La Consejería de Familia de Murcia rechaza que la protección de las víctimas de violencia de género sea un servicio social
El Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, que se está elaborando desde la Consejería de Familia e Igualdad, excluye a las víctimas de violencia de género como beneficiarias de sus prestaciones. De la decisión se ha hecho eco el Consejo Económico y Social (CES), órgano de carácter consultivo del Consejo de Gobierno de Murcia, a través de un dictamen publicado el 26 de julio. El objetivo por el que se plantea desarrollar esta nueva ley es el de,“ adaptarse a los nuevos retos y demandas que plantea una sociedad dinámica sometida a importantes cambios durante los últimos 16 años”.
La Consejería justifica esta decisión en su memoria al establecer que la protección a víctimas de violencia de género no se encontraría dentro del ámbito de aplicación de la Ley que se refiere a un sistema de Servicios Sociales “en sentido estricto”. En esta línea considera que “por definición” no se incluyen los servicios de promoción de la mujer ni protección a víctimas de violencia de género, “al entender que no tienen la consideración de prestación social”.
Asimismo, no ve incompatible que se le proporcione a la víctima asistencia social, “según se exige en la normativa vigente en materia de igualdad”. El borrador describe dentro de las competencias de los servicios sociales de Atención Primaria “aplicar protocolos de prevención y de atención ante malos tratos a personas de los colectivos más vulnerables”.
El CES refleja en su dictamen su posición al respecto, considerando que se “han de incluir las prestaciones específicas para la protección a las mujeres víctimas de violencia de género, configuradas como prestaciones propias del sistema de servicios sociales”.
Además, desde el Consejo señalan que en el Catálogo de referencia de servicios sociales aprobado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se incluyen las prestaciones específicas para la protección a las mujeres víctimas de violencia de género, configuradas como prestaciones propias del sistema de servicios sociales. “Esta misma consideración tiene la protección de las mujeres víctimas de violencia de género en las más recientes leyes de servicios sociales aprobadas en el ámbito autonómico”, apuntan desde el Consejo Económico.
