho con el propio presidente, ¿qué podemos esperar de las quejas denuncias, preguntas y escritos de todos nosotros los administrados/as?

En 2013 se aprobaba la Ley de Transparencia estatal y en 2014 se promulgaba la ley regional[1]. En el preámbulo del texto regional se destacaba la madurez de nuestra democracia y el papel de la ciudadanía como sujeto activo, clave en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas. Se planteaba una administración abierta y transparente, que facilitara el acceso a la información pública, participativa, implicando y fomentando a la ciudadanía a intervenir en los asuntos públicos, y que se rindiera cuentas de cuánto se ingresa, y de cuánto, en qué y por quién se gastan los fondos públicos.

Años después estas afirmaciones parecen papel mojado y el testimonio del expresidente del Consejo de Transparencia murciano viene a confirmar esa actitud obstruccionista de la administración en este organismo. Aunque parece que en todas las administraciones cuecen habas: el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura iniciaba actuaciones, para depurar posibles responsabilidades de un funcionario, por llamar a Huermur “Gestapo medioambiental” en la respuesta ante una consulta de esta asociación de defensa de la huerta murciana.

La calidad de un sistema democrático se mide por una administración transparente y una ciudadanía activa como requisitos imprescindibles. Sin embargo, como opina el expresidente Molina, en Murcia el sistema necesita ser opaco para seguir detentando el poder y eso lo vemos especialmente en el urbanismo, la custodia del territorio y el medio ambiente. Existe un entramado político y financiero, muy caciquil en sus raíces locales y con una red clientelar desarrollada en todos los ámbitos que hace que pocos se muevan y ejerzan realmente sus derechos de control de la administración. Las redes clientelares llegan a la política, las instancias laborales, los trabajadores públicos, el mundo de la cultura y las creencias. Todavía vivimos en una sociedad donde podemos oír “quien no tiene padrino no se bautiza”, “¿qué hay de lo mío? y ”el que venga detrás que arree“.

El nivel de transparencia supone la medida de la calidad democrática de nuestra sociedad. No es solamente una herramienta, es la clave fundamental de gobernanza para quien administra bienes ajenos y un puntal contra la corrupción y los conflictos de intereses. Se basa en la rendición de cuentas, la información en detalle de la administración de los bienes y cómo se emplea el dinero público de los administrados/as.

La disminución de recursos humanos y materiales y el dejar languidecer la administración pública son elementos significativos del sistema político para aumentar la opacidad, de una manera práctica. Esto es verdaderamente flagrante en el caso de la administración ambiental, pero no solamente. También se necesita un régimen sancionador eficiente y una fiscalía más activa e impulsora de los procedimientos por falta de información a la ciudadanía.

En este contexto, el control democrático por parte de la ciudadanía de los medios de comunicación públicos es obvio. Se da una grave paradoja, con unos medios que pagamos entre todos/as y que sirven, en la práctica, como medios de propaganda del poder para dar apoyo y cobertura al que gobierna. Se precisa una ciudadanía activa, comprometida por unos valores democráticos, para que no se instale la sensación de ser un caso crónico sin resolución. Necesitamos también una mayor vertebración de la sociedad civil y un rearme ético de ésta. Hay que ampliar un consenso ético general y una sociedad civil activa que defienda lo común como patrimonio de todos/as. Una ciudadanía exigente y crítica con la opacidad del poder significaría un paso más en el aumento de la calidad democrática de nuestra región.

[1] Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.