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El precedente catalán sobre la recalificación de Zambrana se saldó con absolución de los acusados

Los nuevos gestores de Riera llevaron a juicio a los socios de De Miguel y Arruti en Zambrana pero retiraron la acusación de "apropiación indebida" en un juicio celebrado en Barcelona en verano

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Francesc Fernández Joval, en el juicio

Francesc Fernández Joval, en el juicio NURIA GONZÁLEZ

El primer juicio en torno a una de las derivadas más importantes del 'caso De Miguel', la fallida recalificación de 120 hectáreas en el pequeño municipio alavés de Zambrana que estaba valorada en 65 millones en euros, se celebró el pasado verano en Barcelona, sede del grupo promotor Construcciones Riera. Y se cerró con una sentencia absolutoria para los dos acusados, los empresarios Francesc Fernández Joval y Plàcid Casas, ambos también parte del  banquillo de 26 acusados en el proceso abierto en Vitoria el pasado 8 de enero.

Este primer procedimiento se originó cuando los nuevos gestores de la filial de Riera constituida en Álava para ejecutar el proyecto de Zambrana impulsado por el que fuera 'número dos' del PNV alavés Alfredo de Miguel y por quien él situó como intermediario, Iosu Arruti, se querellaron contra sus predecesores cuando estalló este caso. La acusación era de "apropiación indebida" al entender que habían pagado hasta 1,5 millones a sus interlocutores vascos por "nada real", por trabajos de asesoramiento que aparentemente no se habían realizado. 

Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es, este procedimiento ha quedado ahora archivado definitivamente debido a que la acusación particular ejercida por la nueva gerencia de Riera desistió en el último momento, durante la propia celebración del juicio, de todas las acciones legales. La Fiscalía, que solicitaba tres años de prisión, también se retiró, por lo que Audiencia Provincial de Barcelona, sin entrar al fondo de la cuestión, dictó el 12 de junio una sentencia absolutoria que se convirtió en firme el 31 de julio al no haberse presentado recurso alguno. En diciembre, los abogados de Fernández Joval y Casas enviaron esta resolución judicial para que se tenga en cuenta durante el juicio en Vitoria ya que son "hechos relacionados con los aquí enjuiciados".

El máximo representante de los nuevos gestores de Riera, Nicolás Guerrero, ha visitado Vitoria en dos ocasiones desde que este asunto salió a la luz pública en 2010. Lo hizo primero para comparecer ante la comisión de investigación sobre Zambrana que se constituyó en las Juntas Generales de Álava en 2010 y 2011 y, más adelante, como testigo en la fase de instrucción del 'caso De Miguel'. En ambas ocasiones criticó muy duramente la gestión anterior de Riera Urbanizer -el nombre de la filial en Zambrana- e insistió en que se había pagado por servicios ficticios. "Está en el trasfondo de todo esto que aquí han esquilmado la sociedad y además los trabajos que se tenían que hacer o no los han hecho o los han hecho mal. Prácticamente se tuvo que reiniciar el proceso urbanístico desde cero [cuando Fernández fue relevado en Riera]”, manifestó Guerrero.

Este empresario está citado como testigo en el juicio abierto ahora en Vitoria. La Fiscalía solicita siete años y seis meses de prisión contra Fernández Joval y Casas al entender que el dinero que abonaron a De Miguel y Arruti por supuestos asesoramientos no sólo no tuvo contraprestaciones sino que encubría el pago de comisiones ilegales por las gestiones políticas realizadas para impulsar la recalificación de Zambrana, donde se preveía instalar un polígono industrial. En una de sus comparecencias Guerrero relató una reunión con De Miguel en su despacho oficial en la Diputación en la que éste le garantizó que él proyecto seguía viento en popa.

Zambrana, un pelotazo de 65 millones

En 2005, se planteó en Zambrana, al sur de Álava, una recalificación de 120 hectáreas para instalar un polígono industrial. La entonces alcaldesa, María Justina Angulo, contactó con Alfredo de Miguel y éste situó a su amigo Iosu Arruti y a su empresa Sidepur como intermediarios. Fue Arruti quien 'fichó' como inversores a los catalanes de Construcciones Riera. Su aterrizaje en Zambrana se sustanció ya con Abecia fuera del Ayuntamiento. Los catalanes estimaban el 'pelotazo' en 65 millones y abonaron miles y miles de euros a De Miguel y Arruti por supuestos trabajos de asesoría, así como también a los propietarios de las fincas rústicas donde se iba a efectuar la operación. El proyecto quedó en nada aunque los interlocutores vascos sí cobraron ese dinero.

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