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Cerca de un centenar de personas han presentado su candidatura para dirigir las empresas públicas de Cantabria

El procedimiento selectivo continuará con la valoración de la documentación y con una entrevista personal a quienes cumplan una serie de requisitos mínimos

Sodercan ha recibido 24 solicitudes; Cantur, 5; Sican, 19; Mare, 15; la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, 20, y Gesvican tiene un total de 12 aspirantes

La nueva normativa exige que los nombramientos se realicen mediante convocatoria pública, de acuerdo con los principios de "igualdad, mérito y capacidad"

Sede de la empresa pública Sodercan. | ARCHIVO

Sede de la empresa pública Sodercan. | ARCHIVO

La convocatoria pública para ocupar las máximas responsabilidades en las empresas públicas que dependen directamente del Gobierno de Cantabria ha sido todo un éxito y ha tenido una respuesta que ha superado todas las expectativas. Cerca de un centenar de personas, 95 exactamente, han presentado su candidatura a los diferentes procesos de selección que se han puesto en marcha para cubrir las direcciones generales de organismos como Sodercan, Cantur, Sican, Mare y la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, así como el cargo de gerente de Gesvican.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado de prensa, en concreto, Sodercan ha recibido un total de 24 solicitudes (dos de ellas fuera de plazo); Cantur otras 5; Sican, 19; Mare, 15; la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, 20 (una de ellas fuera de plazo), y Gesvican cuenta con 12 aspirantes en este procedimiento de selección.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publicó el 23 de agosto la convocatoria de los seis procesos selectivos para cubrir los puestos directivos de las citadas entidades en cumplimiento de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma, que ha provocado más de un quebradero de cabeza en el Ejecutivo, que ha tenido que buscar la fórmula para cubrir esas plazas a través de un concurso abierto por primera vez, ya que hasta el momento todos ellos eran cargos de confianza que se designaban de manera directa.

El propio Gobierno ha aclarado este jueves que la citada normativa recoge, en su artículo 123, que la selección del personal de las sociedades mercantiles autonómicas, incluido el que tenga condición de directivo, se debe llevar a cabo mediante convocatoria pública, de acuerdo con los principios de "igualdad, mérito y capacidad" establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público.

"Una vez que el plazo finalizó el pasado lunes y los candidatos han presentado la documentación que acredite su formación, experiencia y, si es el caso, propuestas de gestión, el procedimiento selectivo continuará con la valoración de la documentación y, en algunos casos, se realizará una entrevista personal a quienes cumplan una serie de requisitos mínimos y cuando la convocatoria lo establezca", ha comunicado oficialmente el Ejecutivo, que casi dos meses después de la toma de posesión de los consejeros sigue sin poder completar su organigrama, a la espera de resolver este proceso.

Mediados de septiembre

Sobre este mismo asunto se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz y vicepresidente autonómico, Pablo Zuloaga, que ha mostrado su confianza en que en el "entorno" del 15 de septiembre se hayan resuelto ya todos los concursos públicos de las diferentes sociedades públicas dependientes del Ejecutivo regional para designar a sus máximos responsables.

La dificultad añadida a estos procedimientos de selección, que hasta la fecha se habían realizado de manera discrecional, como una mera decisión política de los consejeros de los que dependen esas empresas públicas, es que se habían filtrado los nombres de los candidatos favoritos de PRC y PSOE, como los de Antonio Bocanegra para Sodercan, Bernardo Colsa para Cantur o Jorge Gutiérrez para la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, lo que deja en entredicho la limpieza o no del proceso y amenaza con judicializar la selección a la mínima duda sobre la idoneidad de los candidatos elegidos.

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