Aportaciones de Unión Progreso y Democracia (UPyD) al Plan de Paz y Convivencia 2013-2016
El objetivo debe ser lograr la derrota definitiva e incondicional de ETA, la cual a día de hoy no ha desaparecido y sigue, por tanto, amenazante, deslegitimar sus ideas totalitarias que siguen vivas en una parte de la sociedad y defender los derechos de ciudadanía.
Para ello es preciso aplicar de modo estricto la legalidad vigente, incluida la Ley de Partidos Políticos, defender el Estado de Derecho, respetar y hacer respetar la Constitución Española y aplicar estrictamente el Código Penal. No necesitamos palabras pomposas que tratan de mezclarlo todo, confundir a la sociedad, evitar llamar a las cosas por su nombre y diluir, de este modo, las responsabilidades de ETA y de sus servicios auxiliares. Y esto es lo que pretende el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, razón por la cual lo rechazamos contundentemente.
Reclamamos justicia y memoria y defendemos la dignidad de la sociedad democrática y de las víctimas del terrorismo. Rechazamos la teoría del conflicto político que durante décadas algunos han pretendido y siguen pretendiendo implantar y extender, teoría según la cual ETA fue solamente una más de las violencias que existieron en Euskadi durante las últimas décadas y que al menos en parte incluso la llega a justificar. En Euskadi, al contrario de lo que esta teoría pretende fomentar y difundir, no ha habido dos bandos enfrentados que provocaran cada uno de ellos víctimas en el bando contrario: aquí lo que ha habido, y éste es el hecho diferencial, ha sido una banda terrorista que ha tratado de imponer su proyecto político totalitario a la sociedad… y representantes políticos y parte de la sociedad civil que la han acompañado y apoyado y que hoy siguen negándose a condenarla y a exigir su disolución definitiva e incondicional. Y que incluso a día de hoy, como consecuencia de la no aplicación en la práctica de la Ley de Partidos Políticos, ostentan representación parlamentaria.
Debemos atender especialmente a las víctimas del terrorismo, la dignidad de la sociedad vasca y española y la defensa de los principios y valores democráticos. A los presos etarras se les debe aplicar el Código Penal y la legislación penitenciaria, de manera estricta y no laxa, sin medidas de gracia ni cambalaches antidemocráticos y, obviamente, evitando cualquier tipo de impunidad. Los presos etarras deben cumplir sus penas por los delitos que cometieron. Y, en todo caso, debe condicionarse su acceso a beneficios penitenciaros o a cualquier plan de reinserción a su colaboración con la Justicia para esclarecer los 326 crímenes cometidos por ETA pendientes de resolución.
Debemos defender el Estado de Derecho, la memoria de las víctimas del terrorismo, la verdad de los hechos ocurridos sin manipulaciones ni tergiversaciones de ningún tipo y la aplicación de la Justicia.
- 1. El Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco: manipulación de la realidad y distorsión de la historia.
El Plan de Paz y Convivencia elaborado por el Gobierno Vasco yerra incluso en el nombre: es absurdo hablar de paz porque no estamos en guerra. Por otro lado, la convivencia no es otra cosa que el Estado de Derecho y el respeto a la legalidad vigente: lo que debe hacerse es defender el Estado de Derecho y cumplir y hacer cumplir la legalidad vigente, impulsando los cambios que sean necesarios en esta para lograr la derrota definitiva e incondicional de la banda terrorista.
El Plan de Paz y Convivencia denigra a la Ertzaintza sólo para contentar a Batasuna, al poner en duda su compromiso con los derechos humanos. El Plan de Paz y Convivencia equipara a víctimas con verdugos. El Plan de Paz y Convivencia obvia que ETA no se ha disuelto y, por tanto, que sigue viva y amenazante y que hay formaciones políticas legalizadas que siguen sin exigir a la banda que se disuelva y desaparezca incondicionalmente.
El Plan de Paz y Convivencia obvia que una parte de la sociedad vasca acompañó los crímenes etarras y que otra parte miró para otro lado (siendo minoritaria quienes se enfrentaron a la banda), y que a día de hoy sigue habiendo una parte de ella que abraza sus ideas totalitarias y defiende su pasado criminal, por lo que urge corregir esta insólita realidad, haciendo pedagogía democrática y legitimando los procedimientos e instituciones democráticos.
El Plan de Paz y Convivencia traslada la idea de que en España se vulneran o se han vulnerado habitualmente los derechos humanos de los presos de ETA.
El Plan de Paz y Convivencia utiliza una lenguaje creado al efecto para confundir y engañar cuando lo que necesitamos es aportar certeza y claridad: obviamente, no es lo mismo hablar de “muerte” que de “asesinato”, de “violencia” que de “terrorismo” o de “culminar el fin de la violencia” o “vehicular el desarme de ETA” que de “lograr la derrota incondicional y definitiva de ETA sin contrapartidas de ningún tipo”. Obviamente, tampoco es lo mismo proponer modificar la política penitenciaria para dulcificar y reducir las penas de los presos de ETA que proponer que las cumplan íntegras, y no es lo mismo proponer “normalizar el acceso a beneficios penitenciarios” que condicionarlos a que los presos pidan perdón a las víctimas y a la sociedad, reconozcan el daño causado, condenen a ETA y colaboren con la Justicia. No es lo mismo ocultar que decir que ETA y sus servicios auxiliares han desarrollado una estrategia para atacar con saña y extrema crueldad a los ciudadanos no nacionalistas, con el objetivo de expulsar sus ideas políticas y minimizar su representación social y parlamentaria.
- Principios y compromisos para lograr la derrota justa, incondicional y definitiva de ETA y hacer respetar y cumplir los derechos de ciudadanía.
La “normalización democrática” que tantos invocan pasa, en nuestra opinión, por la ineludible desaparición de la banda terrorista ETA, por resarcir a las víctimas del terrorismo y por esclarecer y juzgar todos aquellos crímenes y actuaciones que hasta la fecha están impunes, además de por deslegitimar el itinerario ideológico que ha sustentado el terrorismo. Entendemos que no existe un problema de reconciliación, han sido y son ETA y la “izquierda abertzale” quienes no se han conciliado con el Estado de Derecho y quienes lo han venido golpeando.
- 1. Cumplir y hacer cumplir de manera estricta la legalidad vigente emanada de la Constitución Española, incluidos el Código Penal y la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.
- 2. Defender el Estado de Derecho, legitimar las instituciones democráticas, deslegitimar ética, política y socialmente el terrorismo y garantizar que no pueda haber ni un gramo de impunidad para los terroristas.
- 3. Realizar un estudio riguroso de los crímenes cometidos por ETA que siguen sin estar resueltos e impulsar todas las medidas necesarias para su resolución y clarificación.
- 4. Exigir y obligar a la banda terrorista ETA a entregar las armas y a disolverse incondicionalmente. Rechazar cualquier tipo de diálogo o negociación con la banda y lograr su definitiva derrota, que deberá ser incondicional y producirse sin ningún tipo de impunidad ni medidas de gracia ni cambalaches antidemocráticos.
- 5. Hacer posible el Centro de la Memoria de las víctimas del terrorismo que sirva para recordar y homenajear a todas ellas y para deslegitimar ética y socialmente el terrorismo. Proponemos su ubicación física en un lugar emblemático para la sociedad democrática: Ermua.
- 6. Impulsar medidas de apoyo, reconocimiento, reparación y homenaje a las víctimas del terrorismo e impulsar por parte del Gobierno Vasco el Mapa de la Memoria.
- 7. Impulsar medidas de apoyo, reconocimiento y homenaje a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, incluida la Ertzaintza, que tanto han luchado durante tantos años para derrotar a ETA.
- 8. Impulsar medidas de apoyo y reconocimiento a los cargos públicos amenazados y perseguidos durante tantos años por la banda terrorista ETA, y a los ciudadanos destacados por esa dedicación y ese empeño.
- 9. Impulsar el reconocimiento público y homenaje de todas las organizaciones sociales que han hecho frente durante tantos años al terrorismo de ETA.
- 10. Exigir a los presos de ETA la condena del terrorismo, la petición de perdón público a las víctimas del terrorismo y a la sociedad, el reconocimiento del daño causado y la colaboración con la Justicia como condiciones indispensables para poder obtener cualquier tipo de beneficio penitenciario así como para acceder a cualquier plan de reinserción (cumplidas las penas).
- 11. Colaborar y trabajar conjuntamente con las diferentes Asociaciones de Víctimas del Terrorismo, al objeto de darles voz, escuchar y atender sus preocupaciones y sus reivindicaciones.
- 12. Exigir a los miembros de Amaiur, Bildu, EH Bildu, Sortu y restantes miembros de la llamada “izquierda abertzale” un compromiso público y diáfano por la convivencia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, sin el cual no podrán ser considerados demócratas ni, tratados, por tanto, como si lo fueran.
- 13. Investigar la financiación, la corrupción y la extorsión desarrollada por la banda terrorista ETA y sus servicios auxiliares a lo largo de toda su historia.
- 14. Investigar la violencia de persecución impulsada y desarrollada por la banda terrorista ETA y sus servicios auxiliares a lo largo de toda su historia.
- 15. Trasladar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la necesidad de mantener la Doctrina Parot.
- 16. Atender y facilitar la vuelta de todos aquellos ciudadanos que tuvieron que abandonar Euskadi como consecuencia directa del clima de presión, persecución y amenaza instaurado por ETA y sus organizaciones colaboradoras y amigas.
- 17. Impulsar líneas de actuación en el ámbito educativo para conseguir la plena deslegitimación del terrorismo etarra y toda su historia criminal y la legitimación de los principios y valores democráticos, incluyendo la presencia física en las aulas de víctimas del terrorismo.
- 18. Impulsar la sensibilización social y el compromiso de los medios de comunicación, especialmente los de titularidad pública, en la deslegitimación total del terrorismo y en la defensa de los principios y valores democráticos.
- 19. Denunciar la utilización del término “presos políticos” para denominar a los presos de ETA, puesto que hacerlo es legitimarlos y puesto que no están en las cárceles por defender unas determinadas ideas políticas sino por delitos perfectamente tipificados en el Código Penal y, en concreto, por amenazar, extorsionar, secuestrar, asesinar o por colaborar o pertenecer a banda terrorista.
- 20. Defender que el Congreso de los Diputados incorpore el delito de Negacionismo en el Código Penal.
Obviamente, estos principios deberán traer consigo actuaciones concretas por parte de los poderes públicos.
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