Cuatro asociaciones denuncian ante la Fiscalía al vicepresidente del Gobierno murciano, de Vox, por “incitar al odio”

Las entidades Amigos de Ritsona, Convivir sin racismo, PAREM y Murcia Acoge han interpuesto una denuncia contra el vicepresidente del Gobierno regional, José Ángel Antelo, de Vox, y el portavoz parlamentario de la formación de ultraderecha, Rubén Martínez Alpañez, ante la sección de Delitos de Odio de la Fiscalía de la Región de Murcia, al considerar que estas personas han cometido hechos constitutivos de un delito contra la dignidad de colectivos vulnerables y/o de incitación al odio. 

Las cuatro asociaciones señalan que estos delitos “son una de las formas más graves de discriminación contra migrantes, minorías étnicas, personas refugiadas y solicitantes de protección internacional, pues incitan a la discriminación, la hostilidad y atentan contra la dignidad de un colectivo altamente marginalizado y vulnerable”. Además, han manifestado a través de un comunicado que “las conductas denunciadas entrañan claramente descrédito, humillación y menosprecio de un colectivo vulnerable caracterizado por su origen nacional –extranjero y particularmente, proveniente del norte de África–, así como por su etnia y por su situación administrativa como migrantes en situación de irregularidad.”

Antelo vinculó en X (antiguo Twitter) la llegada de migrantes en pateras a las costas murcianas el pasado octubre con “la infiltración de yihadistas” que “eleva el riesgo de atentados” en “estos momentos de especial tensión internacional”, en referencia al conflicto en curso entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Mientras que el portavoz de Vox en la Asamblea, por su parte, aseguró a través de un comunicado de prensa, que las características del “inmigrante ilegal” no son propias de personas que “están buscando refugiarse por razón de religión u orientación sexual”, sino que “están huyendo de sus países porque tienen problemas relacionados con la legalidad y la delincuencia”. El político de ultraderecha ha afirmado que dichas personas “no vienen a intentar buscar trabajo, se trata de mafias ilegales”. 

En el escrito presentado ante la Fiscalía han documentado con detalle el alcance y la notoriedad pública de las afirmaciones difundidas por parte de los denunciados, que por su contenido y, sobre todo, por el contexto socio-político en el que se vertieron, “son aptas e idóneas para provocar una respuesta de odio y de hostilidad hacia un colectivo ya muy vulnerable y marginalizado socialmente, ya que incluían calificativos de odio transmitidas de forma genérica contra un colectivo específico consistente en las personas migrantes en situación administrativa irregular llegadas a Murcia”.

Además exponen que “los mensajes transcritos no estimulan el debate público, sino que más bien lo emponzoñan, desencadenando un entorno hostil innecesario y promoviendo estigmas y estereotipos negativos”. Y apuntan que “no nos hallamos ante unos comentarios aislados o que se producen en el marco de una riña y en el fragor de una discusión, sino que han sido unos actos y expresiones deliberadas –en un tuit que sigue disponible y no se ha borrado; y en unas declaraciones a medios que el autor ha compartido y visibilizado y reafirmado posteriormente– realizadas contra un grupo de personas identificadas por su condición de migrantes irregulares”. Por todo ello solicitan a la Fiscalía que promueva “la apertura de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la depuración de las responsabilidades penales que de ellos se puedan derivar, así como ejerza la acción penal ante el órgano judicial competente.”