La transparencia 'opaca' de las Diputaciones provinciales de la Comunitat Valenciana

La política de transparencia es la piedra angular de la democracia. Sin ella, nos enfrentaríamos a un poder más opaco y, en definitiva, menos sumiso al control ciudadano. Antes que nada, debemos reconocer que la normativa de transparencia es muy reciente en España —la primera ley de transparencia fue aprobada en 2013—, por lo que el hecho de contar con datos públicos —desde los presupuestos y los contratos públicos celebrados, pasando por las declaraciones de bienes y retribuciones de los altos cargos, hasta la información sobre algunos actos administrativos e interadministrativos, entre otras cosas— ayuda a luchar contra la corrupción existente, al tiempo que la previene.

En este sentido, los registros de transparencia son una de las herramientas más poderosas en manos de la ciudadanía. En este caso, y partiendo del compromiso cívico con el cumplimiento de la transparencia, hemos decidido recopilar las declaraciones de bienes y rentas de las y los diputados que forman parte de las Diputaciones de Castellón, Valencia y Alicante. Aquí tenemos algunos hallazgos particulares y exponemos una serie de conclusiones generales a las que nos ha llevado la investigación.

En primer lugar, es menester destacar la opacidad intrínseca de los datos presentados por las Diputaciones, así como la falta de su depuración y precisión técnica. Al consultar los portales de transparencia, identificamos una estructura de publicación que dificulta la auditoría ciudadana. Por ejemplo, hay totales de valores patrimoniales que no corresponden matemáticamente con la suma de las partes declaradas. Luego, se evidencia una profunda simplificación: los bienes no aparecen desglosados —no se detallan ni los tipos de inmuebles, ni su ubicación, ni la modalidad de propiedad—, sino que únicamente se presenta el valor total en euros, estimado de forma opaca según el valor catastral y el porcentaje de titularidad. Esta metodología contrasta drásticamente con otras esferas del gobierno autonómico. En los artículos anteriores ya analizamos los bienes de los miembros del Consell y de les Corts Valencianes; en ambos casos, los bienes estaban desglosados pormenorizadamente. La negativa de las Diputaciones a ajustarse a los mismos estándares de detalle en cuanto a la transparencia se refiere no parece un mero fallo burocrático, sino un mecanismo de protección de la privacidad patrimonial que choca con el derecho a la información pública.

Ahora, veamos algunos datos concretos en perspectiva comparada. De las tres Diputaciones analizadas, la media de salario de la Diputación de Alicante destaca como la más alta. Según los datos extraídos de sus portales oficiales, la media salarial en la corporación alicantina se sitúa en 63.762,39 euros anuales, superando significativamente a la Diputación de Valencia —55.790,95 euros— y la de Castellón —37.371,32 euros—. De hecho, parece que, en el caso de Alicante, los valores declarados corresponden estrictamente con los salarios brutos percibidos en concepto de retribución por su labor como diputados/as provinciales. Esto se infiere del hecho de que hay muchos salarios que son idénticos, hasta el último céntimo, como las múltiples asignaciones declaradas de 74.451,86 euros o 79.664,90 euros.

Por el contrario, en las diputaciones de Valencia y de Castellón no hay ni dos salarios que sean idénticos, lo que nos lleva a pensar que cada diputado/a, al realizar la declaración, ha interpretado a su manera lo que se le pedía. En algunos casos las declaraciones incluyen, simultáneamente, las retribuciones por el ejercicio de todos los cargos públicos (por ejemplo, sumando las dietas por asistencia a plenos municipales o cargos anteriores), mientras que, en otros casos, se reflejan solamente las retribuciones recibidas por su condición de diputado/a provincial. Uno de los padres de la sociología moderna, Max Weber, en su obra Economía y sociedad, decía que la falta de homogeneidad destruye el propósito de la burocracia racional. Esto quiere decir que las instituciones públicas requieren normativas estandarizadas para evitar la arbitrariedad; entonces, permitir que cada representante decida qué ingresos reportar convierte el portal de transparencia en una “ilusión óptica”.

Por otra parte, para comprender la brecha material entre las personas representadas y quienes las representan, destacaremos los salarios más altos y los patrimonios más robustos de los miembros de las tres Diputaciones. En lo referente a la acumulación de bienes (tanto inmuebles como “otros”), las bases de datos sitúan en la cúspide a Sergio Fornas Tuzón (Partido Popular, Castellón), quien declara un patrimonio total de 1.463.325,02 euros. Le siguen Bernabé Cano García (Partido Popular, Alicante), con 810.063,92 euros, y Ricardo Gabaldón Gabaldón (Partido Popular, Valencia), con 745.696,42 euros. Los tres cargos declaran además una ausencia total de deudas o créditos pendientes. Esta realidad certifica que las corporaciones provinciales albergan a individuos pertenecientes a los deciles económicos más altos del país, lo cual supone un claro distanciamiento de las urgencias materiales del votante promedio.

No obstante, con todo lo anterior no pretendemos decir que “todos los políticos son iguales”. En absoluto, pues también se han identificado representantes con un patrimonio mínimo o nulo, al mismo tiempo que declaran deudas. El caso más representativo de esta dinámica es el de Jordi Mayor Vallet (Partido Socialista Obrero Español, Valencia), quien declara uno de los patrimonios consolidados más reducidos de las corporaciones analizadas, cifrado en apenas 20.340,24 euros. Sin embargo, sus deudas son excepcionalmente grandes, ya que ascienden a 203.012,50 euros. Aunque, todo sea dicho, este nivel de endeudamiento es sostenido financieramente por su salario, que es el más alto de toda la base de datos: 97.257,84 euros anuales. Téngase en cuenta la falta de homogeneidad de los datos en las declaraciones —que ya señalamos antes—, por lo que todo indica a que dicho salario comprende tanto la retribución por su condición de diputado provincial como por ser alcalde de Cullera. Por lo tanto, y teniendo en cuenta las investigaciones anteriores que realizamos desde elDiario.es, su salario no es el más alto de todos los alcaldes-diputados.

En este sentido, ya queda claro que las corporaciones actúan como potentes maquinarias de generación de ingresos salariales. Según los datos de los portales de transparencia de las Diputaciones analizadas, los tres representantes con los sueldos más elevados son Jordi Mayor Vallet (Partido Socialista Obrero Español, Valencia), con unos ingresos declarados de 97.257,84 euros; Antonio Pérez Pérez (Partido Popular, Alicante), con 90.527,50 euros; y Empar Folgado Ros (Partido Socialista Obrero Español, Valencia), con 88.702,74 euros. Estos salarios casi cuadruplican el sueldo medio en España, promoviendo un blindaje económico a las élites y, con ello, incentivando la obediencia a las cúpulas de los partidos. Robert Michels, un politólogo y sociólogo clásico —que, por cierto, fue alumno de Max Weber, a quien citamos anteriormente— especializado en el estudio de las organizaciones políticas, en su célebre obra Los partidos políticos, evidenció que las retribuciones institucionales desproporcionadas transforman la representación en una profesión lucrativa, desincentivando la disidencia interna por el miedo a la pérdida del estatus adquirido.

Ahora bien, a modo de conclusión, podríamos destacar que la transparencia aplicada actualmente en las diputaciones es una especie de ejercicio de “burocracia defensiva”. Esto es, se publican datos, pero son confusos y agregados, sin posibilidad de desagregarlos. De esta forma, las instituciones cumplen con el trámite legal, pero lo hacen de forma que los datos publicados no tienen la calidad ni la cantidad suficientes para su comprensión y cruce analítico consistentes. Por lo tanto, la transparencia, aunque se agradece la que se tiene, no está al nivel de lo que la ciudadanía se merece y/o podría desear.