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Gobierno vasco cree que las denuncias por falsificación de documentación para ayudas sociales pueden llegar al centenar

El portavoz del Gobierno vasco ha avanzado que, hasta este momento, se han registrado un total de 25 denuncias relacionadas con el grupo organizado que falsificaba documentos para obtener ayudas sociales, cuya desarticulación se conoció el pasado viernes, si bien esta cifra podría incrementarse "incluso hasta el centenar" ya que la investigación policial sigue abierta.

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En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Erkoreka ha insistido en que el servicio vasco de empleo Lanbide, que gestiona también la Renta de Garantía de Ingreso (RGI), "mejora sus procedimientos día a día" y está inmerso en "un proceso de revisión sistemática".

A su entender, "la polémica que se suscitó hace una semana tampoco plantea nada especial", según ha indicado tras ser preguntado sobre la petición del PP de que se pidiera perdón al exalcalde de Vitoria, Javier Maroto, tras esta última operación.

En cualquier caso, ha recordado, en relación a la posibilidad de que se reabra el debate sobre el fraude en la RGI, que hay "un debate integral abierto en el Parlamento vasco" y que el Gobierno vasco "se comprometió a remitir y lo hará en los próximos meses un proyecto de ley que plantee una reforma integral", de manera que en 2018 habrá "un debate completo" sobre la RGI.

El portavoz del Gobierno vasco ha reiterado que "Lanbide tiene técnicos de empleo en su plantilla, no policías especializados en identificar la falsedad" o la validez de los documentos de identidad que presenten los solicitantes.

"Cuando algún técnico de empleo descubre que, en algún documento de esa naturaleza, puede haber alguna manipulación, algún elemento que delata su falsedad, lo pone inmediatamente en manos de la policía, que abre la investigación pertinente, y es lo único que puede hacer. Y es la policía la que tiene una infraestructura de peritaje adecuada para evaluar la validez de los documentos y, en su caso, poner en marcha los procedimientos judiciales", ha añadido.

El portavoz del Gobierno ha avanzado que, en este momento, "hay 25 denuncias sobre el incidente de los paquistaníes ante el juzgado correspondiente y es posible que se incrementen, porque la investigación policial sigue abierta, e incluso puede ser que lleguen hasta un centenar porque se han empezado a cuestionar ya todos los documentos de esa naturaleza que se han acreditado ya o que están en vías de acreditación como falsos".

De este modo, ha subrayado que "los mecanismos de detección funcionan a través de los procedimientos por los que tienen que funcionar" porque Lanbide "no tiene recursos propios para eso", sino que lo tiene que "contrastar" con la policía y "es la policía la que activa los mecanismos de persecución, de control y de depuración de responsabilidades".

"Y eso está funcionando razonablemente en los últimos años y estamos intentado mejorar los procedimientos, las conexiones, la interoperabilidad entre las diferentes administraciones para que cada vez sea más eficaz y se haga con más rapidez esta detección", ha insistido.

UNA PARTIDA SIMILAR

Por otro lado, ha recordado que, en los presupuestos de 2018, se ha previsto una dotación para esta prestación "en términos similares" a este año, pese a la "previsible" reducción en la cifra de perceptores "en la medida en que el mercado laboral los vaya absoriendo".

En este sentido, ha apuntado que, "como se trata de un derecho subjetivo, no se puede jugar con el presupuesto" y es necesario prever que se "dé cobertura suficiente para poder responder a todas las solicitudes".

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