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SAD, un servicio clave para frenar el desempleo

Presidente de CLECE
Centro sociosanitario.

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España vuelve a tener más de 4 millones de parados, una cifra que no rebasábamos desde hace cinco años. Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, febrero terminó con 4.008.789 personas desempleadas, un 23,5% más que en el mismo mes del año pasado, justo antes de que el coronavirus SARS-CoV-2 nos cambiara la vida por completo. A esa cifra hay que añadir 900.000 trabajadores que se encuentran en ERTE y 500.000 autónomos que están cobrando un cese de actividad debido a las restricciones sufridas en sus negocios. 

Teniendo siempre presente la gran tragedia de las cifras de fallecidos que la pandemia está dejando, queda claro que la pandemia también ha sido un mazazo para nuestro mercado laboral. Prueba de ello es que, según Eurostat, en 2020 la tasa de paro interanual en España alcanzó el 16,2%, el doble de la media de la eurozona (8,2%), mientras que el paro juvenil en nuestro país llegó al 40,7%, más de 20 puntos por encima de la media de la UE. 

Urge encontrar fórmulas para generar nuevos puestos de trabajo y acabar con la tendencia alcista del paro. Y en esta búsqueda de soluciones destaca la demanda creciente de profesionales para continuar prestando uno de los servicios que ha ratificado su condición de esencial durante la pandemia: la atención a domicilio de personas dependientes, también conocido por las siglas SAD (Servicio de Ayuda a Domicilio). Hay varios indicios que constatan la necesidad de contratar a más profesionales para aportar un servicio de calidad a los mayores y otras personas que necesitan ayuda en su propio hogar. Uno de los más relevantes es el Plan de Choque en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, presentado el pasado enero y fruto de la Mesa de Diálogo Social entre Gobierno, patronal y sindicatos. No cabe duda de que se precisan más trabajadores para lograr con todas las garantías los objetivos fundamentales de este plan: reducir la lista de espera de las 260.000 personas que tienen reconocida su dependencia pero no reciben atención ni prestación; acelerar el proceso de valoración de las dependencias (actualmente unas 160.000 personas están pendientes de dicha valoración); asegurar que las condiciones laborales y profesionales de las personas que trabajan en el sistema de la dependencia son las adecuadas para prestar servicios de calidad; e introducir mejoras en los servicios y prestaciones.

¿Estamos en el buen camino? De entrada, el acuerdo de la Mesa de Diálogo Social contempla por parte del Estado un incremento presupuestario en la financiación del SAD de 600 millones de euros en 2021, así como otros 600 millones de euros adicionales para 2022 y 600 más en 2023. Un aumento que hace que el Estado pase de aportar el 15 al 17% cuando, según la Ley de Dependencia debería aportar el 50%. En cualquier caso, esa inyección de euros puede traducirse en nuevas contrataciones para aumentar la ratio de profesionales que trabajan en SAD, lo que redundará en una mejora de los servicios y prestaciones para garantizar la atención adecuada de las personas dependientes. Y no solo eso, sino que una mayor financiación también contribuirá a invertir en medios para resolver posibles barreras para llegar a personas que residen en zonas rurales o de difícil acceso, lo que ayudará a vertebrar la España despoblada y a dinamizar la economía en aquellas áreas más empobrecidas.

En definitiva, se trata de abordar una revisión global del actual modelo de SAD, un modelo de prestación de un servicio que es público y que, de potenciarse, solucionaría varios problemas a la vez: por un lado, reduciría el desempleo con la incorporación de nuevos profesionales al mercado de trabajo, que a su vez generaría motivación personal para todas aquellas personas que puedan salir de ese desempleo. Por otro lado, se conseguiría reducir la lista de espera de la dependencia puesto que más personas podrían beneficiarse de este Servicio de Ayuda a Domicilio. Y como factor económico añadido, cerca del 50% del coste que para las diferentes administraciones tiene este servicio público son impuestos que se revierten al sistema público. 

Sin duda estos datos al menos merecen una reflexión por parte de todos, especialmente de las autoridades pertinentes que tienen en su mano la posibilidad impulsar esta generación de  empleo en un momento tan delicado como el que atravesamos y ayudar a muchas personas dependientes que están a la espera de recibir su ayuda. 

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