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El juicio por la "desviación de poder" en la paralización de la incineradora en Gipuzkoa enfrenta a Bildu con PNV-PSE

Los nuevos responsables de la Diputación han declarado que "advirtieron de manera reiterada del riesgo patrimonial que comportaba para el Consorcio de Residuos" no construir la planta y que los acusados "ignoraron deliberadamente" todos los estudios que desaconsejaban esa decisión

EH Bildu critica el impulso de la demanda por parte del PNV y PSE-EE y defienden su actuación política en la paralización de la incineradora, "por cumplir con la palabra dada y poner los intereses de la ciudadanía en el centro"

En la demanda presentada por el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa contra Iñaki Errazkin, entonces diputado foral de Medio Ambiente, y Ainhoa Intxaurrandieta, expresidenta del consorcio, ambos de Bildu, la Diputación les reclama más de 40 millones de euros

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El entonces diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, junto a la diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangotia.

El entonces diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, junto a la diputada de EH Bildu Marian Beitialarrangotia. Foto de EH Bildu

El juicio contable ante el Tribunal español de Cuentas contra los entonces gestores de EH Bildu en la Diputación de Gipuzkoa y el Consorcio de Residuos GHK por la paralización de la incineradora vuelve a enfrentar a la coalición independentista con el nuevo equipo de Gobierno de la institución foral, formado por PNV y PSE-EE. Durante la vista oral, los dos acusados -Iñaki Errazkin, exdiputado foral de Medio Ambiente, y Ainhoa Intxaurrandieta, expresidenta del consorcio- han defendido que en todo momento actuaron en defensa de los intereses públicos y obedeciendo el mandato de las urnas. Por su parte, los responsables actuales de la Diputación, el diputado foral Denis Itxaso y el presidente de la Mancomunidad de Debarrena, Arcadio Benítez, han declarado que en su día advirtieron "de manera reiterada del riesgo patrimonial que comportaba para GHK la toma de decisiones que los responsables forales de Bildu" de paralizar la construcción de la incineradora, tras la victoria de la coalición en las urnas. Y que los acusados "ignoraron deliberadamente" todos los estudios que desaconsejaban paralizar la construcción de la incineradora.

En juego está la reclamación de más de 40 millones de euros a los dos acusados por la acusación de "desviación de poder", ya que la paralización de la citada infraestructura de tratamiento de basuras no contó con el necesario respaldo de las Juntas Generales de Gipuzkoa para cambiar el plan vigente de residuos. La vista, que se ha prolongado durante toda la mañana en la sede del tribunal fiscalizador del Estado, ha finalizado con la declaración de todos los testigos propuestos por las partes, pero el tribunal ha pospuesto para otra sesión -sin fecha- el trámite de las conclusiones de las partes y de la Fiscalía, que en la sesión previa se había adherido de "manera genérica" a los planteamientos recogidos en la demanda.

La  demanda fue interpuesta 'in extremis'  por el Consorcio GHK el 17 de octubre de 2017 (el plazo dado por el tribunal vencía ese mismo día) por "desvío de poder"  contra los anteriores gestores: Iñaki Errazkin y Ainhoa Intxaurrandieta (de EH Bildu) y en ella se exige la devolución de los más de 40 millones de euros de quebranto ocasionado a las arcas públicas por su decisión de paralizar el anterior proyecto de la incineradora.

La demanda ante el Tribunal español de Cuentas la impulsa el nuevo equipo que dirige el Consorcio de residuos y la Diputación de Gipuzkoa, formado por el PNV y el PSE-EE. Es precisamente esta realidad la que la coalición independentista censura con dureza. Frente a lo que considera "una venganza", la coalición defiende su actuación política en la paralización de la incineradora y recuerda que Errazkin e  Intxaurrandieta se sientan en el banquillo de los acusados  "por cumplir con la palabra dada y poner los intereses de la ciudadanía en el centro".

Ante el tribunal, los dos gestores de EH Bildu que se han sentado este jueves en el banquillo de los acusados en el juicio contable que sigue el Tribunal de Cuentas del Estado han señalado que en todas sus actuaciones relacionadas con la incineradora -incluida la paralización del proyecto sin el apoyo de las Juntas Generales del territorio- obraron atendiendo al mandato de las urnas. EH Bildu ganó las elecciones con un programa que incluía la paralización del proyecto de incineradora. 

Por contra, tanto Denis Itxaso como Arcadio Benítez han subrayado ante el tribunal que los gestores de Bildu decidieron paralizar la construcción de la planta "contra lo que aconsejaban los múltiples informes jurídicos, técnicos y financieros que elaboraron los servicios técnicos de GHK". Dichos estudios fueron "deliberadamente ignorados", han apuntado ante el tribunal. Y, según ellos, esas decisiones son las que ocasionaron el quebranto a las arcas públicas de Gipuzkoa. Todo ellos motivo que el actual presidente del Consorcio y Diputado de Medio Ambiente, el socialista José
Ignacio Asensio, decidiera exigir responsabilidades “para proteger el interés
público" de la ciudadanía guipuzcoana.

Cantidades "indebidamente desviadas"

La reclamación exige el reintegro de las cantidades "indebidamente desviadas" al pago de indemnizaciones a las constructoras adjudicatarias de la obra, apenas empezada la construcción de la incineradora, cifradas en unos 8,2 millones de euros. Además, GHK le s reclama que respondan por "los perjuicios económicos" que acarreó dicha decisión, que el consorcio cifra en 31.730.000 euros, correspondientes, según han precisado desde el propio consorcio, a los 600.000 euros mensuales que se han pagado hasta la mitad del año pasado por los denominados 'swaps' o coberturas por los préstamos suscritos con las entidades bancarias no utilizados.  El resto, hasta alcanzar los cerca de 41 millones de euros que se les reclama, lo han atribuido a la suma de "otros pequeños gastos" derivados de la pérdida de financiación.  En la sesión del juicio, el  director financiero de consorcio de residuos GHK ha ratificado ante el tribunal la valoración de las citadas pérdidas.

Los cargos de la coalición independentista se enfrentan a  una reclamació de unos 41 millones de euros por las "irregularidades detectadas en las cuentas del ejercicio de 2012"  en relación con la incineradora, según precisaban en el escrito los nuevos gestores del Consorcio de residuos del territorio guipuzcoano, ahora en manos de la nueva mayoría que gobierna la Diputación de Gipuzkoa (PNV y PSE-EE).

A las puertas de la sede del tribunal de cuentas en Madrid -en las que entre otros estaba acompañando a los acusados el entonces diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano- la congresista de EH Bildu Marian Beitialarrangoitia ha criticado a PNV y PSE por impulsar esta demanda. " No olvidemos que estamos aquí por el impulso político de las formaciones que componen hoy en día la Diputación de Gipuzkoa, en contra de lo que el Tribunal de Cuentas consideró". Y en ese "juego sucio y venganza" que ya había denunciado la propia representante de la coalición independentista, Beitialarrangoitia, les acusa de pretender "hipotecar el futuro de Iñaki Errazkin y Ainhoa Intxaurrandieta única y exclusivamente por su actuación política, por cumplir con la palabra dada y poner los intereses de la ciudadanía en el centro".

¿De dónde procede la cifra de los 8,2 millones incluida en los más de 41 millones que se reclaman a los exgestores de EH Bildu? En concreto, l investigación del Tribunal español de Cuentas  se basó en una auditoría sobre las cuentas del consorcio de residuos elaborada por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), a instancias del Parlamento vasco y de las Juntas Generales de Gipuzkoa. El informe, finalizado en 2014, cifraba en 8,2 millones de euros la indemnización acordada por GHK con las contratistas de la incineradora de Zubieta tras la rescisión del contrato sin que existiera “una liquidación o certificación final de los trabajos realizados que justifiquen los pagos realizados en función de los hitos”.

Por contra, en sus alegaciones, los responsables de GHK cuando el consorcio estaba gobernado por los gestores de la coalición independentista que ahora se sientan en el banquillo en este juicio contable, adujeron que la liquidación se realizó de manera ajustada.

Tras la sesión de este jueves, en la que han declarado todos los testigos propuestos por las partes, únicamente queda el trámite final de conclusiones, antes de que el caso quede visto para sentencia. Se da la circunstancia de que  la ponente de la sentencia es la exministra de Justicia en uno de los gobiernos presididos por José María Aznar, la popular Margarita Mariscal de Gante.

"Si ha habido dolo o negligencia por parte de aquellos responsables públicos lo dirán los tribunales, nosotros nos hemos limitado a explicar la información de la que dispusimos entonces, información que también disponían los responsables forales y miembros del consejo de administración de GHK de la época”, ha resumido el diputado foral socialista Denis Itxaso.

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