Función Pública solo controla con un muestreo los contratos 'a dedo' de los Departamentos
El mismo día que el Gobierno vasco se comprometía a responder a las solicitudes de información de la ciudadanía en un máximo de 20 días hábiles dentro de su decidido impulso de la política de transparencia, los socialistas vascos revelaban que desde abril del año pasado el Ejecutivo no elabora los informes trimestrales que desde 2010 daban cuenta de los contratos menores (de un máximo de 18.000 euros más IVA) de todos los Departamentos del Ejecutivo. Estos contratos 'a dedo' esconden en ocasiones, según la denuncia del PSE-EE, adjudicaciones de “carácter clientelar”, por eso la oposición considera que ese cambio “obstaculiza” la labor de control de la política de contratos de los servicios que el Ejecutivo externaliza.
Además, con el nuevo sistema aprobado en abril del pasado año, el control de Función Pública sobre los contratos 'a dedo' se limita a un muestreo, según ha admitido el propio Erkoreka, algo que el consejero y portavoz gubernamental ve positivo porque acaba con la falta de responsabilidad de los diferentes Departamentos. En concreto, se ha referido a “técnicas muestrales” que no ha detallado. “Hemos podido conciliar eficacia y trasnparencia”, ha asegurado Erkoreka.
¿No pueden preguntar los parlamentarios sobre este tipo de contratos menores? Claro que pueden. Y, de hecho, lo siguen haciendo pese a la modificación adoptada por el Gobierno en su Consejo de Gobierno del 29 de abril de 2014. La norma aprobada ese día -referida a las “instrucciones sobre buenas prácticas en la celebración de contratos de servicios”-deja claro que la Viceconsejería de Función Pública ya no tiene la obligación de emitir esos informes trimestrales y se indica en el artículo 13.3 que “con carácter anual, la Viceconsejería compente en materia de función pública emitirá un informe sobre los contratos celebrados”.
En un tono casi retador, ante las insistentes preguntas de los periodistas, el portavoz del Gobierno lanzó una cuestión en la de prensa: “¿Hay alguna petición de información por parte de los grupos parlamentarios que no se haya respondido por el Gobierno?”. Y, de hecho, no existe. El Departamento de Erkoreka tiene en cartera respuestas sobre este asunto que irán llegando a los grupos parlamentarios que han registrado preguntas.
Pero el nuevo sistema de control, en el que es cada Departamento el que se responsabiliza del control de sus contratos menores, tiene un doble efecto. Por un lado de “eficacia”, según destaca Erkoreka, porque contribuye a acelerar la tramitación de cada contrato, pero también limita el control que sobre ese tipo de contratacion ejercía antes la Viceconsejería de Función Pública con los informes trimestrales. Y limita también el control parlamentario, porque cada tres meses la oposición podía solicitar un documento con información remitida por todos los Departamentos que ahora será anual.
Escándalos
La información recogía el montante de dinero, el objeto del contrato y la empresa o particular adjudicatario del mismo. Los grupos parlamentarios de oposición lo solicitaban al Ejecutivo -al Departamento de Justicia y Administración Pública, que lidera el propio Erkoreka- y a partir de ahí empezaban su trabajo de control al Ejecutivo en función de los contratos que aparecían. Daban muchas pistas a los parlamentarios y periodistas sobre quiénes se beneficiaban de los contratos menores, qué tipo de servicios se externalizaban, etc.
Los datos incluidos en esos informes -documentación que ha permitido destapar escándalos como el de las “informaciones pagadas” al Grupo Noticias- trimestrales son “orientativos”, segun se apuntaba en los informes profusamente publicados por eldiarionorte.es, porque en “muchos de los contratos se aporta el presupuesto de licitación y no el de adjudicación”. Además, hay “muchos contratos que se informan un año pero no se adjudican hasta el siguiente” y, finalmente, en los contratos plurianuales el gasto total se contabiliza solamente en el año que se notificó“ por el correspondiente Departamento gubernamental a Función Pública, que es la dirección que recibe la información, según los criterios para la externalización fijados en octubre de 2010 por el anterior gobierno.
Pero esto es algo muy diferente a lo que este martes ha defendido Erkoreka a la hora de explicar la decisión del Gobierno de prescindir de ellos por ser una herramienta “obsoleta” y que no tenía “información real”, ha llegado a decir. El portavoz del Gobierno ha asegurado que parte de esos contratos finalmente no se realizaban y que no era una información real sobre los contratos que finalmente se adjudicaban. Lo que no ha contado es que cada informe, normalmente, suele tener un anexo en el que los Departamentos actualizaban la información inicial, explicando si finalmente algunos contratos no se formalizaban o si cambiaba el montante de dinero u otras modificaciones. Así, los informes recogían una serie de servicios que eran notificados a Función Pública, pero que finalmente no se realizaban o se tramitaban en otro expediente. Toda esa información constaba en los anexos.
Con todo, la nueva regulación de abril pasado establece que todos los contratos, “independientemente de su cuantía”, se deberán inscribir en el Registro Público de Contratos de la dirección competente en materia de contratación, para su publicidad y general conocimiento. El objetivo último es que puedan ser consultados por la ciudadanía. El Gobierno anterior, que en octubre de 2010 fijó los criterios para la externalización de servicios, puso en marcha también el perfil del contratante y el registro público de contrataciones del Ejecutivo autonómico, un sistema de transparencia en la contratación pública dentro de las política de Open Government desarrollada por los socialistas.
