El Parlamento cierra la puerta a las 51.000 firmas que pedían una mejora de la renta de garantía de ingresos
El Parlamento Vasco ha celebrado este jueves su primer pleno de 2019 con una agenda de marcado carácter social y con la sombra de la minoría del Gobierno del PNV y PSE-EE en pleno debate presupuestario, una debilidad que no se ha hecho sentir en las sucesivas votaciones. En el plano legislativo, de arranque, la Cámara ha dado luz verde por unanimidad a debatir una propuesta de EH Bildu para blindar por ley que los condenados por violencia de género no puedan tener la custodia compartida de los hijos y, acto seguido, los partidos del Ejecutivo y el PP han sumado sus votos para tumbar una iniciativa legislativa popular (ILP) que venía respaldada por 51.000 firmas para ampliar la cobertura de las ayudas sociales. En ambos debates todas las intervinientes han sido mujeres.
El primer asunto tras el parón de Navidad ha suscitado unanimidad: todos los partidos comparten el objetivo de que los hombres maltratadores no se puedan acercar a sus hijos menores. El matiz, sin embargo, estriba en que PNV, PSE-EE y PP coinciden en señalar que es preciso “hilar fino” con esta materia. Según Amaia Arregi (PNV), de hecho, la actual regulación ya contempla estas situaciones y “no se pueden matar moscas a cañonazos”. El informe del Gobierno que acompaña a esta propuesta de reforma legislativa es también favorable. El Ejecutivo advierte, eso sí, de que esta medida puede “exceder” a las competencias autonómicas y de que “el riesgo de impugnabilidad es alto”. Tras el plácet del pleno, ahora se abrirá el debate y se concretará el alcance de esta iniciativa.
En el segundo caso, la ILP para ampliar la cobertura de la renta de garantía de ingresos (RGI), PNV, PSE-EE y PP no han abierto la puerta al debate. Y todo a pesar de que existe también unanimidad en el deseo de reformar el sistema de protección social. No obstante, el Parlamento todavía tiene en cola otros tres debates en torno a la RGI.
En este caso concreto, la plataforma que agrupo a sindicatos y colectivos sociales llamada Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria planteaba extender el derecho a percibir una prestación a todos los mayores de 18 años (ahora el mínimo son 23) o rebajar a un año de empadronamiento la estancia en el País Vasco, el mismo requisito que se estipuló en 2008 cuando se configuró el actual sistema pero que fue endurecido hasta los tres años en 2011 durante el mandato de la consejera socialista Gemma Zabaleta.
La ciudadana Janire Landaluze, en representación de los promotores de la ILP, ha salido a la tribuna del hemiciclo a defender su propuesta porque “lo que hoy hay es insuficiente”. La RGI básica, ha dicho, es de 644 euros y quedará en 686 si, como parece, el Parlamento convalida la semana que viene la propuesta de actualización del Gobierno. Pero, de haberse respetado el marco aprobado en 2008, estaría en “924 euros”, ha añadido en relación al recorte general del 7% (también acordado en 2011) y a la desvinculación de las cuantías de las subidas del SMI de los dos últimos ejercicios.
Landaluze, sin embargo, sabía de antemano que la suya era una empresa condenada al fracaso. “Negar el debate, vetarlo, no es lo que reclama la sociedad vasca hoy”, ha llegado a decir antes de la votación. EH Bildu y Elkarrekin Podemos también han puesto la venda antes de la herida. “Deberíamos recibirlo con los brazos abiertos, que nadie vea rechazada su propuesta antes de debatirla. Queremos más [derechos sociales] porque en Euskadi podemos más”, ha argumentado Tinixara Guanche (Elkarrekin Podemos). “Difícilmente se llega a acuerdos a portazos”, ha criticado Nerea Kortajera (EH BIldu).
Las portavoces de PNV y PSE-EE han remarcado que habrá un debate general en torno a la RGI con la propuesta del Gobierno y han invitado a que las medidas de la ILP que no han prosperado sean reconvertidas en enmiendas de esta ley. “Que no se haya tomado en consideración no quiere decir que las pretensiones queden en el limbo”, ha tendido la mano la 'jeltzale' Arregi.
Por otro lado, la Cámara ha instado al Gobierno central a permitir que el buque vasco de ayuda humanitaria Aita Mari, asó como el Opem Arms, de Barcelona, zarpen de los puertos en los que están anclados hacia el Mediterráneo para participar en misiones de rescate de migrantes. Asimismo, el pleno también ha rechazado una iniciativa conjunta de Elkarrekin Podemos y EH Bildu que instaba al Ejecutivo a crear una oficina unificada de orientación y atención integral a las personas con problemas de vivienda vinculados con desahucios y sobreendeudamientos.
