La consejera de Seguridad tendrá que dar explicaciones al Parlamento por el trato de favor a la directora del Servicio Vasco de Salud
La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, se verá obligada a dar explicaciones en el Parlamento Vasco por el trato de favor que un comisario de la Ertzaintza y dos agentes dispensaron a la exdirectora general del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), María Jesús Múgica, que pudo acceder al Palacio de Justicia de Vitoria esquivando a la prensa el día en que fue citada a declarar como testigo en la investigación abierta por las irregularidades en las oposiciones médicas de 2018, un privilegio que no han tenido ninguno de los otros protagonistas, ni acusados ni testigos. Los grupos parlamentarios de EH Bildu y Elkarrekin Podemos han adelantado que registrarán una batería de preguntas por escrito para conocer la versión de Beltrán de Heredia. Entretanto, fuentes oficiales indican que Seguridad da por resuelto el incidente con un “apercibimiento” a los funcionarios a su cargo, a los que se les ha recordado la necesidad de cumplir los protocolos.
Como ha adelantado este periódico, la investigación interna llevada a cabo por el juez decano de Vitoria, José Luis Núñez Corral, ha revelado que Múgica telefoneó a un comisario el día en que fue llamada a declarar, en mayo. Este trasladó a un agente de la Policía Judicial destinado en los juzgados el deseo de la exalto cargo -había dimitido por este caso seis meses atrás- y el funcionario informó a su superior, la coordinadora de seguridad. Múgica y otra persona pudieron entrar en coche por el garaje, ubicado en la trasera del edificio. La explicación ofrecida es que Múgica llegaba tarde y no iba a encontrar aparcamiento.
El portavoz de EH Bildu en la comisión de Seguridad, Julen Arzuaga, ha registrado diez preguntas para su respuesta escrita sobre el incidente de Múgica. Entre ellas, se interesa por las medidas disciplinarias adoptadas por la Ertzaintza contra las tres personas señaladas en la investigación del decanato. El asunto fue elevado al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) pero se limitó a instar al Gobierno vasco a que adoptara las medidas “oportunas” ya que no tiene capacidad disciplinaria contra funcionarios no judiciales que son. También plantea EH Bildu si se darán instrucciones para que no se repita un episodio similar.
“Lo más preocupante es que ya no cause sorpresa ver cómo altos cargos del Gobierno utilizan las instituciones como si fuesen suyas. Vamos a realizar una serie de preguntas a la consejera para que pueda dar explicaciones acerca de esta forma de proceder de alguien que ni siquiera es en ese momento alto cargo”, señala, por su parte, Cristina Macazaga, la representante de Elkarrekin Podemos que ha hecho seguimiento a este caso. Uno de los puntos que quiere aclarar Macazaga es si “tuvo algo que ver el Departamento de Salud” en lo ocurrido.
En el proceso judicial de la OPE de Osakidetza hay dos sindicatos personados. Uno es ESK, que lamenta que “el PNV sigue utilizando los servicios públicos como si fuesen de su propiedad”. El otro es LAB, y es de la misma opinión: “No nos sorprende la utilización de los recursos públicos para beneficio propio. Todas las actuaciones hechas por Osakidetza en torno a la OPE han ido dirigidas a ocultar información. En este caso, si para ocultar la foto de la exdirectora general de Osakidetza entrando a los juzgados en calidad de testigo se utilizan todos esos recursos públicos de manera irregular, es fácil imaginar los recursos que se han podido malgastar para ocultar las filtraciones de la OPE 2016-17 en especialistas médicos”, explican desde la central. Y añaden: “Por esa razón LAB es acusación popular en este proceso, porque sostenemos que las implicaciones de estas filtraciones van mas allá de las personas que las realizaron”.
Esta información también ha causado hondo malestar en algunos sectores de la Policía vasca. El sindicato Erne, en este sentido, pide a Beltrán de Heredia que “abra una investigación y depure responsabilidades en caso de que haya habido un abuso de poder” y un trato “diferenciado” respecto “al resto de personas de esa causa y al resto de los ciudadanos”. Erne, en todo caso, diferencia entre la actuación del mando y de los subordinados porque “no tienen por qué no obedecer una orden de sus superiores”.
