Esa deuda pendiente con la República y la Memoria Histórica
El futuro está hecho tanto de la rebeldía de nuestros hijos como de la memoria del sentido de las luchas de nuestros abuelos. Algo así decía Walter Bejamin. Al hilo de este sencillo análisis, en nuestro país es conveniente rememorar la II República, de cuya proclamación estos días se cumplen 86 años. Recordarla para poner de nuevo en valor su sentido democrático y modernizador frente a los tópicos de la república en guerra y la equidistancia entre los bandos enfrentados en la Guerra Civil española.
Más necesario es aún cuando los partidarios de no abrir heridas no cesan estos días de honrar a sus mártires o se encargan de deslegitimar las elecciones del Frente Popular para así legitimar el golpe y la guerra, y con ello al propio franquismo.
Nunca está de más insistir en que aquel 18 de julio de 1936 un grupo de militares encabezados por el General Franco se sublevaron contra sus mandos y contra el Gobierno de la República. Los insurrectos sometieron los mandos fieles a la democracia a Consejo de Guerra, los fusilaron por el delito de rebelión militar. La insurrección recibió la ayuda militar de la Italia fascista y de la Alemana nazi y se convirtió en la Guerra de 1936-1939 y en una Dictadura en la cual continuaron las atrocidades. Porque no fue una guerra civil, sino un golpe de Estado contra un gobierno legalmente constituido.
La historia se sucedió y durante la II Guerra Mundial el régimen militar del General Franco se alineó con Hitler y Mussolini. En aquellos años más de medio millón de ciudadanos españoles se tuvieron que exiliar, 12.000 de los cuales cayeron en manos de los nazis y fueron desposeídos de la nacionalidad española, razón por la cual fueron a parar a campos de exterminio nazi como el de Mauthausen con la calificación de “apátridas”. Cerca de un millón de exiliados republicanos en el exterior y de ciudadanos españoles en el interior fueron internados en campos de concentración; después las prisiones sustituyeron a estos campos; cientos de miles de personas fueron depuradas y apartadas de sus cargos públicos.
Sólo la muerte del General Franco puso fin a décadas de persecución de los luchadores por la libertad; pocas horas antes, sin embargo, Franco todavía mandaba ejecutar los últimos cincos fusilamientos de la Dictadura.
Todo ello demuestra la importancia de la tan denostada memoria histórica como relato socialmente compartido de uno de los pocos precedentes de la democracia española. Sobre todo cuando hemos vivido y estamos aún sufriendo el duro ataque del capitalismo financiero contra las instituciones y los valores democráticos y a veces como desafortunada respuesta la descalificación de estas mismas instituciones por los que deberían defenderlas, incluso por aquellos para los que significan su única defensa.
El íntimo vínculo entre pasado y presente es innegable. Por eso durante la legislatura en que José María Aznar gozó de mayoría absoluta, España se americanizó, se especuló con el suelo, se privatizó el sector público y se desmantelaron derechos sociales y laborales. Fue también la legislatura del revisionismo histórico del franquismo y la República al objeto de recuperar la llamada, por él mismo, “superioridad moral de la derecha”. Fue entonces cuando una generación de los nietos de la república reverdecieron el movimiento en favor de la memoria histórica, al tiempo que se producían manifestaciones e iniciativas parlamentarias en este sentido.
De aquellos movimientos coincidentes surgió la necesidad de una ley que reconociese del derecho a la memoria, la justicia y la reparación para generaciones de republicanos demócratas y antifranquistas mediante la anulación de la apariencia de juicios, la retirada de los símbolos franquistas, el reconocimiento a los representantes de la legitimidad y la resistencia republicanas, el acceso libre, la protección y recuperación de los archivos y memoriales y la exhumación bajo supervisión pública de los restos de los más de ciento cincuenta mil desaparecidos, el mayor número después de Corea.
El grupo parlamentario de IU-ILC presentó un texto que incluía todo lo anterior, primero ante la tardanza y luego ante la devaluación de la ley presentada por el Gobierno, que no solo ponía en duda la existencia de memoria colectiva sino que buscaba de nuevo la equidistancia entre bandos enfrentados, renunciaba a la anulación de los juicios en aras de la llamada seguridad jurídica o se quedaba en una reparación individual mediante un certificado meramente administrativo.
A partir de entonces y durante dos años se dio un proceso accidentado y complejo de negociación entre las fuerzas de la izquierda y el gobierno, con la beligerancia de sectores de la derecha que argumentaban la inutilidad de la ley o enfrentaban la memoria con el consenso de la transición democrática cuando fueron los mismos actores que primero defendieron la república y luego pactaron la vuelta a la democracia.
El resultado final, como el de la propia Transición, fue una ley insuficiente pero al mismo tiempo el primer paso serio y el primer hecho nuevo que reconocía la nulidad de los juicios y abría paso a la retirada legal de los símbolos, apoyando a las organizaciones y familias en las exhumaciones o integrando los archivos en Salamanca, por ejemplo.
Desde entonces, nada. Se han sucedido la paralización sin derogarla de los efectos de la ley por parte del Gobierno de Rajoy, el caso Garzón y la resolución del Supremo que se lava las manos y consagra la impunidad, al tiempo que multitud de iniciativas locales y autonómicas en desarrollo de diversos aspectos de la ley. Sin embargo, año tras año, el grupo de desapariciones forzadas de la ONU, la instrucción de la jueza Servini, la reclamación de las organizaciones de creación de la comisión de la verdad nos recuerdan que queda mucho por hacer y que la memoria es parte de la necesaria regeneración democrática de nuestro país.
Porque la reivindicación de la III república no excluye la memoria ni se hace al margen de la respuesta a los problemas concretos de la democracia española. El republicanismo no es solo una forma de estado, es una forma de participación, responsabilidad y virtud cívica en democracia, hoy tan escasas.
