El Gobierno estudia cómo aplicar la ley que le obliga a designar a los altos cargos de empresas públicas por concurso

La nueva Ley reguladora del Régimen Jurídico del Gobierno y su sector público de 2018 está provocando más de un quebradero de cabeza en el nuevo Ejecutivo cántabro. Y es que los responsables de las empresas públicas, que hasta ahora eran cargos de confianza que se nombraban por “criterios de profesionalidad y experiencia”, deberán ser elegidos mediante una convocatoria pública, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Esta novedad hace que el bipartito esté estudiando la fórmula de la convocatoria que, tal y como han señalado fuentes de la Consejería de Presidencia a este medio, se hará pública en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) en los próximos días. El Ejecutivo baraja dos opciones: si abrir un concurso público general o uno para cada sociedad mercantil autonómica, con el objetivo de cumplir con el artículo 123 de la nueva normativa. 

Y es que tendrá que hacer encaje de bolillos para sacar una convocatoria que permita seleccionar a unos altos cargos que ya están nombrados de manera extraoficial, como Antonio Bocanegra, en Sodercan; Jorge Gutiérrez, en la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte; Bernardo Colsa, en Cantur, o Javier Carrión, en Sican.

Cuestionado esta semana por este asunto, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga (PSOE), aseguró que los nombramientos se harán “con el cumplimiento estricto de la ley”, señalando que “ya se han dado algunos pasos” en Sodercan y Sican, cuando los hasta ahora responsables de las mismas, Iciar Amorrortu y Antonio Bocanegra, revocaron sus funciones en el consejero de Industria, Francisco Martín, como nuevo presidente del Consejo de Administración.