Somos ya conscientes desde hace años, y con gran sonrojo para muchos, de que la precariedad laboral está instalada en la Universidad española. Mucho me temo que es imposible erradicarla únicamente desde -y con- las actuales políticas universitarias. Como mucho, desde las universidades podemos estabilizar su crecimiento, pero no disminuirla.
Como consecuencia de los recortes que han sufrido las Universidades públicas durante los años de crisis (limitaciones presupuestarias, techo de gasto y baja tasa de reposición de vacantes, entre otros aspectos), las ineludibles obligaciones docentes han tenido que ser satisfechas recurriendo, abusivamente, a un tipo contractual de profesorado que no estaba pensado para ello: el profesorado asociado.
Cabe recordar a este respecto los cuatro requisitos básicos marcados por la Ley Orgánica de Universidades (LOU), que deben darse para la contratación del profesorado asociado:
Desgraciadamente, el abuso y desvirtuación de esta figura ha consistido en que personas que no se ajustaban a dicho perfil cubrieran docencia de carácter básico, sin contenidos de carácter profesional o práctico. De esta forma ha surgido una suerte de subgrupo de profesorado asociado, denominado habitual y coloquialmente 'falsos asociados'.
Por ejemplo, asociados tipo serían los profesionales en activo -de la abogacía, enfermería, educación, psicología o ingeniería, entre otros-, que imparten contenidos directamente relacionados con el ejercicio de su actividad profesional, normalmente en asignaturas de últimos cursos de grado o en másteres. Es decir, profesionales cualificados y con experiencia enseñando en las aulas universitarias; para quienes el salario de profesor asociado universitario resulta un complemento, puesto que su fuente principal de ingresos es la propia de su profesión, y además la actividad docente les satisface personalmente o les otorga prestigio en su campo.
Por contra, los 'falsos asociados' tipo serían docentes que no optan u optaron por el ejercicio profesional, sino que en realidad desean -o desearon- incorporarse a la carrera docente universitaria encontrando como única vía posible la de incorporarse a la institución con contratos de profesorado asociado.
Son personas con baja experiencia profesional, e incluso con un ejercicio de la profesión inestable, contratados para impartir asignaturas de todo tipo, incluyendo las de carácter básico de primer curso de grado. Al mismo tiempo, por vocación y por necesidad de aumentar su currículum vitae, realizan la tesis doctoral, participan en proyectos de investigación, en proyectos de innovación docente, etc.
Es decir, profesorado en formación, con currículum vítae de carácter académico e investigador, algunos realmente brillantes, que solo ha podido acceder al sistema como profesorado asociado (lo que se ha ofertado) y aguanta y permanece esperando una oportunidad de promoción que no siempre llega. Además, la docencia es la principal vía de ingresos que tiene, y en no raras ocasiones, la única.
Como decía, el problema no ha sido creado ni fomentado intencionadamente por los equipos rectorales de las distintas universidades, ni porque se hayan dedicado los dineros a otras cosas fútiles. Su origen ha sido los límites presupuestarios y techos de gasto que a las universidades públicas les imponen los poderes ejecutivos nacional y regional (que muchos entendemos como un quebrantamiento de la Autonomía Universitaria, consagrada en la Constitución Española; tema para analizar aparte).
Sin embargo, las universidades tienen la obligación de que los estudiantes puedan ejercer el consagrado derecho a la educación. Por lo tanto, el único resultado posible de esta ecuación ha sido: enseña como puedas.
Es cierto que en los últimos años las universidades públicas han empezado a remontar en financiación y, con ello, a poder implementar políticas de incorporación de este profesorado precario a figuras contractuales estables y mejor remuneradas.
Por ejemplo, y se puede demostrar con datos, la Universidad de Murcia ha sido, dentro del panorama nacional público, una de las que más plazas de figuras de profesorado a tiempo completo y estables ha convocado en los últimos cuatro años (en total unas 150 plazas, de las cuales en torno al 80% han sido ganadas mediante concurso público por profesorado asociado). Y según quien gane las elecciones a Rector de la UMU el próximo 6 de marzo, se mantendrá esta misma línea o derivará a una “solución” distinta (pero esto es también tema para comentar en otro momento).
sine qua non Desde mi experiencia y conocimiento, estas tres medidas deben llevarse a cabo todas y cada una de ellas por entero y de forma simultánea. Si no, se podrá evitar que siga aumentando la precariedad, pero no disminuir ni finalmente erradicar el problema. Nunca.
En definitiva, estas son las tres medidas inequívocas que considero necesarias para enfrentar la precariedad laboral que condena a las universidades públicas, sin excepciones, y acabar así con la situación tan precaria e indigna que acompaña y lacra a nuestro sistema. Lamentablemente, creo que los partidos políticos y grupos parlamentarios, que dicen saber mucho de 'los problemas reales de la gente', no tienen ni idea de las soluciones simples. Tal vez la CRUE lo sepa ver. Que así sea.
Miguel Ángel Pérez Sánchez es profesor titular de la Universidad de Murcia.
