Un juez expedienta a los abogados de Stop Desahucios Gipuzkoa por obstaculizar el desalojo de dos ancianos
La Audiencia Provincial de Oviedo pretende expedientar a los abogados Maite Ortiz y José María Erauskin, de la plataforma Stop Desahucios Gipuzkoa, por entender que con su comportamiento están obstaculizando el desahucio de dos ancianos en Avilés. Ortiz y Erauskin son dos abogados muy activos en la lucha judicial contra el IRPH y han conseguido las primeras de sentencias de nulidad de IRPH de todo el país.
La cliente que defienden los dos letrados es una anciana, propietaria de la vivienda familiar, que avaló con dicha vivienda un préstamo concedido a la sociedad mercantil de su marido, sociedad en la que ella no tenía participación alguna ni ligazón por su matrimonio, ya que es en régimen de separación de bienes. La empresa quebró y la entidad reclama ahora la vivienda de la mujer. Los abogados entienden que esta mujer es “consumidora, pues tanto la directiva europea de cláusulas abusivas en contratos suscritos por consumidores, como la legislación española entienden que es consumidor quien actúa en un ámbito ajeno a su actividad profesional, empresarial o laboral”.
Tener la consideración de consumidor es un dato importante ya que permite invocar la existencia de cláusulas abusivas en el contrato. “Desde que nos incorporamos al procedimiento hemos defendido el carácter de consumidora de nuestra clienta”, señalan los abogados. Así, han agotado todas las posibilidades que la legislación contempla, pero su último recurso ha sido desestimado y el juez ha iniciado la apertura de un expediente por entender que se están comportando de manera temeraria y que han utilizado el derecho de forma abusiva.
Mientras tanto, el Tribunal de Justicia de la UE acaba de dictar un auto que establece que la directiva europea de cláusulas abusivas puede aplicarse a un contrato celebrado entre una persona física y una entidad de crédito. Según la plataforma Stop Desahucios Gipuzkoa, el auto trata de garantizar las obligaciones de una sociedad mercantil cuando esa persona física actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional y carezca de vínculos funcionales con la citada sociedad. Es decir, que “los abogados tenían toda la razón y que el Tribunal de Justicia Europeo lo acaba de confirmar”.
