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La exdiputada socialista Puerto Gallego declara como investigada por fraccionamiento de contratos
La exdiputada nacional del PSOE Puerto Gallego ha declarado este martes ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Santoña en calidad de investigada por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa relacionado con el fraccionamiento de contratos durante su mandato como alcaldesa del municipio.
El procedimiento arrancó hace ocho años, en 2009, a raíz de una denuncia del entonces concejal Leoncio Calle Pila, del Movimiento Falangista, a la que luego se sumó el PP. En septiembre del año pasado, la socialista renunció a su escaño como diputada nacional en el Congreso después de que el Tribunal Supremo, a donde llegó el caso por su condición de aforada, decidiera investigarla.
Tras la renuncia de Gallego y la consiguiente pérdida del aforamiento, la causa retornó al juzgado de Santoña, que nueve meses después, en julio de este año, acordó el archivo de la misma en un auto sin fundamentación jurídica y sin que la jueza instructora, que no es la misma que conoció el asunto en 2013, llamara ni siquiera a declarar a la exdiputada.
Leoncio Calle Pila y el PP recurrieron el archivo, y la jueza instructora decidió entonces reabrir el caso y citar a declarar a Puerto Gallego. En la causa están también investigados ocho concejales del PSOE de la villa entre 2003 y 2009: José Ramón Badiola, Pedro María López, Carmen Leiva, Diana Gil, Joaquín Bonet, Gloria Valmaseda, María Antonia Alonso y Jesús María Valle.
El Tribunal Supremo abrió causa contra la exdiputada del PSOE después de que un año antes, en septiembre de 2015, la Audiencia Provincial de Cantabria validara la opinión de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santoña sobre los indicios existentes contra los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento siendo alcaldesa Gallego, por fraccionar contratos y adjudicarlos directamente a distintas empresas, básicamente a cuatro, sin convocar el correspondiente concurso abierto, al no superarse la cuantía exigida por la ley para hacerlo (18.000 euros).
Todos ellos declararon, en octubre de 2013, como imputados por presunta prevaricación administrativa ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santoña, ante la cual aseguraron que no habían cometido “ningún delito”.
En dicha ronda de interrogatorios no se incluyó a la alcaldesa, por su condición de aforada, al ser diputada en el Congreso por Cantabria, por lo que la de este martes ha sido su primera declaración en este procedimiento tras ocho años desde su apertura.
