La vicepresidenta de Murcia se desmarca del acuerdo que incluye el veto parental: “Yo no he firmado”
- Ciudadanos, un día después de ratificar la solicitud de autorizaciones paternas para actividades escolares, solicitó “estudiar su posible paralización” hasta que se aclare su legalidad
No va con ella. La vicepresidenta de Murcia, Isabel Franco, rechaza toda vinculación con el acuerdo alcanzado entre su partido Ciudadanos, Partido Popular y Vox para sacar adelante los presupuestos regionales. Su firma no consta en el papel, “es cosa del grupo parlamentario”.
El pacto ha sobrepasado territorio al perpetuar el llamado 'pin parental': una instrucción desde el Gobierno regional para que colegios e institutos soliciten autorización paterna si quieren que sus hijos realicen actividades escolares. La ministra de Educación Isabel Celáa ya ha indicado que llevarán la medida a los tribunales por consideraerla fuera de la ley.
Franco, que es también consejera de Igualdad, LGTBI , Familias y Política Social, se ha mostrado contraria a esta medida, pero dentro de la posición difusa en la que Ciudadanos se ha mantenido, incluso tras rubricar el acuerdo de las cuentas anuales con PP y Vox.
De hecho los naranjas, un día después de ratificar el veto parental, solicitó “estudiar su posible paralización” hasta que se aclare su legalidad. De hecho, pedirán en el Consejo de Gobierno murciano un informe de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma que lo aclare.
La vicepresidenta se encuentra en el foco mediático después de que un juzgado murciano viera indicios de fraude en las primarias que la convirtieron en candidata de Ciudadanos para los comicios del 26M. A finales de diciembre, el propio partido a nivel nacional se personó como acusación particular. Franco fue la candidata oficialista, apoyada por la dirección. Su rival en dichas primarias.
La investigación arrancó tras la denuncia interpuesta por Leonardo Pérez a mediados de 2019, poco después de la celebración de las primarias en las que se enfrentó a Isabel Franco, quien contaba con un gran apoyo de la dirección nacional y que resultó ganadora con 599 votos frente a los 237 de Pérez.
En octubre, la Policía Nacional verificó que la actual vicepresidenta sumó catorce votos de dos IP (Protocolo de Internet) estáticas de otras comunidades en los comicios que la designaron candidata de Ciudadanos a las elecciones del 26M. Los indicios apuntaban a un presunto fraude en dichas votaciones telemáticas. El pasado 18 de diciembre, el juzgado solicitó al partido que no destruyera ninguna prueba relativa a los comicios.
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