Diez familias afectadas por la bancarrota de una promotora de San Pedro recuperan su dinero tras 14 años de lucha judicial

“La urbanización Pueblo Salado empezó a construirse en plazos y todo parecía que marchaba bien hasta que, a punto de ser entregadas, la promotora Proclami empezó a realizar impagos y a desaparecer, así como el dinero y los sueños de los propietarios”, confirma un miembro de la plataforma de Afectados por Proclami, que 14 años después ha conseguido que la justicia les dé la razón y devuelva a varias familias su dinero.

La inmobiliaria comenzó en el año 2007 con la promoción de 182 nuevas viviendas por las que varias personas dieron una señal de 6.000 euros y estuvieron pagando recibos que llegaron hasta la cantidad de 30.000 euros. Sara Henajeros fue una de las 80 afectadas por aquel entonces. Después de entregar la señal, de pagar 2.200 euros cada cuatro meses y de contactar con su banco para realizar la escritura ante lo que parecía la entrega inminente de su vivienda, la promotora detuvo toda la gestión. “Cuando la empresa paralizó todas las obras y se declaró en quiebra empezamos a intentar recuperar nuestro dinero con el aval financiero que pensábamos que teníamos”, asegura la afectada.

Sin embargo, los afectados se toparon con que el aval no les iba a solucionar el problema: “Cuando hablamos con la empresa del aval nos dicen que ellos no pueden trabajar en España porque son una empresa del Reino Unido. Es entonces cuando emprendemos acciones legales contra los dueños de la promotora que, como se declaran insolventes, no conseguimos nada”.

Proclami pasó a entrar en concurso de acreedores y se declaró insolvente por no poder hacer frente al pago de las hipotecas que tenía contraídas con los bancos Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Banco Pastor, ambos absorbidos por Sabadell y Santander respectivament.

Después de pasar, sin éxito, por las manos de varios abogados algunos de los afectados comienzan a trabajar con el abogado Daniel López Esteban que les comentó que las acciones legales las tenían que emprender contra los bancos que dieron por válido los avales de la promotora.

Catorce años después, diez familias han recuperado el dinero, dos están pendiente de recurso y cinco a esperas del juicio con el abogado. “Me he acordado de ese dinero todos los días. Soy maestra interina y ese dinero era mi único colchón financiero”, recuerda Sara. Ahora, la sentencia ha dictado que las dos entidades financieras involucradas le devuelvan a ella y a las demás familias la inversión de los 30.000 euros, junto con los intereses y las costas.