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El Mar Menor, en la encrucijada

En el ámbito judicial la actuación de la Fiscalía ha supuesto 37 personas investigadas entre cargos políticos, funcionarios y empresarios agrícolas por la contaminación del humedal

El Comité científico del Mar Menor que el gobierno ha usado como un instrumento para sus iniciativas ha entrado en crisis

La degradación del Mar Menor ha sido una constante paralela a la dejación e incompetencia de nuestras administraciones

El Gobierno espera las conclusiones del informe sobre la contaminación del mar Menor y aboga por un "vertido cero"

La degradación de la laguna litoral del Mar Menor es uno de los mayores problemas ambientales de nuestra Región que supone impactos sociales y económicos de primer orden. La confluencia entre una agroindustria sin control y la desidia de la administración hacen que el objetivo de frenar y revertir la degradación del Mar Menor sea una necesidad inmediata. La única garantía de que la laguna se recupere y alcance un buen estado de salud depende de que se gestione de manera integral esta recuperación.

Desde el punto de vista social, como respuesta a la degradación de la laguna, hace casi tres años surgió plataforma social Pacto por el Mar Menor con más de treinta organizaciones de diferentes ámbitos. El plano positivo de la plataforma es que ha puesto de relieve la situación de la laguna en nuestro país y en Europa y ha sabido emplazar a la comunidad científica, grupos políticos y la sociedad civil en la búsqueda de soluciones ante este proceso de degradación por la entrada de contaminantes procedentes de la actividad agrícola y urbanística en las últimas décadas.

En el ámbito judicial la actuación de la Fiscalía ha supuesto 37 personas investigadas entre cargos políticos, funcionarios y empresarios agrícolas por la contaminación del humedal. Es necesario la depuración de responsabilidades porque no es admisible que se tarde años en sancionar las infracciones. Las sanciones han de ser eficaces y disuasorias ya que, hasta ahora, ha ocurrido que muchos casos la sanción es irrisoria.

Las organizaciones ambientales específicamente han denunciado, desde hace varios años, la ausencia de normativas o su incumplimiento, expresión de la desidia de la administración regional. Al mismo tiempo, se ha producido un aumento de la concienciación ambiental que se refleja en la menor tolerancia a las consecuencias de los problemas ambientales 

En otro contexto, el Comité científico del Mar Menor que el gobierno ha usado como un instrumento para sus iniciativas ha entrado en crisis. El mes anterior dimitieron tres profesoras universitarias: Rosa Gómez (Departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia); Francisca Giménez (Dpto. de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la Universidad de Alicante); Julia Martínez (directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua y miembro del Observatorio de la Sostenibilidad de la Región).

Este mes, se ha producido la dimisión del profesor de Ecología de la Universidad de Murcia, Miguel Ángel Esteve. El Gobierno regional ha tomado medidas importantes sin haberlas presentado en el comité, como el decreto de medidas urgentes, otras se han adoptado sin terminar los debates, como la intervención en las golas. Algunas medidas han sido adoptadas en contra de los principales especialistas en el tema (la araña finlandesa). Las críticas a un funcionamiento errático y las normas de calidad de este comité, la escasa o nula capacidad asesora y al intento de instrumentalización por parte de la administración refleja el hartazgo de estos investigadores.

La degradación del Mar Menor ha sido una constante paralela a la dejación e incompetencia de nuestras administraciones. Las administraciones locales han sido cautivas de la furia constructora, y la administración central, y regional,  ha gobernado siempre en función de los intereses de la agroindustria  y de la actividad urbanística.

Durante décadas, científicos y ecologistas han señalado las causas últimas del problema del Mar Menor, mientras que el Gobierno regional miraba hacia otro lado soslayando las causas últimas de esta degradación, la actividad agraria, el crecimiento urbanístico y el aumento de las infraestructuras turísticas.

La incapacidad de cumplir la ley y también la ausencia de normativas específicas de control ha sido los elementos que explican de la degradación y contaminación de la laguna así como la ausencia de coordinación de los agentes que intervienen en esta situación. Se necesita también, como una medida urgente, la reconversión del sector agrario en el Campo de Cartagena y el freno a la depredación urbanística; para facilitar la conservación de nuestra laguna.

Para solucionar este grave problema medioambiental es necesaria una gestión integral del Mar Menor de todos los sectores y de todo el territorio. Solamente así se puede plantear un horizonte de recuperación significativa de un patrimonio natural de toda la ciudadanía de la región.

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