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¿Por qué los sindicatos recelan de las OPEs anunciadas por el Gobierno?

Las centrales tachan de propaganda, cálculo electoral e incluso advierten de que las ofertas de empleo previstas no crearán nuevos puestos de trabajo.

El anuncio de una oferta pública de empleo (OPE) tendría que ser, como mínimo, una buena noticia. Se supone que esa oferta va a crear nuevos puestos de trabajo y consolidar empleos interinos. Sin embargo, todos los sindicatos recelan abiertamente de las OPEs que en las últimas semanas ha anunciado el Gobierno vasco en educación, Lanbide y el Instituto Vasco de Estadística-Eustat. Las centrales tachan de propaganda, cálculo electoral las proclamas e incluso advierten de que no se van a crear puestos de trabajo.

La consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha adelantado la convocatoria de dos ofertas públicas de empleo sin concretar número de plazas ni informar previamente de sus intenciones a las centrales, con las que debe negociar las condiciones de la convocatoria. Ha sido realizar el anuncio y salir en tromba los sindicatos. Para ELA se trata de pura "propaganda electoral". La última convocatoria de empleo en la enseñanza pública vasca se remonta a 2012, cuando se ofertaron 531 plazas de docentes. Según los cálculos de ELA, teniendo en cuenta lo dicho por Uriarte de que se respetaría la tasa de reposición de las bajas, fijada por el Estado, se sacarían a OPE cerca de 350 plazas. Pero, los sindicatos cifran en bastante más las necesidades del sistema.

Según los datos del Departamento de Educación, en 2012 se jubilaron 464 docentes; en 2013, 471, en 2014 se prevén 478, en 2015, 589. Así, desde 2012 hasta 2015, sólo teniendo en cuanta las jubilaciones, se han jubilado más de 2.000 docentes. “La OPE supone un ejercicio propagandístico, con el que el Gobierno deja clara su apuesta por la temporalidad y la precariedad en la educación pública".

Mientras, Pablo García de Vicuña, responsable de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Euskadi, califica de “error” sacar una OPE en 2014 cuando está afectada por las limitaciones impuestas por el Gobierno central, que establece en el 10% como máximo la tasa de reposición, es decir, que de cada 100 profesores que se jubilan solo se pueden reponer 10. “En 2015 no pesará ese límite y es en ese momento cuando se pueden concentrar un OPE que realmente cree puestos de trabajo y de estabilidad al sistema”.

Con una interinidad cercana al 30%, García de Vicuña asegura que el departamento no ofrece una información “amplia y explícita” sobre un tema “tan importante para la estabilidad de los trabajadores y de los propios centros educativos”. En la misma línea, para UGT falta “transparencia” . “El número de plazas a ofertar debería rondar las 5.000”, apunta la central.

Lanbide y Eustat

Frente a la marea de críticas, la consejera Cristina Uriarte, rechaza que exista una "cálculo electoral" en la convocatoria de las dos ofertas públicas de empleo y asegura que "los tiempos han coincidido". Sobre el número de plazas, insiste en que en Educación "nunca hay límites" a la hora de establecer las necesidades de inversión o profesorado, pero recuerda que "la ley marca unos límites y nos ajustaremos a ellos".

Donde tampoco hay acuerdo es en la OPE de Osakidetza. El número de plazas que se barajan en un principio (aún siguen las negociaciones) no satisfacen las demandas de las centrales, que recuerdan que en los últimos cuatros años se han perdido más de 3.000 puestos de trabajo en el Servicio Vasco de Salud.

Con relación a las OPEs en el Eustat y en Lanbide, las críticas sindicales son aún más duras. “Resulta inaceptable”, denuncia ELA, “que el Gobierno mienta a la ciudadanía haciendo creer que las sentencias judiciales obligan a convocar esas plazas y que se crean puestos de trabajo. Esos puestos de trabajo, todos, están cubiertos desde hace años y, por tanto, no se crea ningún nuevo puesto de trabajo y no se aumenta, ni en un céntimo, el capítulo de personal”.

Según la central nacionalista, “las plazas que anuncian son las ocupadas por trabajadores y trabajadoras que han ganado sentencias porque el Gobierno ha cometido fraude en su contratación. En lugar de investigar y sancionar a los responsables de esas contrataciones fraudulentas, se sanciona a los trabajadores/as que han sufrido el fraude”.

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