El Gobierno, forzado a explicar su “cerrojazo” a la transparencia
El Gobierno no tiene intención de rectificar el acuerdo adoptado en abril de 2014 en relación a convertir en anuales los informes trimestrales sobre los contratos menores que la Administración estaba obligada a hacer desde 2010. Estos contratos se refieren a aquellos que no necesitan de licitación y que la Administración adjudica 'a dedo' hasta un tope de 18.000 euros más IVA. Pero el PNV tendrá que explicar su decisión en el Parlamento vasco y retratarse en la Cámara, después de que el PSE-EE haya registrado una proposición no de ley en la que denuncian la “traba inaceptable al derecho a la información y al control político de la actividad gubernamental en un aspecto muy sensible de la misma”.
La modificación fue adoptada por el Ejecutivo que lidera Urkullu en su Consejo de Gobierno del 29 de abril de 2014. La norma aprobada ese día -referida a las “instrucciones sobre buenas prácticas en la celebración de contratos de servicios”-deja claro que la Viceconsejería de Función Pública ya no tiene la obligación de emitir esos informes trimestrales y se indica en el artículo 13.3 que “con carácter anual, la Viceconsejería compente en materia de función pública emitirá un informe sobre los contratos celebrados”.
Toda la oposición defiende la transparencia como un valor fundamental que no puede tener retrocesos y menos en un momento en el que la ciudadanía exige mayores cotas de control sobre el dinero público para evitar los escándalos de corrupción que recorren todo el país. Pero, por el momento, únicamente UPyD, partido gracias al que se ha conocido el nuevo sistema, ha rechazado abiertamente el cambio, aunque no ha tomado ninguna decisión sobre la proposición no de ley, cuya literalidad aun no conoce.
“Rendición de cuentas”
La iniciativa parlamentaria del PSE-EE, a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es, denuncia que esos contratos “permiten una mayor discrecionalidad a la Administración y pueden encubrir ilegalidades, como el fraccionamiento de los mismos para evitar los controles administrativos”. “Es evidente”, intepretan los socialistas, “que la sustitución de informes trimestrales por uno único anual, a año vencido, no obedece a razones materiales, sino a la voluntad de restringir el acceso a dicha información”.
Los socialistas creen que es un “intento de cerrojazo que se produce precisamente cuando más intensa es la demanda de la ciudadanía en cuanto a transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas”.
UPyD rechaza esta modificación y exige la mayor transparencia por parte de las Administraciones con el dinero público. EH Bildu y PP exigen también la mayor transparencia por parte del Gobierno, pero evitan en estos momentos fijar una posición concreta sobre la iniciativa parlamentaria registrada el pasado lunes por el Grupo parlamentario socialista en la Cámara.
