Las empresas sufrieron un ataque cada tres días de ETA y la ‘kale borroka’
Más de 6.000 ataques contra las empresas. Ese es el balance de atentados de la historia de ETA y de la ‘kale borroka’ (violencia callejera) dentro de diferentes campañas contra empresas de la comunidad autónoma. Los datos figuran en el Informe Foronda, elaborado por expertos del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, de la UPV. El trabajo, dirigido por el historiador Raúl López Romo, detalla el contexto histórico del terrorismo en el País Vasco y la consideración social de sus víctimas en el periodo 1968-2010. Entre otras conclusiones, constata el alto grado de abandono social que durante años sufrieron las víctimas de ETA. Pero también aporta datos de todo tipo sobre la actividad terrorista de aquella etapa que muestran la dimensión de la amenaza. Como la que sufrieron los empresarios, bien por medio de atentados directos, secuestros, extorsión o ataques a sus intereses. has Número de atentados
El trabajo documenta 19 atentados de ETA entre 1964 y 1984 debido a conflictos laborales; 218 contra las empresas que construían la autovía de Leitzaran entre 1989-1992 (18 de ETA, 200 de ‘kale borroka’); 320 contra intereses franceses (1979-1992); 225 contra intereses turísticos (1979-2009) y 5.113 ataques de la ‘kale borroka’ a empresas (1991-2013). La campaña de atentados contra intereses turísticos pretendía deteriorar un sector clave de la economía española y así presionar contra el Gobierno.
A esta relación hay que sumar otros 300 ataques contra bienes de Iberduero entre 1977-1984, la empresa promotora de la central nuclear de Lemoiz. “Las bombas de ETA”, explica López en su trabajo, “destrozaron decenas de torres de alta tensión, estaciones y subestaciones eléctricas, locales y vehículos de la compañía eléctrica. ETA se había erigido en abanderada de una causa, la antinuclear, que contaba de antemano con un gran apoyo social, lo cual le permitió mantener cierta imagen como luchadora por causas justas en un momento en el que la mística del antifranquismo iba quedando atrás y el recurso a la violencia comenzaba a perder respaldo”.
Capítulo aparte merecen los secuestros de empresarios. “Por una parte, se dan secuestros rápidos de empresarios con conflictos laborales. Al estilo de las acciones de los tupamaros uruguayos y de las Brigadas Rojas en Italia, estos rehenes solían ser puestos en libertad después de recibir un tiro intimidatorio en la rodilla. La autoría de los ataques solía corresponder a los ‘polimilis’. El objetivo era amedrentar a las víctimas para que se plegaran a las reivindicaciones que pretendían apadrinar los terroristas”. Los empresarios asesinados por motivos de conflictividad laboral en todo el periodo entre 1968 y 2010 fueron Luis Hergueta, directivo de la factoría Michelin de Vitoria, un crimen reivindicado por ETApm en 1980, y el director de la fábrica Moulinex de Usurbil, José María Latiegui, tiroteado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas en 1981.
Secuestros largos y con rescate
Secuestros largos y con rescatePor otro lado, hubo secuestros más dilatados de empresarios a los que se exigía un rescate. “El efecto atemorizador que se buscaba era el mismo que en el caso anterior. Varios raptados por este motivo fueron asesinados, al considerar los terroristas que no se estaban satisfaciendo sus demandas económicas. El primero en correr esa suerte fue el simpatizante nacionalista vasco Ángel Berazadi, cuya muerte en marzo de 1976 provocó la reacción pública más contundente del PNV contra ETA hasta ese momento”.
Junto al incremento de los secuestros, señala López, ETA potenció en la transición la extorsión a los empresarios, “eufemísticamente denominada ‘impuesto revolucionario’, así como los atracos para financiarse”.
Todo ello, secuestros, extorsión, atracos y ataques contra el turismo y otros sectores empresariales, “aparte de tener un efecto psicológico al extender el miedo, tuvo también un fuerte impacto económico”. Entre 1973 y 1997, ETA y organizaciones terroristas afines obtuvieron mediante secuestros una cantidad de dinero que oscila entre 6.500 y 7.000 millones de pesetas de la época (entre 39 y 42 millones de euros). “Mediante la extorsión, iniciada de forma sistemática en 1975 y hasta 1986, ETA había obtenido, según investigaciones del juez Carlos Bueren, 1.163 millones de pesetas [unos siete millones de euros]”.
