Podemos presenta una ley para establecer una Renta Básica Garantizada para 25.000 murcianos

El secretario general y portavoz parlamentario, Óscar Urralburu, ha presentado una la ley elaborada por Podemos que pretende que los murcianos y murcianas que se encuentran en situación de precariedad, pobreza o exclusión social, puedan tener las necesidades básicas cubiertas.

Urralburu ha detallado que el objetivo es que la Renta Básica Garantizada llegue a entre 20.000 y 25.000 personas que no cuentan “con recurso alguno”. Esta renta, gozará además de carácter complementario para las que tienen menos ingresos, por lo que podrá ayudar a al menos, otras 10.000 personas. “Lo que el gobierno debe destinar son 145 millones de euros, frente a la raquítica cifra que se ha presupuestado en 2019 para la renta de inserción, que son 20 millones de euros”.

El secretario general y portavoz parlamentario de Podemos ha asegurado que esta ley de Renta Básica Garantizada contempla “el 75% del SMI para una persona y el 95% para tres”. Además establece un procedimiento de tramitación, a cuenta de la administración electrónica, donde el interesado apenas tiene que presentar documentos y que fija un plazo mínimo de resolución, para que antes del segundo mes desde su petición tenga hecho el ingreso.

Urralburu ha indicado que la actual Renta Básica de Inserción, acota a 12 meses la duración de la misma. “La Renta Básica Garantizada que aquí se desarrolla pretende ser indefinida hasta que la persona encuentre trabajo y se pueda insertar socialmente”.

María Marín, secretaria de Derechos Sociales y Sociedad Civil ha afirmado que la Renta Básica Garantizada, con programas de inserción social y laboral, va a suponer “una ruptura con la actual dependencia que hay de los servicios sociales. Con nuestra ley, las personas tienen más oportunidades de encontrar trabajo y además, el texto establece controles para evitar en lo posible situaciones de aprovechamiento interesado del sistema”.

En cuanto a comparativa, existe Renta Básica Garantizada en Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana y Euskadi. Se encuentra en fase de aprobación o puesta en marcha en Asturias y Castilla La Mancha.