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Vivienda descubre un millar de pisos protegidos que sus dueños no usan

La inspección detecta irregularidades en una de cada cinco casas que visitó a lo largo del año pasado.

Bloques de viviendas protegidas en el barrio de Salburua, en Vitoria.

Bloques de viviendas protegidas en el barrio de Salburua, en Vitoria.

¿Se puede cometer fraude con las viviendas de protección oficial (VPO)? ¿O especular con ellas? Pues sí que se puede y, lo que resulta más grave, es una práctica habitual. Al menos eso es lo que se desprende del último informe del servicio de inspección de VPO del Gobierno vasco, una unidad creada para controlar el fraude en este tipo de viviendas. En 2013, la actividad desplegada por la Inspección permitió descubrir 943 situaciones irregulares que derivaron en 21 sanciones. La irregularidad que más se repite es que la vivienda se encuentra vacía. La siguiente es que reside en ella una persona distinta del adjudicatario. Y ya de manera residual se encuentra casos de personas que abren la puerta y no facilitan datos.

Euskadi creo esa unidad de inspección para tratar de garantizar que ninguna de las viviendas protegidas que construyen sea ocupada por personas distintas de las adjudicatarias, que se venda o alquile de manera irregular, o que permanezca vacía. “La vulneración de una condición ineludible para el propietario de una vivienda de protección pública, como es la obligación de ocuparla en un plazo no superior a los tres meses y mantenerla como residencia habitual y permanente, ha sido tradicionalmente la principal causa de sanción”, explica el servicio de inspección en su informe sobre su actividad en 2013.

En total, a lo largo de 2013 se impusieron 21 sanciones:  12 por no ocupar la vivienda; seis por la ausencia continuada e imposibilidad de contacto y tres más por el alquiler no autorizado de la casa.

Hasta desembocar en una multa, la inspección tuvo que visitar previamente 4.670 viviendas en las que se detectaron 943 casos irregulares, la mayoría de las cuales fueron subsanados con posterioridad. El importe económico de las 21 sanciones ascendió a 49.656 euros, lo que supone una media de 2.364 euros por expediente sancionador.

Función social

Para la viceconsejera de Vivienda, Covadonga Solaguren, la inspección vela por el cumplimiento efectivo de la función social para la que fueron construidas las viviendas protegidas. “No tiene afán recaudatorio sino disuasorio. Diría incluso que didáctico porque con sus actuaciones hace que la sociedad tome conciencia de la función de las VPO y desista de potenciales actitudes fraudulentas”, ha recalcado.

Esa función inspectora consiste fundamentalmente en un trabajo de campo intensivo, de visita a las viviendas y control de sus ocupantes, utilizando para ello diferentes medios, tanto presenciales como a través del contacto telefónico, consulta a vecinos, etc. Con esta información y la derivada de las diligencias practicadas (reclamación de consumos de agua, luz, datos de empadronamiento, etc.), se formula el Acta de Inspección, donde el inspector califica el supuesto y determina si el propietario es sospechoso de infracción o por el contrario es correcto y hay que archivarlo.

Desde su puesta en marcha, el servicio de inspección ha realizado 83.418 visitas a un total de 63.015 viviendas, lo que equivale al 90% del parque de viviendas de promoción pública existente en la comunidad autónoma. Del total, 83.153 se han gestionado de oficio, y el resto a partir de denuncias de terceros.

Como consecuencia de esas visitas, se identificaron 10.257 casos irregulares. En concreto, 953 expedientes finalizaron en sanción, lo que representa el 9,3% del total de situaciones inicialmente identificadas como irregulares y el 1,51% sobre el total de viviendas visitadas. El monto de todas esas sanciones asciende a 2,21 millones de euros.


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