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Educación se enreda con el calendario escolar: sindicatos, padres y docentes discrepan con los horarios lectivos

Se mantendrán los periodos de descanso cada dos meses y los centros educativos ampliarán su jornada durante los meses de junio y septiembre

Mientras FAPA muestra su "satisfacción" por el cambio de criterio, algunas organizaciones tachan de "chantaje" y "deslealtad" esta alternativa

"Los centros educativos no son ludotecas. Estamos a favor de la conciliación familiar, pero no de esta forma", critican varios colectivos de profesores

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Escuela Mar Bella (Foto: Edu Bayer)

Un niño pide el turno de palabra durante la clase. | Edu Bayer

El calendario escolar del próximo curso sigue dando dolores de cabeza a Francisco Fernández Mañanes. El consejero de Educación trata de contentar a todas las partes y busca un acuerdo de mínimos que ponga en común las posturas de sindicatos, padres, madres, alumnos y profesores, pero de momento parece que se impone el malestar y la desconfianza entre las distintas sensibilidades que existen dentro de la comunidad educativa de Cantabria.

Y es que el máximo responsable de la Consejería tiene como uno de los mayores puntos de conflicto desde que accedió el cargo el novedoso calendario escolar que le dejó en herencia su antecesor, el también socialista Ramón Ruiz, una apuesta arriesgada que cuenta con tantos adeptos como detractores, y que ha generado un intenso debate desde que este sistema con una semana de vacaciones cada dos meses se puso en marcha a principios de legislatura.

Como suele ocurrir al que trata de taparse la cabeza y se destapa los pies, Mañanes busca cuadrar el círculo y contentar a todos, cosechando en cada cambio de criterio un sinfín de descalificaciones y críticas furibundas. El calendario que se aprobará definitivamente en los próximos días será el que se aplique de septiembre de 2018 a junio de 2019, es decir, en pleno año electoral, lo que obliga al Gobierno bipartito a hilar muy fino para no encontrarse con una manifestación a la puerta de los colegios... electorales.

En las últimas horas, la Consejería de Educación y la Mesa Sectorial han aprobado el que será el nuevo calendario escolar para el próximo curso, que mantendrá el sistema de bimestres delimitados por periodos de descanso coincidiendo con el puente de noviembre, las fiestas navideñas, las vacaciones de carnaval y, en este caso, la Semana Santa.

El calendario, como es preceptivo, incluye al menos 175 días lectivos y comenzará en Primaria el 10 de septiembre y concluirá el 21 de junio, mientras que en Secundaria empezará el 12 de septiembre y finalizará el 25 de junio.

Nuevo elemento de fricción

Sin embargo, superado el primer escollo con la puesta en común de las jornadas festivas y el desarrollo del curso académico para los niveles inferiores, ha surgido un nuevo elemento de fricción con los horarios que permanecerán abiertos los centros educativos en los meses de junio y septiembre. 

La FAPA había advertido que, de no respetarse la propuesta realizada por el Consejo Escolar de Cantabria para ampliar los horarios y facilitar la conciliación en estos periodos en los que es habitual la jornada reducida, pondrían en marcha sus reivindicaciones y padres y madres saldrían a las calles si era necesario.

Por ello, para evitar estas protestas, la Consejería de Educación ha garantizado a la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos el cumplimiento del acuerdo del Consejo Escolar sobre los horarios escolares durante los meses de junio y septiembre, cuando se impartirán cinco horas al alumnado, tres horas y media sobre "materias curriculares" y la hora y media restante sobre contenidos "no curriculares". 

En ambos periodos, la jornada será "completa", de cinco horas -de nueve de la mañana a dos de la tarde-, siendo lectivas tres y media. Educación ha añadido en una nota de prensa que "se contará con la presencia tanto del personal docente como no docente adscrito a cada uno de los centros, además de los habituales servicios de comedor y transportes escolar", lo que ha provocado el descontento de algunas organizaciones sindicales.

Y es que para dicha "supervisión" no está previsto, en principio, destinar un mayor presupuesto, y se espera contar además con la colaboración de otras entidades, como los ayuntamientos o las AMPAs, para que por ejemplo planteen actividades a desarrollar.

"Los colegios no son ludotecas"

Nada más hacerse pública esta decisión, el sindicato ANPE ha criticado la "deslealtad" de la FAPA por presionar a la Consejería, mientras la organización sindical CSIF ha manifestado su "estupor" por la "cesión" del consejero Francisco Fernández Mañanes al "chantaje" de padres y madres.

"Los centros educativos no son ludotecas. Sí estamos a favor de la conciliación familiar, pero no de esta forma", ha subrayado en un comunicado el presidente del Sector de Educación de CSIF Cantabria, Alberto Hontañón.

Este sindicato también ha señalado que le parece "muy acertado" que los centros educativos estén abiertos al entorno y que ahí se organicen actividades de toda índole, pero "no bajo la supervisión de los equipos directivos ni de los docentes, que ya doblamos nuestros horarios de forma gratuita para contentar las ocurrencias de nuestros gobernantes y asociaciones varias".

FAPA, ante estas declaraciones, ha recordado ha exigido que esta medida "se haga dentro de la legalidad, respetando tanto la legislación educativa en lo que a las horas lectivas se refiere, como la legislación laboral que afecta a todos los sectores de la comunidad educativa".

"Entendemos que el tema es complejo y hay muchas cuestiones a tener en cuenta, pero no podemos permitir que la discrepancia se convierta en enfrentamiento", ha señalado la federación de padres, que por ello ha exigido "respeto", tanto para su postura como para las demás.

Por último, ha reiterado su apoyo al trabajo realizado por el profesorado en los centros. "Rechazamos que nuestras demandas se quieran vender como un ataque hacia el sector y, por extensión, tampoco vamos a permitir que haya quien nos utilice para tal fin. Sabemos que nuestras reclamaciones les afectan en su labor pero entendemos que es competencia de la administración, y no de FAPA, hacer que esto se lleve a cabo respetando sus derechos", ha concluido.

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