El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia veta que el secretario de Estado inaugure unos juzgados

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU), Miguel Pasqual del Riquelme, tuvo que sentirse como un invitado en su propia casa tras ser notificado con apenas una semana de antelación de que tendría lugar un acto en su sede judicial este martes. A través de un correo electrónico remitido desde el Departamento de Protocolo fue informado de que se presentaría la segunda fase de la Ciudad de la Justicia de Murcia, un evento encabezado por el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez: “Con motivo de la visita del secretario de Estado de Justicia a la Región de Murcia, nos complacería contar con su presencia en el acto de presentación de la fase II de la Ciudad de la Justicia de Murcia”. Al día siguiente, el presidente de este órgano judicial de la Región de Murcia, junto a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia vetó el evento y pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acusando a Rodríguez de “injerencia indebida” al “estatuto de autogobierno del Poder Judicial”.

El acuerdo donde se prohíbe la presentación hace especial hincapié en la “unilateralidad” de Tontxu Rodríguez a la hora de organizar el acto: “La unilateralidad de la iniciativa y convocatoria de dicho acto por parte del Ministerio de Justicia se aparta de los usos habituales de coordinación, cooperación y lealtad interinstitucional que la Sala de Gobierno estima deben ser preservados”, reprochan en el escrito.

Para vetar el evento el alto tribunal murciano se ha acogido a la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se estipula que “las actividades ajenas a la función judicial en edificios judiciales o sus dependencias no podrán llevarse a cabo sin el acuerdo de la Sala de Gobierno, el de la Administración a la que corresponda la titularidad del inmueble y el de las demás Administraciones con competencias concurrentes, si las hubiere”. Pese a que en esta visita faltaba el visto bueno de la Sala de Gobierno, lo cierto es que la administración de Justicia en la Región de Murcia depende del Ministerio, así como la propiedad de la Ciudad de Justicia.

En varios puntos del acuerdo de veto, la Sala de Gobierno hace llamamiento a la “neutralidad de las sedes judiciales” que, bajo su criterio, exige que “ningún órgano del ejecutivo, ni ninguno de sus cargos, puede utilizar a su propia y exclusiva iniciativa una sede judicial para ninguna actividad no estrictamente judicial”. En las acciones del Secretario de Estado, el TSJMU observa un acto de “injerencia indebida”, por lo que solicita “amparo” al Consejo General del Poder Judicial, un recurso usado tradicionalmente por jueces que ven perturbada su independencia por fuerzas externas.

La visita era con motivo de la presentación de la segunda fase de esta sede judicial murciana que aloja tanto al TSJMU como a la Audiencia, que ha contado con una inversión de 27 millones de euros. El propio Miguel Pasqual del Riquelme ha asegurado en declaraciones al diario La Opinión que está encantado con la inversión extraordinaria del Ministerio de Justicia: “Nunca ha habido tanta inversión”, ha celebrado.

Finalmente, se ha trasladado a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia. Pese al acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, Pasqual de Riquelme ha asegurado que lo ocurrido no se trata de una “polémica patológica”: “El tema está resuelto y no hay problema alguno”, ha insistido. Sobre si su veto ha podido molestar al Secretario Estado de Justicia, el presidente del TSJMU ha dicho que “no me consta molestia alguna”.