ANSE cree que el ayuntamiento de Cartagena y la CARM beneficiaron a BEFESA
La Asociación de Naturalistas del Sureste ha denunciado que “el Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma beneficiaron con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana las actuaciones ilegales desarrolladas por la antigua Trademed, ahora BEFESA, desde el año 2001, cuando procedió a la roturación ilegal de terrenos forestales fuera de las instalaciones autorizadas para el vertedero”. Según ANSE, con sus denuncias de documentó “la destrucción de varias hectáreas de terreno montañoso calificado en el antiguo Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena como No Urbanizable de Protección Forestal, afectando a especies protegidas de la flora autóctona y hábitat naturales de interés comunitario”.
“Las denuncias terminaron con un expediente sancionador de la entonces Dirección General del Medio Natural que obligaba a la restauración ambiental de la zona afectada, tras la retirada de los residuos acumulados”, ha explicado la organización ecologista. Además, ANSE ha informado de que el nuevo Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena “califica dichos terrenos, que en su día fueron forestales, como Suelo Industrial, por lo que se habría beneficiado la actuación ilegal de BEFESA por la vía de la aprobación definitiva del Plan General”. “Curiosamente, el mapa del suelo industrial sigue el mismo perímetro que los terrenos roturados ilegalmente en su día por Trademed, parte de los cuales no eran siquiera de su propiedad en el momento de la roturación”, han añadido.
En la denuncia remitida al Seprona el pasado mes de mayo, y en la enviada igualmente a la Dirección General de Medio Ambiente, ANSE recordaba que los terrenos roturados en 2001 siguen actualmente sin ser restaurados ambientalmente. La Asociación opina que “los trabajos de movimiento y extracción de tierras que se desarrollan actualmente en el entorno del vertedero también son ilegales”, y que “la anulación judicial de la Revisión del Plan General Municipal de Cartagena debería obligar a la recuperación de la catalogación de Suelo No Urbanizable de Protección Forestal para el entorno montañoso destruido por Trademed, ahora BEFESA”.
A juicio de ANSE, la recalificación “debería de ser investigada judicialmente, por si existiera alguna responsabilidad por parte de los Concejales de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena y Directores Generales de Urbanismo y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma que la han permitido”. Por último, la organización ecologista ha reiterado su petición a los partidos políticos que han obtenido representación en las últimas elecciones “para que se rechace el recurso del Ayuntamiento contra la anulación del nuevo Plan General, y evitar así la consolidación de actuaciones ilegales como esta, entre otras irregularidades”.
Ciudadanos se une a las denuncias
Varios partidos han reaccionado a la situación vivida hace escasos días en el vertedero de Escombreras, donde la Guardia Civil detuvo a cinco personas cuya actividad estaba presuntamente relacionada con el tratamiento de unos vertidos ilegales de residuos altamente peligrosos y contaminantes. Y a la denuncia se ha sumado Ciudadanos, por “la mala gestión y el descontrol del Gobierno regional y las entidades de control ambiental”.
A juicio del partido naranja, “una instalación de estas características está obligada a cumplir con un plan de vigilancia y control”, además de apuntar que las mil toneladas de residuos contaminantes “no se esconden en un sólo día”, lo que implica y da muestras, según C's, “de la falta de vigilancia y el estado de abandono al que la Comunidad somete al vertedero de Escombreras, poniendo en serio riesgo de salud a los habitantes del entorno más cercano”.
Ciudadanos ha explicado que “será necesario depurar responsabilidades y exigir el cumplimiento de la normativa sobre residuos peligrosos enterrados ilegalmente, porque en un país avanzado, una actividad legalizada, con sus sistemas de gestión certificados, no es comprensible que pueda incumplir sistemáticamente sus requisitos legales”. Por ello, ha exigido “que se cumpla el principio último de la ley de responsabilidad ambiental, es decir, quien contamina, paga y repara”, pero además, ha reitera que “los responsables políticos deberán asumir su gran parte de culpa”. C's ha concluido que “no se trata de un hecho aislado”, puesto que en el último año han salido a la luz conductas similares en otras empresas de gestión de residuos.
